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El caso Amazon y el proyecto de reforma al delivery: regular lo ya regulado

"...El proyecto de reforma pareciera ser a todas luces innecesario, dado que el asunto que pretende regular ha sido, desde siempre, sancionado o regulado en la Ley del Consumidor. Además, rompe el régimen general de multas y, al proponer un esquema de compensaciones, constituye un verdadero 'sistema de responsabilidad tasada', que exige ser revisado..."

Lunes, 17 de mayo de 2021 a las 14:30
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Ignacio Díaz
Amazon, el gigante mundial de comercio electrónico y distribución, ha anunciado que los consumidores nacionales ahora podrán obtener como beneficio el despacho gratuito de los productos que adquieran, en caso de hacer compras por un monto mínimo. Esta es una gran noticia, dirán muchos, pero a lo mejor prontamente deje de serlo.

La Cámara de Diputados está actualmente discutiendo un proyecto de reforma a la Ley de Protección de Derechos del Consumidor (LPDC) sobre el delivery o reparto. La iniciativa tiene por finalidad incorporar el derecho a recibir un producto en una fecha acordada y, en caso de incumplimiento, recibir una compensación determinada. Asimismo, también se modifica el esquema de multas aplicables en caso de incumplimiento.

Extraña o incomprensiblemente, el proyecto de reforma solo se refiere a la entrega de productos, guardando absoluto silencio acerca de la entrega de servicios. Sabemos que, en la actualidad, la falta de prestación o prestación inadecuada de servicios ha sido un tema de gran debate e, incluso, objeto de medidas por la autoridad. Un ejemplo es el servicio “Me quiero salir” del Sernac, o su judicialización, como en el caso Sernac con VTR.

Pus bien, este proyecto de delivery resulta un ejercicio legislativo absolutamente innecesario, porque esta materia ya se encuentra regulada en la misma Ley del Consumidor en su art. 12, ¡y nada menos que desde el año 1997 y, además, ininterrupidamente!

A mayor abundamiento, el proyecto pretende de manera inédita la incorporación de un sistema de “responsabilidad tasada” en caso de incumplimiento de la obligación de entrega de productos por el proveedor, lo que naturalmente entra en conflicto con el art. 3 letra e) de la LPDC.

En este sentido, en nuestra legislación general ya existen sistemas de responsabilidad tasada que han probado funcionar con bastante éxito, como por ejemplo en el Código Aeronáutico y el Código de Comercio. Por lo tanto, no estamos en presencia de una institución novedosa, aunque quizás sea bienvenida por los proveedores, pues al menos habrá mayor certeza en caso de incumplimiento de la obligación de entrega.

Sin embargo, debemos advertir que el esquema de “responsabilidad tasada”, del modo en que se formula en el proyecto, exige una revisión y, sin duda, una reducción, porque apunta en contra de las actuales tendencias a la disminución de los precios a favor de los consumidores, producto de la irrupción del comercio electrónico.

Finalmente, el proyecto de reforma rompe con el régimen general de multas regulado en el art. 24 de la Ley del Consumidor, pues modifica el monto de las multas aplicables en caso de incumplimiento.

Entonces, ¿puede afectar una reforma de este tipo a los planes de Amazon? La verdad es que probablemente los verdaderos afectados sean los consumidores finales.

Bien sabemos que uno de los grandes beneficios que ofrece este gigante del e-commerce, como también otros similares, es vender a sus clientes los productos que comercializa, a menores precios. Pero, lo que puede ocurrir —especialmente de mantenerse un esquema de compensación como el propuesto en el proyecto de reforma— es que el beneficio del menor precio se acabe porque el monto de la compensación pueda ser mucho mayor al valor de venta del bien.

Por lo tanto, los proveedores como Amazon, enfrentados a este escenario, quizás decidan aumentar sus precios para soportar las compensaciones y multas que se podrían ver obligados a pagar. Es más, tal vez prefieran no ofrecer este tipo de beneficios al consumidor o, incluso, ni siquiera asuman la obligación de realizar el despacho del producto.

En definitiva, el proyecto de reforma pareciera ser a todas luces innecesario, dado que el asunto que pretende regular ha sido, desde siempre, sancionado o regulado en la Ley del Consumidor. Además, rompe el régimen general de multas y, al proponer un esquema de compensaciones, constituye un verdadero “sistema de responsabilidad tasada”, que exige ser revisado por los problemas descritos.

En definitiva, una ley que regula lo ya regulado puede introducir incertidumbres y distorsiones en un área en franco y acelerado crecimiento, perjudicando al cliente final.

* Ignacio Díaz Ibáñez es socio de PDND Abogados, especialista en Derecho Comercial, Transporte, Seguros y Protección al Consumidor.

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