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Protección de datos personales y la deuda institucional

"...No existen diseños regulatorios perfectos ni instituciones de control a la medida; sin embargo, el retardo en el establecimiento de una autoridad en materia de datos seguirá aumentando las enormes áreas grises que hoy existen respecto del manejo de nuestra información personal. Esperamos que nuestras autoridades le den el impulso que se requiere para avanzar decididamente en este tema..."

Miércoles, 21 de julio de 2021 a las 10:10
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Guillermo Carey y Juan Ignacio Alarcón
Desde hace más de diez años, y producto del compromiso asumido por Chile al ingresar a la OCDE, distintos gobiernos han intentado modificar y actualizar la Ley N° 19.628, que regula el tratamiento de datos personales. Hasta la fecha, ninguno ha logrado culminar su trámite legislativo.

Un punto trascendental en todos ellos ha sido lo relativo a la autoridad a cargo de la supervisión de la ley. Trascendental, porque la efectividad de la ley se juega en ello y porque determina las posibilidades de que Chile sea reconocido como país con un nivel de protección adecuado, facilitando el intercambio comercial y el flujo de datos.

Para ello se han propuesto diversas alternativas, desde la creación de una agencia nueva hasta la inclusión de nuevas facultades en órganos existentes.

El actual proyecto contempla una reforma completa del Consejo para la Transparencia para que, como órgano autónomo, tenga a su cargo el cumplimiento integral de la Ley de Protección de Datos Personales. Es el modelo que han adoptado Alemania, Estonia, Reino Unido o México, donde un organismo está a cargo del acceso a la información y datos personales. Este tipo de soluciones genera resistencia ya que los fines de transparencia, por una parte, y privacidad, por la otra, parecen contradictorios, promoviendo la creación de un órgano autónomo y técnico para este fin exclusivo.

Este proyecto, sin embargo, no ha tenido avances sustanciales en su tramitación, pese al enorme consenso que suscita entre los distintos actores involucrados.

En este escenario, el 23 de junio la Comisión Mixta del Congreso aprobó una modificación a la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, haciendo referencia en su artículo 15bis a facultades del Servicio del Consumidor (Sernac) para fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa de protección de los derechos de los consumidores, lo que conlleva la posibilidad para el Sernac de fiscalizar el cumplimiento de la Ley N° 19.628 en las relaciones de consumo en la medida que esas facultades no sean competencia de otros órganos.

Si bien el Sernac cuenta con ciertas facultades para proteger al consumidor en materia de datos, el empoderar a una institución distinta a la de una autoridad de datos autónoma, no resulta conveniente. El rol de una autoridad de datos autónoma es eminentemente técnico y su fin es proteger los derechos de las personas no solo frente al mundo privado, sino que también frente a los actos del Estado.

Sigue pendiente una regulación de los datos personales moderna, que contemple una autoridad de control robusta y que los considere en su dimensión de derechos fundamentales, más allá de una relación de consumo.

De seguir apostando el legislador por el Consejo para la Transparencia será necesario reformularlo completamente. Esto ya se hizo antes con la creación de la Comisión para el Mercado Financiero. El gobierno corporativo de una autoridad de control exige reglas severas de inhabilidades, incompatibilidades, dedicación exclusiva y prohibiciones post empleo, al igual que una remuneración suficiente. La especialización del órgano será crítica. Por ello, debe existir un presupuesto público adicional realista.

No existen diseños regulatorios perfectos ni instituciones de control a la medida; sin embargo, el retardo en el establecimiento de una autoridad en materia de datos seguirá aumentando las enormes áreas grises que hoy existen respecto del manejo de nuestra información personal. Esperamos que nuestras autoridades le den el impulso que se requiere para avanzar decididamente en este tema.

* Guillermo Carey Claro es socio de Carey y Juan Ignacio Alarcón Santander es asociado del mismo estudio.

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