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Estándares internacionales sobre inviolabilidad del domicilio

"...Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos carece aún de pronunciamientos específicos referidos al domicilio, puede hallarse algún que otro obiter dictum en contextos de allanamiento ilegal, destrucción de viviendas y poblaciones o desplazamiento forzado de sus habitantes; en los últimos casos, por acción de guerrillas o fuerzas paramilitares..."

Viernes, 21 de mayo de 2021 a las 18:55
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Julio E. Chiappini
La jurisprudencia internacional alista numerosos precedentes en materia de inviolabilidad domiciliaria, garantía que además de sus aspectos constitucional y penal cuenta con reconocimiento en la mayoría de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. A este fin, los estándares internacionales de protección a la exclusión de terceros y la intimidad del hogar sirven como complemento para la interpretación de la legislación nacional, en particular los artículos 19.2 de la Constitución Política de Chile, y 12.18, 144 y 145 del Código Penal.

Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos carece aún de pronunciamientos específicos referidos al domicilio, puede hallarse algún que otro obiter dictum en contextos de allanamiento ilegal, destrucción de viviendas y poblaciones o desplazamiento forzado de sus habitantes; en los últimos casos, por acción de guerrillas o fuerzas paramilitares.

Estas menciones son pocas pero significativas. Por ejemplo, se sentó que “el Tribunal recuerda que el artículo 11.2 de la Convención reconoce que existe un ámbito de la privacidad que debe quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y familiar” (25/10/2012, Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, reparaciones y costas, serie C, Nº 252, párrafo 182).

En esa línea se resolvió también que “el artículo 11.2 de la Convención protege la vida privada y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas. Dicho artículo reconoce que existe un ámbito personal que debe estar a salvo de intromisiones por parte de extraños y que el honor personal y familiar, así como el domicilio, deben estar protegidos ante tales interferencias.

“La Corte considera que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada” (1/7/2006, Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, serie C, Nº 148, párrafos 192 y 193).

Asimismo, otras convenciones internacionales de derechos humanos cuentan con interés en la cuestión. En especial el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo art. 8.1 sobre el “derecho al respeto a la vida privada y familiar” reza: “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta sumamente casuística y útil para elucidar diversas problemáticas que conciernen al derecho penal. Previo a mencionar dichos precedentes, conviene aclarar que en la traducción conservamos el término home, que corresponde al texto auténtico que el TEDH debe interpretar. En subsidio rige el francés domicile, que resultó relevante en uno de los casos (Niemitz), según se verá a continuación.

Así, se juzgó que “el término home no se halla limitado a la propiedad de la cual se es propietario o locatario. Puede extenderse, en el caso, a una residencia estable, aunque sea solo en ciertas épocas del año, por un período relativamente prolongado, en casa de un pariente” (28/11/1997, Mentes v. Turquía, § 73). Ni tampoco es necesario que la ocupación sea lícita (29/9/1996, Buckley v. Reino Unido, § 54). Por ende, también es morador, con la consiguiente protección jurídica, la persona que vive en un inmueble cuyo contrato de arrendamiento no figura a su nombre o ha vencido (18/11/2004, Prokopovich v. Rusia, § 36. Allí también se discurre que “el concepto de home en el sentido del art. 8 no se limita los que han sido legalmente ocupados o establecidos”). Tampoco se reduce a residencias inmuebles, pues incluye caravanas u otras formas domiciliarias ambulantes (18/1/2001, Chapman v. Reino Unido, § 73. Asimismo, “la Corte considera que la residencia de la actora en la caravana constituye una parte integral de su etnicidad gitana, como reflejo de la antigua tradición de dicha minoría consistente en llevar un estilo de vida errante”).

En esa sintonía se falló también que “el concepto de home contenido en el art. 8 no se limita a lugares habitados legalmente. Se trata de un concepto autónomo que no depende de clasificaciones jurídicas. Que un lugar constituya un home depende de circunstancias de hecho: la existencia de un nexo suficiente y continuo de la persona con un lugar específico” (17/11/2003, Winterstein v. Francia, § 141). Por ejemplo, una casa de campo constituye morada aunque sus dueños tengan su domicilio principal en la ciudad, si visitan el chalé con cierta frecuencia (24/9/2012, Yordanova v. Bulgaria, § 102). Ello pues “no puede siempre trazarse distinciones precisas, ya que una persona puede dividir sus días entre dos casas o adquirir un fuerte vínculo emocional con una residencia secundaria, tratándola como su home” (31/10/2003, Demades v. Turquía, § 32). En el mismo sentido, una habitación de hotel constituye home para el huésped, quien tiene el poder de excluir del ingreso a terceros: “es un lugar igualmente íntimo para el ejercicio de la vida privada y puede predicarse lo mismo que respecto al domicilio” (18/4/2018, Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) v. Francia, § 158).

