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Los arbitrajes como fórmula para agilizar los procesos concursales en el país

"...El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago podría asumir un rol más protagónico y los procesos concursales someterse a esta sede (...) Y, en un contexto de crisis económica, donde se espera un aumento de las empresas que entren en procedimientos de reorganización o liquidación, su conocimiento y expertise permitiría agilizarlos..."

Martes, 20 de julio de 2021 a las 9:45
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Esteban García Nadal
Desde la publicación, en enero de 2014, de la Ley N° 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas (que derogó la llamada “Ley de Quiebras”), se estableció de manera explícita la posibilidad de que las empresas y acreedores involucrados en un procedimiento concursal puedan recurrir a un arbitraje como una herramienta distinta al procedimiento llevado a cabo ante los tribunales ordinarios de justicia.

Para esto se creó una nómina de árbitros concursales aprobados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que cuenta actualmente con 108 abogados. No obstante, luego de casi siete años de su entrada en vigencia hay un nulo uso de esta herramienta en procedimientos concursales, lo que se explicaría por un desconocimiento y, por consiguiente, desconfianza para la resolución de esta clase de controversias. Sin embargo, en medio de la paralización de diversos juicios concursales producto de la pandemia, se hace necesario superar esta barrera que ha limitado el uso práctico de los arbitrajes en procedimientos de reorganización y liquidación de empresas, dado que es posible identificar múltiples beneficios en comparación a llevar adelante esta clase de controversias ante tribunales ordinarios.

En primer lugar, las reorganizaciones y liquidaciones ante sede arbitral implicarían someter los casos a jueces más especializados y con menores cargas de trabajo. Actualmente, los tribunales ordinarios que conocen estos procesos son responsables de ver múltiples causas de diversas materias (juicios ordinarios, sumarios, voluntarios, entre otros, y cada uno de ellos de temáticas diversas), lo que conlleva a que, si bien son jueces capacitados y particularmente letrados, en algunas ocasiones no cuentan con una alta expertise en temas tan específicos y técnicos como ocurre con estas materias. Además, el hecho de que el juez arbitral conozca de un número reducido de causas permite un mayor grado de dedicación y sofisticación en la resolución del asunto.

Como se señaló, la carga de trabajo de los tribunales ordinarios es particularmente alta, lo que permite colegir que el tiempo que pueda dedicarse a cada una de las controversias no sea —en ocasiones— el que se requiere (más aún en aquellos casos en donde son procesos de alta complejidad). Por lo mismo, el sometimiento de las reorganizaciones y liquidaciones ante un juez árbitro permitiría avanzar en tiempos más breves, lo que beneficiaría tanto a los acreedores como a los deudores, otorgando seguridad jurídica y facilitando los negocios.

Un ejemplo de lo anterior son los casos ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, los que, según el artículo 4 del Reglamento Procesal de Arbitraje, no podrán durar más de seis meses, plazo que se computa desde la notificación de la resolución que recae sobre la demanda. Este plazo puede ser prorrogado hasta por seis meses más por el tribunal arbitral, si así lo estimase necesario. Sin duda alguna hay una diferencia sustantiva en los tiempos de tramitación ante un tribunal ordinario versus uno arbitral. Lo anterior cobra especial relevancia si tenemos presente que, según la Dirección de Estudios de la Corte Suprema en su documento “Análisis descriptivo del comportamiento de las causas civiles” de 2019, los procedimientos concursales sometidos al conocimiento del Poder Judicial han pasado de nueve en el año 2014 a 1.939 en el año 2018. Esto, sumado a los efectos propios de la coyuntura económica, permiten postular que la necesidad de mayor rapidez en la materia irá acrecentándose con el paso del tiempo.

Y dado el estado de excepción constitucional que vive nuestro país, muchas causas en los tribunales ordinarios están paralizadas, fundamentalmente debido a las disposiciones contenidas en la Ley N° 21.226. Sin embargo, en el caso de los arbitrajes (por ejemplo, en el CAM), han seguido funcionando durante este período, adaptando más rápidamente todos sus procesos a formatos online, permitiendo la toma de pruebas o la realización de audiencias. Lo anterior, habida cuenta que ciertos artículos de la señalada norma han sido redactados en términos facultativos para los tribunales arbitrales, además de haberse levantado una línea interpretativa que considera las suspensiones contempladas en dicha norma como legislación disponible o renunciable para las partes.

En este contexto, el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago podría asumir un rol más protagónico y los procesos concursales someterse a esta sede. Desde su creación, esta organización ha mostrado ser muy eficiente en resolver los conflictos. Y, como señalamos, en un contexto de crisis económica, donde se espera un aumento de las empresas que entren en procedimientos de reorganización o liquidación, el conocimiento y expertise del CAM permitiría agilizarlos, con beneficios tanto para los tribunales ordinarios (menor carga de trabajo y foco en otras causas que solo se pueden tramitar en dicha sede) y para las partes involucradas (emprendedores podrían reinventarse más rápidamente y acreedores recuperar parte o la totalidad de sus créditos).

* Esteban García Nadal es socio fundador de García Nadal & Cía.

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