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Nuevos estándares en conflictos de interés

"...Resultará necesario acentuar el análisis preventivo a la hora de evaluar los requisitos para acceder a los cargos públicos, las razones en virtud de las cuales un funcionario público debe abstenerse de intervenir en un asunto y, además, las eventuales responsabilidades que se generarán. Esta nueva forma de ver las relaciones público-privadas demanda entonces una mirada experta..."

Jueves, 22 de abril de 2021 a las 9:40
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William García
La Corte Suprema, en su sentencia del 5 de abril de 2021, se ha pronunciado sobre cuestiones conceptuales importantes de derecho administrativo y, al mismo tiempo, sobre políticas públicas de gran relevancia para las relaciones público-privadas.

El caso se origina a propósito del frustrado nombramiento de María Soledad Velásquez Urrutia como directora del Instituto de Salud Pública (ISP). La Contraloría General de la República impidió ese nombramiento al representarlo (detectó una ilegalidad y lo “vetó”). El motivo de la Contraloría radicó en que, a pesar de no existir una causal específica de inhabilidad, los conflictos de intereses que acarreaba la interesada (quien se desempeñara como gerente, lobbysta y gestora de intereses del sector farmacéutico; precisamente, el fiscalizado por el ISP), configuraban una situación que le impedía el recto ejercicio del cargo.

La sentencia levanta dos tipos de cuestiones interesantes sobre el rol de la Contraloría y los conflictos de intereses.

En relación al rol de la Contraloría, la Corte Suprema crea un estándar de revisión de sus actos, cuestión que no había hecho antes. Junto con señalar que, por regla general, los actos de la Contraloría no pueden ser revisados judicialmente, agrega que sí puede serlo mediante el recurso de protección cuando esta se introduce en cuestiones de mérito del acto administrativo (c. 4º). De este modo, la corte le reconoce un fuerte ámbito de deferencia a la Contraloría en la interpretación de cuestiones de derecho, con el límite de no introducirse en cuestiones ajenas a lo regulado en estándares normativos. Cuando se introduce en esos otros ámbitos, y deja de estar cubierta por reglas jurídicas, entonces se hace pasible de un amplio control judicial.

Además, la corte insiste en su tesis de interpretar a la toma de razón como un requisito de “existencia” del acto administrativo (c. 5º). De este modo, el nombramiento que no satisface la toma de razón no produce derecho alguno (requisito de procesabilidad esencial de un recurso de protección). Esta interpretación de la Corte Suprema (que ya se ha hecho consistente en el tiempo) plantea varias interrogantes: ¿cómo se concilia con la Ley de Procedimiento Administrativo, que excluye a la toma de razón como un trámite del acto administrativo y que señala que la presunción de legalidad es un atributo de todo acto administrativo, no solo de los afectos a toma de razón? ¿Puede el contralor eliminar entonces un requisito de existencia mediante su facultad legal de eximir de la toma de razón? Las dificultades para responder a estas preguntas hacen que, en general, la doctrina más reciente se incline por una interpretación contraria.

Al proceder de este modo, la corte confirmó el criterio de la Contraloría sobre los conflictos de interés, conforme al cual: “No resulta procedente que se nombre en un cargo público que, además, corresponde al del jefe del servicio, a una persona respecto de la cual se tienen antecedentes que objetivamente permiten concluir que le afectan conflictos de intereses que inciden sustancialmente en el ejercicio de sus potestades, por lo que se representa el acto administrativo del epígrafe”.

En definitiva, resultará necesario acentuar el análisis preventivo a la hora de evaluar los requisitos para acceder a los cargos públicos, las razones en virtud de las cuales un funcionario público debe abstenerse de intervenir en un asunto y, además, las eventuales responsabilidades que se generarán. Esta nueva forma de ver las relaciones público-privadas demanda entonces una mirada experta.

* William García Machnar es abogado, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, LL.M. por la U. de Nueva York y socio de Sarmiento & Walker Abogados.

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