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Comentario al libro “Curso de Derecho Civil. El Derecho Civil y teoría de la ley”, de José Joaquín Ugarte

"...Está destinado a los estudiantes, pero será sin duda de utilidad para jueces y abogados, por la claridad de su exposición, los planteamientos críticos del autor y el recurso a fuentes doctrinarias y antecedentes históricos poco difundidos. Es una contribución novedosa y didáctica a la doctrina nacional (...), escrita por un experto civilista, de distinguida y dilatada trayectoria académica y de nutrida producción jurídica..."

Viernes, 10 de septiembre de 2021 a las 20:20
Ficha técnica
Título: Curso de Derecho Civil. El Derecho Civil y teoría de la ley
Autor: José Joaquín Ugarte Godoy
Editorial: Thomson Reuters
Edición: 2021
Precio: $43.300
362 páginas
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Por Daniel Peñailillo
Se trata de una obra de factura y estilo clásicos, que actualiza y renueva algunos temas que constituyen tradiciones en el Derecho Civil chileno.

El desarrollo de las instituciones que aborda, conforme al Programa habitual en las facultades de Derecho del país, aquí está enriquecido con referencias filosóficas y datos que aumentan el interés por el examen de los conceptos pertinentes.

Versa sobre la llamada Parte General del Derecho Civil, en la que son tratadas las fuentes del Derecho en el ámbito del Derecho Privado y en las que destacan los caracteres generales de la ley, su entrada en vigencia y su derogación y, nada menos, la interpretación y la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio.

La misteriosa, y en cierto sentido sorprendente, regla del art. 23, con frecuencia poco examinada, sobre lo favorable u odioso de un contenido normativo y el impacto en su interpretación, recibe aquí unas substanciosas expresiones de atención. Hay instructivas referencias al Derecho canónico y a antecedentes históricos, entre los cuales debe ser destacada la regla del código de la Luisiana, de donde fue directamente tomada (y que califica de abusiva la solución de tomar en cuenta lo benigno u odioso), dejándose constancia de la solución alternativa a la dispuesta en el citado precepto, que implica considerar aquellos caracteres del contenido, en lugar de la prescindencia.

Al proponer un concepto del “espíritu general de legislación”, siguiendo algunos precedentes, el autor acude a la fórmula “principios estructurales del ordenamiento jurídico”, que luego descompone en los que emanan del Derecho natural y los que lo hacen del Derecho positivo. Con beneficio didáctico, añade algunos ejemplos de este espíritu general entre nosotros y termina consignando destacadas sentencias que ilustran el contenido y direcciones de su aplicación en el proceso interpretativo.

En la interpretación llamada auténtica formula unas observaciones en las que, ante la experiencia legislativa nacional, resulta conveniente detenerse. Es sabido que, destacadamente, la irretroactividad está dispuesta en el Código Civil (art.9), también que una ley puede ser dejada sin efecto por otra ley y que la Constitución de 1980 (art. 19 Nº 24) ha dispuesto que queda protegida por ella la propiedad sobre toda clase de bienes, incluso los incorporales (sin declarar qué son esas cosas incorporales), teniendo en cuenta que, conforme al Código Civil, las cosas incorporales son los derechos (arts. 565 y 576). Pues bien, con esos elementos, la irretroactividad, que está dispuesta solo en una ley, ahora queda elevada a rango constitucional, y no solo para el derechos de propiedad (y el Derecho Penal por otros textos de ella), sino también para todo derecho que ya esté incorporado al patrimonio de un sujeto.

Si es añadida otra norma, de ese conjunto de preceptos relacionados emerge un nuevo producto. Conforme al art. 9, la ley interpretativa pasa a quedar incorporada en la ley interpretada, aunque no dispone desde cuándo queda producida esa incorporación, por el agregado que deja a salvo (las sentencias firmes), generalizadamente es entendido que la incorporación tiene lugar desde que entró en vigencia la ley interpretada.

Ante este esquema conceptual y normativo, ha habido épocas en las que el legislador, para obtener la vigencia de una ley hacia el pretérito (sin declararla retroactiva, en lo que podría tropezar con la protección constitucional a los derechos), ha acudido al expediente de dictar un texto con expresiones de estar “interpretando” a otro anterior, logrando así la aplicación hacia el pretérito por la vía de la “incorporación” consignada para las leyes interpretativas, pero con un contenido que, al menos en su sentido natural, era ostensible que no había una aclaración del contenido de la supuestamente interpretada.

Ante reclamos interpuestos por afectados, acudiendo al postulado de que la calificación emerge del contenido objetivamente observado y no de la denominación atribuída, la Corte Suprema ha resuelto que si en el precepto anterior visiblemente no hay un contenido razonablemente dudoso que sea aclarado por la nueva ley, esta no puede ser calificada de interpretativa y, por tanto, no queda producida la “incorporación” prevista en el art. 9 del Código Civil; la nueva ley será entonces simplemente modificatoria y, por tanto, con vigencia solo hacia el futuro.

