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Ministro José Ignacio Vásquez se refiere a los principios y votos en el Tribunal Constitucional

En una columna enviada a El Mercurio Legal, el magistrado del TC asegura, entre otras cosas, que hoy resulta urgente descartar el mecanismo del voto dirimente, "que solo deslegitima al tribunal", y se debe reafirmar "su naturaleza jurisdiccional como órgano que pronuncia el derecho, que resuelve fundado en solventes razones y principios, y no en simples votos y números (...) Solo un actuar republicano y leal con la institución puede restablecer su prestigio y legitimidad".

Miércoles, 28 de abril de 2021 a las 9:44
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José Ignacio Vásquez
Desde su establecimiento en 1971, el Tribunal Constitucional (TC) de Chile ha sido un árbitro neutral en la resolución de conflictos entre los poderes públicos, así como garante de los derechos de las personas, siendo estas funciones la fuente de su legitimidad dentro del sistema. Ella deriva, en primer lugar, de la función para la que fueron originalmente concebidos, restablecer los equilibrios entre los poderes del Estado; en segundo lugar, del rol protector de los derechos fundamentales y, por tanto, freno a la opresión y la conculcación de los mismos. Finalmente, tal legitimidad proviene de la idoneidad e imparcialidad de los magistrados del tribunal, la cual les permite resolver las cuestiones de constitucionalidad con una insoslayable independencia de juicio.

No obstante lo anterior, debe advertirse que la legitimidad de los tribunales constitucionales es extremadamente frágil y, como lo ha señalado con sabiduría teórica y práctica Gustavo Zagrebelsky, expresidente de la Corte Constitucional italiana, en su obra “Principios y Votos. El Tribunal Constitucional y la práctica”, la vida de aquellos depende muchas veces más de los jueces que de las reglas, “de sus talentos, experiencias, puntos de vista, de su trabajo común y la distancia de condicionamientos externos”.Y en ese sentido nos previene que “la acusación más fuerte, infamante y deslegitimadora que puede hacerse a un tribunal constitucional, como en general a todo sujeto llamado a desarrollar tareas neutrales de garantía en interés de todos, es la de actuar o la de haber actuado políticamente (…)”.

Esta reflexión es crucial ante los desafíos a los que se enfrenta el tribunal, no solo con ocasión del deber de conocer y resolver requerimientos de inconstitucionalidad de proyectos de leyes, sino, también, para su permanencia institucional futura. Las circunstancias políticas, las presiones externas, los deberes de gratitud o de lealtades políticas no pueden estar presentes en el juicio de ninguno de los magistrados, pues, como acertadamente señala aquel autor, “la sala de deliberaciones es lugar de autónoma interpretación y elaboración de datos adquiridos ritualmente, no es caja de resonancia”.

Lo anterior puede resultar aún más significativo cuando, en la deliberación del Pleno del tribunal, conformado por 10 miembros, y ante causas estrictamente políticas, se produce un empate de votos. Ello podría activar la atribución del voto dirimente, que está establecida en la Ley Orgánica del Tribunal en favor del presidente y solo respecto de controles preventivos de ley y requerimientos o declaraciones de inconstitucionalidad de leyes. Aunque la existencia de este mecanismo se explique por un defecto en el diseño institucional introducido el año 2005 —considerando el número par de la integración del Pleno—, lamentablemente se transforma en un arma de doble filo, pues su uso y, especialmente, su abuso en los últimos años ha venido poniendo en riesgo y cuestionando la necesaria pero frágil legitimidad del tribunal. Más aún, esta regla de desempate presenta una más que discutible constitucionalidad, tanto por su naturaleza no democrática como por el hecho de que ella no está consagrada en el texto de la Constitución.

Lo anterior, sumado a las circunstancias políticas y sociales actuales, y tras años de utilización política, solo ha exagerado y deformado hasta la caricatura el justificable carácter contramayoritario del tribunal en defensa de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales de las personas, siendo utilizado como argumento por aquella crítica que solo persigue su eliminación como órgano jurisdiccional de control de constitucionalidad. Asimismo, la referida regla expone a quien ejerce la facultad de dirimir a la acusación de ser la longa manus del poder político, transmisor de este en vez de juez constitucional, borrando toda autoridad, comprometiendo gravemente el ejercicio de la función jurisdiccional, renunciando a toda responsabilidad y lealtad institucionales y, por lo mismo, destruyendo ante la ciudadanía la legitimidad de la justicia constitucional.

En fin, ante tales circunstancias complejas a las que nos enfrentamos cobra mayor sentido lo prescrito por el exmagistrado, en cuanto a que la vida del tribunal depende más de los magistrados que de las reglas. Por lo tanto, hoy resulta más urgente que nunca dar una muestra de honestidad descartando definitivamente el mecanismo del voto dirimente, que solo deslegitima al tribunal, reafirmando desde ya su naturaleza jurisdiccional como órgano que pronuncia el derecho, que resuelve fundado en solventes razones y principios, y no en simples votos y números, ejerciendo el diálogo, el razonamiento, la argumentación, el convencimiento y, finalmente, alcanzando el consenso en base a la interpretación conforme a la Constitución, nacida al menos de una mayoría absoluta de magistrados. Solo un actuar republicano y leal con la institución puede restablecer su prestigio y legitimidad.

* José Ignacio Vásquez Márquez es ministro del Tribunal Constitucional.

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