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¿Construyendo puentes en la negociación de Transbank?

"... Más allá de la votación a la huelga y las motivaciones ideológicas de la DT para autorizar la huelga y no conducir el proceso a un arbitraje laboral, como lo disponen las reformas laborales realizadas en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, creo que el interés común debe primar, más aún cuando los argumentos jurídicos para lo contrario son totalmente discutibles..."

Miércoles, 15 de septiembre de 2021 a las 10:15
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Sebastián Parga
Desde hace algunos días, la posibilidad de huelga de Transbank ya era noticia en el mundo laboral. La preocupación de una huelga —más allá de las certezas que da la empresa de que eso no sucederá—, en que existan fallas en la cadena de pagos, es una situación que afecta a miles de pequeñas y grandes empresas. Creo que para entender este proceso hay que poner el foco en dos puntos realmente sorprendentes.

Por una parte, y sin entrar en tecnicismos, el 31 de julio Transbank entró al listado de empresas estratégicas. ¿Qué significa eso? Que la autoridad ha declarado que la paralización de esa empresa causa grave daño a la economía del país o al abastecimiento de la población. ¿Después de un año y medio de pandemia a alguien le cabe alguna duda la importancia de Transbank en la compra de suministros básicos cuando tiene un 85% de participación de mercado?

Mi sorpresa radica en que la Dirección del Trabajo (DT) sostuviera que —como la huelga se votó un día antes de la declaración de empresa estratégica— no le era aplicable la declaración a este proceso. Más allá de los conceptos jurídicos que podemos argumentar, no debemos perder el sentido común: la paralización de una empresa estratégica causa grave daño a la economía del país o al abastecimiento de la población. Más allá de la votación a la huelga y las motivaciones ideológicas de la DT para autorizar la huelga y no conducir el proceso a un arbitraje laboral, como lo disponen las reformas laborales realizadas en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, creo que el interés común debe primar, más aún cuando los argumentos jurídicos para lo contrario son totalmente discutibles.

La empresa lógicamente quiere dar tranquilidad, pero es probable que un error (de los que pasan pocas veces) sea muy difícil de solucionar en las actuales circunstancias y dejar al 85% de los servicios sin medio electrónico de pago me parecería una locura, más allá de las multas y responsabilidades de la empresa. Pienso que esta medida de la DT no solo es jurídicamente errónea y atenta contra el sentido común, sino que separa a las partes a un acuerdo, ya que la empresa debe poner su foco en las acciones legales y las partes pierden su energía en atrincherarse en una posición jurídica más que en la solución del conflicto. En definitiva, la posición de la DT genera más problemas que soluciones y acercamiento entre las partes, que es una de sus misiones como mediador.

Otro punto que me sorprende es la falta de comprensión que veo en este caso —y me ha tocado ver en otras negociaciones— de la real situación financiera. No sé si el retiro de la AFP, el IFE u otros factores dan la sensación de que siempre “hay plata”. Mi experiencia es que pese a la crisis generada por el estallido social y la pandemia (que a muchos les ha pegado casi de manera irreversible), son innumerables los casos en que los trabajadores vieron con sus propios ojos las bajas de ventas o producción de sus empresas y pese a ello sigan pensando que la empresa “tiene plata” y la Dirección del Trabajo, en las mediaciones obligatorias en los procesos de negociación colectiva, piense lo mismo y los apoye en dicha posición. Las empresas manufactureras, constructoras, por dar ejemplos, no se han visto beneficiadas como el retail con la liquidez del IFE y los retiros de AFP, y han bajado su productividad y sus ventas. Creo que aquí la Dirección del Trabajo tiene una misión que no esta haciendo, por temor o por conceptos ideológicos, pero es ayudar a las partes en los procesos de negociación colectiva a lograr puntos de encuentros para que ambas partes acerquen posiciones de acuerdo a la realidad.

Lamento profundamente que el sindicato de una empresa con pérdidas tan claras como las que declara Transbank no logre dimensionar la realidad económica de la empresa (a lo que la DT debería ayudar). Eso ya es difícil, pero la posición de la Dirección del Trabajo de no reconocer la calidad de estratégica de la empresa, además de faltar al derecho y sentido común de la declaración, lo único que hace es distanciar posiciones y atrincherar a las partes en discusiones legales que en nada contribuyen a un buen clima de trabajo. Ojalá esto se hubiera resuelto por un arbitraje laboral, así la población no podría verse afectada en la cadena de pagos y las relaciones laborales no estarían tan severamente destruidas como ahora.

* Sebastián Parga Moraga es socio de Canales Parga Abogados Laborales y juez árbitro laboral.

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