Así, el tropiezo siempre se produjo.

El autor refiere el hito y precisa varias sentencias al efecto.

En el párrafo de la aplicación de las leyes a casos es atractivo el acápite dedicado a la influencia de la intuición. Con cita de autores, aquí es planteado el componente intuitivo que con frecuencia está inserto en las decisiones de los jueces y en las proposiciones de la abogacía. El resultado jurídico puede llegar a emanar de la convicción, que deriva de la ciencia, y también por la “creencia”, en que la razón es ayudada por el sentimiento. Y puede surgir de la pura intuición, que ha llegado a ser llamada “corazonada” (en el lenguaje popular, “tincada”), que influye silenciosamente (y que, por su naturaleza, origen y su existencia frecuentemente oculta, por cierto debe ser al menos moderada pues no está exenta de peligros). Es oportuna la evocación al célebre artículo publicado en la Cornell Law Review, donde el juez Hutcheson relata sus experiencias en el tribunal y en la barra y su propia evolución acerca de los elementos que en su percepción inciden en las decisiones de la judicatura (norteamericana, pero que pueden en alguna medida ser útiles para contrastarlas con las de nuestro sistema).

Examina también la aplicación de las leyes en el tiempo.

El capítulo de la retroactividad de las leyes continúa desafiando al raciocinio e incitando a nuevas propuestas sobre soluciones a viejas discordias. El texto discute extendidamente el espinoso tema del significado de la retroactividad; describe los orígenes de la llamada teoría clásica o de los derechos adquiridos y las meras expectativas (o facultades legales no ejercitadas) (una exposición completa de la propuesta de Savigny con antecedentes franceses y que para el estatuto chileno fue intervenida por don José Vergara). Y en ella es destacada una triple distinción: entre derecho adquirido y mera expectativa; entre un derecho y su modo de ejercicio (y extinción), y entre leyes sobre la existencia de una institución y leyes relativas solo a la adquisición de los derechos propios de esa institución.

Considerando la casuística nacional conviene reparar en la segunda de las anotadas distinciones, porque ante conflictos derivados de cambios legislativos la jurisprudencia chilena ha tenido a bien distinguir (a nuestro parecer apropiadamente) precisamente entre la privación de un derecho adquirido (que debe ser respetado por una nueva ley) y un cambio en las modalidades o caracteres de su ejercicio (que sí pueden ser alterados), porque en esa intervención no queda configurada una privación del derecho (advirtiendo que en ciertas situaciones pueden surgir dudas de calificación: si la nueva ley ha llegado a privar de un derecho total o parcialmente o solo modifica su ejercicio, y que el juez habrá de decidir).

Precisamente, en dos casos que pueden ser considerados los que iniciaron la profusa aplicación de las reglas sobre propiedad de derechos en sede de cambio legislativo, los precedentes decidieron que la extensión de un plazo de arrendamiento por una ley posterior al contrato constituía una privación del derecho de restitución, que así vulneraba el derecho de propiedad sobre el aludido derecho, y posteriormente fueron enmendados sobre el razonamiento de que en la extensión no hay privación del derecho, sino tan solo una modificación a su ejercicio, lo que no constituía una actitud legislativa jurídicamente reprochable.

Por cierto, avanza a las proposiciones del profesor Paul Roubier (al que formula objeciones), despliega una confrontación crítica y termina examinando (con referencias a aquellos planteamientos doctrinarios) la ley chilena sobre los conflictos de las leyes en el tiempo.

En términos y dedicación semejante se ocupa de la aplicación de la ley en el territorio, cuya presencia en la formación jurídica estimamos que debe ser mantenida; las explicaciones, por evidentes, no requieren ser aquí relatadas. El autor da cuenta suficiente de útiles antecedentes doctrinarios, ordenados conforme a la evolución histórica (incluídas las circunstancias del surgimiento de la llamada teoría de los Estatutos), la sistemática que distingue normas reales, personales y mixtas y la comprensión de los textos nacionales aplicables a la materia, dispuestos fundamentalmente en el Código Civil, incluyendo algunas nuevas proposiciones de estudios recientes.

Tal como es anunciado en la edición, la obra está destinada a los estudiantes, pero será sin duda de utilidad para jueces y abogados, por la claridad de su exposición, los planteamientos críticos del autor y el recurso a fuentes doctrinarias y antecedentes históricos poco difundidos. Es una contribución novedosa y didáctica a la doctrina nacional, que incluye temas formativos, de perenne interés teórico y de frecuente aplicación práctica, escrita por un experto civilista, de distinguida y dilatada trayectoria académica y de nutrida producción jurídica.

* Daniel Peñailillo Arévalo es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción.

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