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Conflictos que requieren solución urgente y oportuna: una mirada práctica

"...Al dejar de lado a la judicatura de Policía Local se desaprovecha la cobertura y capacidad instalada que tienen estos tribunales, con posibilidad de realizar economías de escala con la infraestructura de los diversos municipios del país y crear, de esta forma, un sistema integral de atención con especial énfasis en los sectores rurales, donde la justicia civil no alcanza a llegar..."

Miércoles, 30 de junio de 2021 a las 17:45
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Renée Rivero y Mirko Bonacic-Doric
El Estado se encuentra al debe en la tarea de ofrecer un sistema moderno, eficiente y eficaz de atención preliminar y tratamiento de las denominadas “pequeñas causas”; esto es, de aquellos asuntos de menor envergadura, pero de gran importancia para los involucrados, que pocas veces son efectivamente conocidos por los tribunales.

Hay variados motivos para ello: la propia naturaleza de esos conflictos, que al ser catalogados como “menores” no atraen el interés de los letrados ni de las corporaciones de Asistencia Judicial; que por tratarse de realidades muchas veces rurales, la lejanía de los centros urbanos impide el correcto acceso de los involucrados a las instituciones públicas que debiesen darles solución, o porque, individualmente considerados, no afectan gravemente el interés público, quedando así debajo del horizonte de las políticas públicas más gruesas. A lo anterior se suma que, muchas veces, estas causas inician su tramitación en sede administrativa o judicial a través de denuncias o demandas que, al no ser continuadas por los interesados por las dificultades ya señaladas, no llegan a sentencia o avenimiento y quedan abandonadas, lo que importa un gran costo para los usuarios y para el Estado, a lo que se agrega una innegable frustración con el aparato público administrativo y judicial.

Nuestra intención es, mediante una mirada práctica, sugerir aproximaciones viables que permitan enfrentar y solucionar la situación de este tipo de conflictos —las denominadas pequeñas causas—, ya que, por ahora, parece suceder —como dijo en un programa radial el ex vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas— que “en Chile para matar una mosca debemos mover un tanque”, frase coloquial que grafica lo que las personas deben sufrir cuando intentan encontrarles solución y también la tendencia que ha mostrado el propio Estado al buscarlas.

Si bien no existe una definición única para lo que aquí llamamos pequeñas causas o justicia vecinal, ya que varían según la jurisdicción que examinemos, es posible dar algunos ejemplos del tipo de conflictos que podrían enmarcarse dentro de ese concepto: arrendamiento con límites en el monto, precarios, cierre o apertura unilateral de accesos a caminos rurales, problemas por el mal estado de cierres y deslindes, causas voluntarias, microbasurales y quemas de basura, tenencia responsable de mascotas, ruidos molestos, etc. La experiencia propia y la comparada nos dice que para este tipo de conflictos —hoy sin respuesta práctica y oportuna en nuestro sistema de justicia— bastaría la mayoría de las veces una mínima intervención de algún apoyo especializado para lograr una solución satisfactoria para las partes, finalizando el conflicto y abortando el riesgo de escalamiento. Esta es la conclusión que el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recogió del piloto denominado “Unidades de Justicia Vecinal”, conducido con relativo éxito entre los años 2011 y 2017.

En nuestro país se ha intentado entregar soluciones alternativas y oportunas a dichos conflictos a través de diversas iniciativas: los esfuerzos de mediación en algunas Corporaciones de Asistencia Judicial; el fenecido piloto de Unidades de Justicia Vecinal (UJV) ya citado y que se inició en el primer mandato del Presidente Piñera; la suscripción de convenios entre aquel ministerio y los municipios de las regiones de O´Higgins y del Maule, durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y que buscaron traspasar la experiencia acumulada por las UJV mediante la instalación de réplicas de ellas, al alero de los respectivos juzgados de Policía Local, que ofrecieran a la comunidad oportunidades reales de solución a los conflictos. Sin embargo, como tantas otras veces, todo ha ido quedando nada más que en las buenas intenciones.

Hoy por hoy, las alternativas que ofrece el sistema de justicia a los conflictos referidos no han sido efectivas o, en su caso, oportunas. Porque se trata, en lo civil, de procesos muy regulados y con tiempos de tramitación que exceden con creces las expectativas y esperanzas de los interesados, y, en lo penal, porque en los procesos por faltas penales la sanción es una multa que no resuelve el problema de fondo y las estadísticas demuestran, además, salvo en el caso del hurto falta, que no siempre terminan con intervención judicial, sino por vías administrativas.

