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Equidad de género y discriminación laboral, un desafío para el proceso constituyente

"...Es importante que se enfoque la garantía desde una perspectiva más amplia, para que la Constitución otorgue al Estado un rol proactivo al respecto, tanto para incluir herramientas frente a la vulneración del principio como para lograr un actuar ex ante, resguardando la prevención de la discriminación desde un inicio..."

Viernes, 07 de mayo de 2021 a las 9:40
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Rosario Ramos
Uno de los hitos que ha marcado la agenda pública del último año ha sido la promoción del empleo y la búsqueda de su estabilidad por las consecuencias sociales y económicas que la pandemia ha llevado aparejada. Sin embargo, hace un tiempo, la Cepal nos reveló cifras que son desalentadoras. Hemos retrocedido 12 años en materia de inclusión laboral femenina.

Si bien la pandemia ha producido sus estragos en el empleo tanto de hombres como de mujeres, es evidente que ha afectado en mayor medida a este último sector y ello se ha debido, dentro de varios factores, a la falta de un enfoque de equidad de género en la promoción de estas políticas públicas.

En principio, si consideramos que la Constitución garantiza hoy la igualdad entre hombres y mujeres y lo concreta mediante la garantía de igualdad en materia laboral y el principio de no discriminación, estas situaciones no se deberían producir, pues existe un resguardo legal e institucional en este ámbito. Pero entonces, ¿dónde es que se produce la brecha de oportunidades entre hombres y mujeres? La Constitución y la ley la consagran y garantizan por lo que, de primera forma, no debiera producirse ahí. Sin embargo, en la práctica, la desigualdad en las oportunidades se sigue materializando, pues, a pesar de su garantía, se corre el riesgo de quedar en un mero resguardo formal, sin alcance práctico.

Situaciones como la que nos describe la Cepal dan cuenta de que aún nos falta bastante por avanzar hacia un mercado laboral equitativo para hombres y mujeres, tanto en el actuar del Estado como de los privados. Parece ser que no basta con el reconocimiento de la igualdad de género o la igualdad salarial, sino que es necesario que se otorguen herramientas concretas para su materialización.

Así, es interesante analizar el enfoque que hoy se le otorga al deber garantista del Estado cuando de igualdad laboral se habla, toda vez que el principio de no discriminación y la igualdad consagrados en la Constitución operan únicamente frente a un resultado ya producido, es decir, frente a una acción u omisión arbitraria que ya se ha materializado. No existe ningún deber para el Estado de resguardar en todo momento la igualdad de género, su rol garantista se limita a un actuar de resultado, y olvida las distintas etapas en las que el ente pudiere intervenir, como son la promoción de la igualdad y la prevención de la discriminación.

Este es un gran desafío que se presenta para abordar el proceso constituyente. Es preciso que el debate ponga sobre la mesa la equidad de género como un pilar fundamental que irradie sus diversas aristas y que, en materia laboral, busque lograr una conexión efectiva entre la garantía de la no discriminación de género que se resguarda y la situación que se evidencia en la realidad.

Para esto, es importante que se enfoque la garantía desde una perspectiva más amplia, para que la Constitución otorgue al Estado un rol proactivo al respecto, tanto para incluir herramientas frente a la vulneración del principio como para lograr un actuar ex ante, resguardando la prevención de la discriminación desde un inicio.

Solo de esta manera permitiremos que la futura agenda pública tenga una perspectiva de género y busque una concreción de la igualdad de oportunidades laborales en la práctica. Así, aún frente a escenarios de crisis económicas y desempleo, la posición de la mujer no será desventajosa.

* Rosario Ramos Bascuñán es asociada de Canales Parga Abogados Laborales.

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