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Suspensión de términos probatorios: ¿protección o vulneración a la administración de justicia?

"...El artículo 6 de la ley fue considerado como solución a un problema que el legislador pensó duraría un corto tiempo (...), pero es una norma que no debió haber dictado en términos absolutos, requiriendo de una modificación legal que permita que quede a discreción de la Corte Suprema o de los tribunales, en su defecto, en qué casos los términos probatorios y las audiencias quedarán suspendidas y en cuales se podrá continuar con la tramitación..."

Lunes, 03 de mayo de 2021 a las 10:08
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Constanza Saiz
Con fecha 1 de abril, “El Mercurio" publicaba el titular “Juzgados de Garantía tienen 300 mil audiencias postergadas y familia 140 mil”. Si bien la noticia se centra en el retorno gradual al trabajo presencial de los tribunales y la sobrecarga de los mismos durante los meses de la pandemia, el problema expuesto en el artículo resulta ser bastante más complejo y profundo de lo que aparenta: el hecho de que en Chile no sea posible administrar justicia hace más de un año no debiera tildarse de preocupante, sino que más bien de inaceptable.

El 2 de abril de 2020 se publicó la Ley N° 21.226, la cual establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la pandemia covid-19 en Chile. Dentro de los aspectos regulados por la ley se encuentra la orden a la Corte Suprema, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, de ordenar que se suspendan las audiencias en diversos tribunales del país, con excepción de aquellas que requieran la intervención urgente del tribunal, y otros casos específicamente señalados.

En el artículo 6 de la ley se indica que “los términos probatorios que a la entrada en vigencia de esta ley hubiesen empezado a correr, o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, en todo procedimiento judicial, (…) se suspenderán hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública (…)”.

Si bien el fin de la norma citada fue respetar el debido proceso obedeciendo los principios de bilateralidad de la audiencia, contradictoriedad y apreciación de la prueba, en la práctica lo que ocurre en nuestros tribunales de justicia es una vulneración a dicho debido proceso, en cuanto se ha generado una dilación excesiva de los procedimientos, que se han mantenido en suspensión hasta la fecha, por más de un año, sin solución. Esto genera una serie de distorsiones y da pie a una ventaja injustificada para quien se beneficia con dicha dilación, lo que se presta para graves abusos.

Analicemos el siguiente caso: una sociedad interpone demanda ejecutiva por cobro de pagaré. El receptor judicial traba embargo sobre un inmueble de propiedad del demandado, inmueble cuyo valor supera con creces el monto del pagaré. En virtud de ello, el demandado solicita una reducción del embargo y que este se trabe sobre otros bienes muebles de su propiedad, de un valor proporcional a la cuantía del procedimiento. La causa se recibe a prueba, suspendiéndose el término probatorio de conformidad al artículo 6 de la ley, lo que significa que el inmueble se encontrará embargado hasta que, al menos, se cumpla el plazo indicado en el mencionado artículo. Resulta difícil imaginar el fundamento de la suspensión en este presupuesto, considerando que todos los antecedentes necesarios para poder fallar constan en el proceso. No hacerlo constituye una dilación innecesaria de los procedimientos y sobrecarga de los tribunales a futuro.

Por otro lado, el hecho de que no se pueda continuar la tramitación de un procedimiento de liquidación por la suspensión del termino probatorio en un incidente, considerando que toda la prueba consta en autos y que perfectamente se podría realizar la audiencia por medios telemáticos, es honestamente una situación absurda. Así, también, podemos mencionar a modo de ejemplo los juicios ejecutivos, de precario, de desahucio, de alzamiento, de cobro, entre otros, que, en la actualidad se encuentran paralizados por esta norma, lo que carece de toda lógica.

Los principales fundamentos legales que permiten rebatir lo establecido en el artículo 6 de la ley se encuentran en nuestra Constitución Política y en acuerdos internacionales. Así, con fecha 10 de octubre de 2020, en causa rol 9464-20 del Tribunal Constitucional, se presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del mencionado artículo 6. El recurso se sustentaba “por resultar su aplicación —en el caso concreto— contrario a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 incisos 1 y 5, 19 N° 26, artículo 76 incisos 1° y 2°, todos ellos de la Constitución Política de la República en relación con lo dispuesto en el artículo 14 N° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 8 N° 1 y 25 de la Convención de Derechos Humanos”. Con fecha 29 de octubre el recurso fue declarado admisible, ordenándose, además, que el requerimiento se ponga en conocimiento de la Cámara de Diputados, del Senado y del Presidente de la República. No obstante, a la fecha el recurso se encuentra en estado de relación.

Posteriormente, con fecha 4 de diciembre de 2020, en causa rol 9879-20 del Tribunal Constitucional, se volvió a presentar recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del mismo artículo. Uno de los principales argumentos consistía en que “desde que se suspende el procedimiento, dejando paralizadas las pretensiones de las partes sin que exista una justificación al alero del debido proceso, es decir, sin que racionalmente resulte justa una suspensión del término probatorio, por no justificarse siquiera al canon de las medidas sanitarias impuestas, es que esta se aparta del texto de la constitución conculcando el debido proceso, retrasando indebidamente la continuidad de las pretensiones de las partes (…), ya que se dilata innecesariamente un procedimiento que bien puede continuar adelante ya que ni siquiera se requiere prueba testimonial de esta parte”. En este caso el recurso finalmente fue declarado inadmisible por adolecer de falta de fundamento plausible, existiendo dos votos disidentes.