Chile vive un proceso de cambios profundos, por lo que es importante replantearse las alternativas que hoy ofrece el sistema de justicia para la solución de los pequeños conflictos. Atenderlos eficaz y oportunamente implica entender al sistema de justicia como un todo, es decir, como un gran engranaje al servicio de la persona cuyo fin sea propender a la paz social a través de la búsqueda de la justicia. Esto es muy relevante, por un doble aspecto práctico, ya que supone avanzar en las soluciones y, además, considerar lo que la comunidad ve como sistema de justicia, esto es, un todo, sin distinguir mayormente entre tribunales ordinarios o especiales, entre el Ministerio Público o la Defensoría Penal, o si estos pertenecen o no al Poder Judicial, pues para el común de la población que requiere de atención de justicia, son partes del mismo rostro del Estado encargado de “hacer justicia”. Naturalmente las personas no distinguen, y no tienen por qué hacerlo, las distintas competencias o formalidades.

¿Cómo abordar el tema entonces? Ereemos que una solución práctica, relativamente rápida y que no implicaría un excesivo aumento del gasto público, es avanzar hacia lo que denominamos una red asistencial de justicia, por analogía a lo que opera en el sistema público de salud. En este, la atención primaria (Cesfam, consultorios, postas, etc.) debe otorgar atención de primer contacto, derivando los casos de mayor complejidad hacia los centros especializados.

Justamente por su amplio despliegue territorial y por el conocimiento de la realidad local, los juzgados de Policía Local tienen un enorme potencial para asumir un rol preponderante en este primer contacto, entregando orientación, ayudando en la prevención y otorgando solución oportuna, lo que permitiría prevenir, además, la saturación de los tribunales de justicia con conflictos que se podrían solucionar mediante otros mecanismos, como por ejemplo con unidades de orientación, lo que sin duda podría ser no solo un buen comienzo para la configuración de esta red, sino un buen mecanismo de solución y/o de atención primaria efectiva para este tipo de conflictos.

Según las estadísticas del INE, gran parte de la labor de un juzgado de Policía Local son las multas de tránsito. Ya está en camino la licencia de conducir digital y en tramitación el proyecto del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), que automatiza a alguna de ellas, por lo que, a nuestro entender, nada impediría que se automatizaran todas las simples infracciones al tránsito con un procedimiento breve (monitorio), con pago en sede administrativa y opción de reclamación judicial, disminuyendo así la carga de trabajo, lo que ciertamente dejaría espacio para que estos juzgados sean potenciados y puedan abordar nuevas materias, para lo que es necesario también hablar de su desmunicipalización. De esta suerte, en el futuro inmediato y con algunos pequeños ajustes, los juzgados de Policía Local, atendido su despliegue territorial, conocimiento de la problemática comunal y capacidad instalada, podrían transformarse en una gran puerta de acceso al sistema de justicia, de lo que denominamos red asistencial de justicia, facilitando el acceso de las y los ciudadanos tanto a soluciones efectivas, para las materias de menor complejidad, como a derivaciones precisas para aquellas que requieran no solo del pronunciamiento de tribunales de superior jerarquía sino, además, del patrocinio de un letrado.

El derecho de acceso a la justicia es un Derecho Humano y para que el servicio sea democrático debe ser de acceso gratuito y universal y tener presencia en todo el territorio, con especial énfasis en aquellas comunas con alta ruralidad, las que generalmente carecen de servicios jurídicos.

La anunciada Reforma Procesal Civil, recientemente reactivada por el Ejecutivo, crea una nueva línea de servicios de orientación en los propios tribunales civiles, lo que importa, sin duda, un gran avance y mejora en el sistema de acceso a la justicia para nuestras/os ciudadanas/os. Sin embargo, al dejar de lado a la judicatura de Policía Local desaprovecha la cobertura y capacidad instalada que tienen estos tribunales, con posibilidad de realizar economías de escala con la infraestructura de los diversos municipios del país y crear, de esta forma, un sistema integral de atención con especial énfasis en los sectores rurales, donde la justicia civil no alcanza a llegar.

* Renée Rivero Hurtado es vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Mirko Bonacic-Doric León es juez de Policía Local de Vichuquén y presidente del Capítulo de Jueces de Policía Local del Maule.

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