Por lo contrario, no constituyen morada “un terreno sobre el cual se planea construir una casa con fines de vivienda” (18/12/1996, Loizidou v. Turquía, § 66); ni “un lavadero de propiedad y uso común de un bloque de viviendas... La Corte recuerda que le domicile es normalmente el espacio físico determinado donde se desarrolla la vida privada y familiar (Moreno Gómez v. España, 16/11/2004, § 53)” (12/4/2010, Chelu v. Rumania, §§ 44-45). Tampoco un camerino de artistas, pues si bien “la Corte constata que el uso de un camerino de artistas permite a su beneficiario disponer de una cierta intimidad, el requirente no dispone de su uso de manera estable sino que lo ocupa provisoriamente, más cuando el espacio está también a disposición de diferentes artistas que trabajan en la misma sala de espectáculos” (3/11/2009, Hartung v. Francia, considerando de derecho 1). Ni una casa que se espera heredar, pues deben existir “vínculos concretos y persistentes entre la persona y el lugar en cuestión (...) El término home no puede interpretarse como sinónimo de raíces familiares, que resulta un concepto vago y sentimental” (1/3/2010, Demopoulos v. Turquía, § 136).

En el caso Niemitz (nombre del titular del estudio jurídico allanado), el TEDH equipara el hogar y casa de negocio, ambos bajo el rótulo de domicilio: “Respecto a la palabra home, que aparece en el texto inglés del art. 8, la Corte observa que en ciertos Estados Contratantes, particularmente en Alemania, se ha aceptado la noción como extensiva a instalaciones comerciales. Dicha interpretación, asimismo, es del todo consonante con el texto francés, pues la palabra domicile posee una connotación más amplia que el vocablo home y puede extenderse, por ejemplo, a una oficina profesional.

“En este contexto no resultará siempre posible trazar distinciones precisas, ya que las actividades relativas a una profesión o negocio bien pueden ser conducidas desde la residencia privada de una persona; mientras que también pueden desarrollarse en una oficina o instalación comercial actividades que no estén relacionadas con la naturaleza de esos lugares. Una interpretación restrictiva de los términos home y domicile podría entonces provocar el mismo riesgo de iniquidad que una interpretación restrictiva de la noción de vida privada” (16/12/1992, Niemietz v. Alemania, § 30).

En otro caso se sentenció que el término home posee “una connotación amplia y puede extenderse, por ejemplo, a una oficina profesional. En consecuencia, como home deben incluirse las sucursales de una empresa privada, la sede de una persona de existencia ideal y otras instalaciones comerciales” (28/7/2005, Buck v. Alemania, § 31. La Corte declaró la violación al domicilio en la sede de una empresa en Société Colas Est v. Francia, sentencia del 16/4/2002, § 41. Y de una sucursal en Kent Pharmaceuticals Limited v. el Reino Unido, 11/10/2005, considerando de derecho 1). En aplicación de ello, se reconoció derecho de exclusión al titular de la sede de un periódico, incluso si un periodista y empleados de la empresa admiten al visitante (18/7/2013, Saint-Paul Luxembourg S.A. v. Luxemburgo, § 37). Igual derecho se reconoció respecto a una escribanía (9/9/2016, Popovi v. Bulgaria, § 103) y a la oficina universitaria de un profesor (3/6/2008, Steeg v. Alemania, considerando de derecho B.1). No obstante, lo negó en los casos de irrupciones en un molino y panadería (2/6/2008, Khamidov v. Rusia, § 131); y en una granja y corral de cerdos (6/9/2005, Leveau y Fillon v. Francia, considerando de derecho).

Por fin, es de especial trascendencia que en 1952 el Tribunal Federal de Alemania resolvió, respecto a una violación de domicilio cometida el 10 de noviembre de 1938 contra la morada de una familia judía, que este delito puede formar parte de un plan estatal de ataque sistemático contra la población civil y constituirse en crimen de lesa humanidad (BGH, 8/1/1952, 1 StR 251/51). En el actual derecho internacional penal, el hecho acaso sea pasible de encuadramiento en el art. 7.1 h) o 7.1 k) del Estatuto de Roma, si bien las demás conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad revisten, en sí, mucha mayor gravedad.

* Julio E. Chiappini es abogado penalista y profesor de Alemán Jurídico en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

**Este artículo forma parte de la tesis doctoral aprobada en la mencionada universidad.


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