Resulta evidente, entonces, que no hay uniformidad sobre la interpretación y la extensión de la referida suspensión de los términos probatorios, además de tratarse de un tema que cada día generará más problemas, sobre todo en casos como los expuestos, donde la suspensión del termino probatorio pasa a ser una dilación innecesaria.

Como bien señala el profesor Gonzalo Cortez, “la ratio legis de la suspensión de diligencias probatorias estuvo asociada a evitar el desplazamiento de las personas hacia la sede del tribunal”. Bajo ese argumento, cobra absoluto sentido lo indicado precedentemente, esto es, que la prueba sea rendida por medios telemáticos, evitando así la concurrencia de las personas al tribunal y manteniendo la administración de justicia por parte de los tribunales.

Respecto a lo anterior, es cierto que no todos los medios de prueba pueden presentarse con la misma facilidad en tiempos de pandemia. Así, por ejemplo, el examen de peritos es una prueba que de alguna manera justifica lo dispuesto por el artículo 6 de la ley, ya que la mayoría de estos no se encuentran elaborando informes (que implican muchas veces desplazamientos y revisiones en terreno) o tardan más de lo esperado debido a las medidas de restricción de movimiento. En el mismo sentido, es recomendable que la prueba testimonial sea rendida de manera presencial ante el tribunal, con el fin de que la declaración del testigo sea lo más auténtica posible, sin perjuicio de que hoy en día existen métodos que permiten al tribunal, aun por medios telemáticos, resguardar lo anterior. No ocurre lo mismo en el caso de la prueba instrumental, que perfectamente puede ser rendida por medios telemáticos, sin verse afectada ni la bilateralidad de la audiencia ni la apreciación de prueba, ya que el juez tiene acceso a la prueba de la misma forma que la tendría en un tribunal de manera presencial.

Además de lo expuesto, es necesario considerar que si los tribunales antes de la pandemia ya se encontraban sobrepasados con el número de causas, una vez que se levante el estado de excepción se verán con una carga muchísimo mayor, la cual, según lo indicado por un informe de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y los datos que se manejan a la fecha, tardarían de 18 a 24 meses en ponerse al día con la carga normal de trabajo, vulnerándose aún más el debido proceso en cuanto a la falta de oportunidad de la justicia.

Como propuesta de solución al problema de la suspensión del término probatorio podemos revisar las medidas adoptadas por distintos tribunales del país. Así, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, en ciertos casos, optó por continuar con la tramitación de los arbitrajes cuando así lo acuerden las partes. Por otro lado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) celebró un acuerdo con ocasión de la publicación de la ley, el cual fue modificado en sesión de 22 de marzo pasado, autorizando a reanudar las diligencias probatorias que se encuentren pendientes y que puedan realizarse de manera remota en las causas cuyos términos probatorios vencieron a más tardar el 2 de abril de 2020. Sin perjuicio de aquello, el acuerdo permite a las partes alegar indefensión, en cuyo caso los términos probatorios se mantendrán suspendidos. Además del acuerdo, el tribunal dictó un claro protocolo de cómo serán realizadas las diligencias probatorias por medio de audiencias remotas, incluyendo expresamente la prueba testimonial y la absolución de posiciones. Las medidas adoptadas por el TDLC podrían ser tomadas como un ejemplo a seguir por los tribunales ordinarios de justicia, ya que permiten dar curso progresivo a los autos durante el período de catástrofe, conservando las partes la posibilidad de alegar indefensión, cuando ese sea el caso.

Resulta evidente que el artículo 6 de la ley fue considerado como solución a un problema que el legislador pensó duraría un corto tiempo. Lamentablemente, a la fecha el estado de excepción constitucional de catástrofe ha sido prorrogado cuatro veces, siendo esta última prórroga declarada hasta el próximo 30 de junio. Lo anterior no hace más que reflejar, en primer lugar, que la duración del estado de excepción constitucional es incierta y, en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, que se hace absolutamente necesario una modificación de la ley que permita a nuestros tribunales poder cumplir con su función, esto es, administrar justicia.

Como conclusión, es posible señalar que el citado artículo es una norma que el legislador no debió haber dictado en términos absolutos, requiriendo por tanto de una modificación legal que permita que quede a discreción de la Corte Suprema o de los tribunales, en su defecto, en qué casos los términos probatorios y las audiencias quedarán suspendidas y en cuales se podrá continuar con la tramitación del procedimiento, o al menos permitir rendir algunas pruebas que no requieren la comparecencia personal de las partes, como la documental, por ejemplo. A un año de su dictación, resulta importante revisar la norma y hacer las modificaciones sugeridas, a efectos de evitar una mayor vulneración de derechos.

* María Constanza Saiz Zulueta es asociada de Dentons.

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