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Crítica al proyecto de ley que obliga a las instituciones financieras a informar sobre el impacto ambiental de sus inversiones

"...Cuando la finalidad de una ley de publicación de riesgos climáticos está orientada a resguardar el sistema financiero, debe contar con ciertas características que en el proyecto no se contemplan. Cabe destacar, por otro lado, que cuando esta clase de leyes es correctamente diseñada, puede, indirectamente, contribuir al cuidado del medio ambiente, al incentivar inversiones en industrias sustentables..."

Lunes, 06 de septiembre de 2021 a las 18:30
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Carlos Miranda
Las senadoras y senador De Urresti, Allende, Órdenes y Provoste presentaron al Senado el Boletín N° 14.167-12, que obliga a las instituciones financieras a informar sobre el impacto ambiental de sus inversiones. Actualmente, el proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de dicha cámara.

La intención de vincular al sector financiero con el cambio climático es positiva y Chile debe avanzar en esa dirección. Sin embargo, el proyecto adolece de errores estructurales que no permiten alcanzar la finalidad que está detrás de esta clase de leyes. En lo medular, el proyecto entiende, equivocadamente, que hay una razón ecológica para obligar a las entidades financieras a publicar información en materia ambiental. Ello no es así. De hecho, la evaluación de impactos ambientales ya lo realiza una entidad especializada en dicho asunto: el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La finalidad de las leyes de publicación de riesgos climáticos (como la que se dictó en Nueva Zelanda) es resguardar la estabilidad del sistema financiero. Esta diferencia explica el contenido que el proyecto debería tener para lograr dicho objetivo.

Los efectos del cambio climático, tales como sequías, aumento del nivel del mar, deshielos, olas de calor, inundaciones, incendios forestales, entre otros, disminuirán el valor de múltiples activos localizados en diversas industrias a lo largo de distintas jurisdicciones. Ello, a su vez, impactará negativamente en el valor de activos financieros cuyo precio está relacionado con los bienes de la economía real expuestos al riesgo climático. Dependiendo de la magnitud del problema, una reacción de la industria financiera podría ser la retirada de inversiones en aquellas economías altamente expuestas al cambio climático, como lo es la chilena. Ello traería consigo inestabilidad financiera.

Para mitigar lo anterior es que se han propuesto estas leyes de publicación de información relativa a riesgos climáticos (cuáles son estos riesgos, qué impactos tendrán en el negocio, como se están abordando, entre otros) por parte de los participantes del mercado financiero. Ello facilitaría a los inversionistas la toma de decisiones informadas, lo cual permitiría una localización más eficiente del capital, con mejor posibilidad de mitigar riesgos y, de este modo, manteniendo la estabilidad financiera al evitar la fuga de capitales en áreas donde este se necesita.

Pues bien, ¿qué es lo que el proyecto dice? Este consiste en un artículo único, que reza:

Todas las instituciones financieras, empresas bancarias, cooperativas, y cualquier otro tipo de entidades crediticias, compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio, deberán informar a la Comisión del Mercado Financiero anualmente sobre los impactos medioambientales de los proyectos de inversión que financian o donde mantengan inversión directa o indirecta.

Esta información será publicada por transparencia activa en la página web de la entidad que corresponda
”.

De su lectura, y en base a lo señalado anteriormente, se pueden efectuar los siguientes comentarios. Primero, se obliga a informar sobre “impactos” ambientales. Sin embargo, para tomar una decisión informada sobre localización de capital, un inversionista necesita conocer el “riesgo” ambiental, el cual puede materializarse en el largo plazo, a diferencia de un “impacto”, que es algo más bien contingente. Segundo, la obligación está dirigida a inversionistas únicamente. No obstante, es fundamental incluir también a los demandantes de capital pertenecientes a la economía real. De allí es, de hecho, de donde surge la información relevante que posteriormente fluye aguas arriba. Tercero, una razón que justifica regular este asunto (en vez de dejarlo al mercado) es el establecimiento de métricas armonizadas y comparables con respecto a las cuales evaluar qué es un riesgo climático. El proyecto no dice anda al respecto. Lo usual es que se otorgue un mandato al regulador, en este caso, la CMF, para que elabore dichas métricas. Cuarto, dada la asimetría de información existente (más acentuada que en otros ámbitos) y la complejidad del asunto, es necesario certificar que la información publicada es fidedigna. Algo similar a la presentación de estados financieros auditados, pero con las particularidades del caso. Quinto, hay entidades que, por diferentes motivos, no es razonable exigirles publicar información en la materia; sin embargo, dichas excepciones deben estar reguladas.

Como se puede apreciar, cuando la finalidad de una ley de publicación de riesgos climáticos está orientada a resguardar el sistema financiero, debe contar con ciertas características que en el proyecto no se contemplan. Cabe destacar, por otro lado, que cuando esta clase de leyes es correctamente diseñada, puede, indirectamente, contribuir al cuidado del medio ambiente, al incentivar inversiones en industrias sustentables. Sin embargo, ello puede no ocurrir, lo cual no afecta el sentido de estas leyes. Para dirigir el mercado de capitales hacia industrias sustentables se requiere un paquete de incentivos que excede lo que esta ley por sí sola puede hacer.

Finalmente, cabe mencionar que el año 2019 el Ministerio de Hacienda estableció la Mesa de Finanzas Verdes, una instancia público-privada mediante la cual se han generado acuerdos voluntarios para, entre otros asuntos, producir información respecto al impacto de los riesgos climáticos en los negocios de diversas entidades financieras. Si bien hay mucho camino por delante, dicha instancia tiene la oportunidad de instalar el tema al interior de la gobernanza de las entidades financieras y aportar experiencias que, en un futuro, sirvan de insumo para una ley adecuada que aborde los temas antes señalados.

* Carlos Miranda Arrau es abogado y LL.M. de la Universidad de Wisconsin-Madison.

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