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Un fracaso es una oportunidad tecnológica

"...El problema fundamental de la justicia en Chile es que, en la práctica, sigue siendo un bien inaccesible para la población. La gran mayoría de conflictos que nos afectan, desde problemas de consumo, de vecindad, deudas pequeñas y otras de similar naturaleza, por su cuantía y por las dificultades y costos que un proceso letrado respresenta, no son judicializables..."

Lunes, 05 de abril de 2021 a las 10:47
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Carlos Amunátegui
La reforma procesal civil murió. Quedó sepultada bajo el enorme peso de los problemas urgentes, de los alzamientos populares, de la pandemia y de otras catástrofes nacionales que asolaron nuestro panorama político y que relegaron nuestros problemas judiciales a un tercer o cuarto plano de prioridad. Esto debiese ser motivo de preocupación para nuestra comunidad nacional, toda vez que procesos largos y rígidos significan una menor capacidad del sistema jurisdiccional para cumplir su misión, hacer justicia. En consecuencia, hay más personas que ven sus derechos conculcados y, por tanto, la sensación general de abuso y frustración entre las clases medias se incrementa.

No obstante, ante el requiem que tal proyecto merece, no debemos fruncir demasiado el ceño, toda vez que dicha reforma se frustró en el momento más adecuado. En principio, se trataba de una iniciativa inspirada en la ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil española, una normativa que no produjo los brillantes resultados prometidos y que, a veinte años de su promulgación, no ha representado una mejora significativa en la administración de justicia. Por otro lado, nuestro proyecto está basado en tecnologías y maneras de concebir el proceso propias de la primera década del 2000, con uso y cobertura de Internet limitado, con el mail como instrumento fundamental de comunicación y sin la presencia de herramientas de inteligencia artificial en el proceso. Hoy podemos hacer mucho más que eso, y mejorar la cobertura y acceso a la justicia de una manera mucho más sustancial y radical de lo que este proyecto proponía.

El problema fundamental de la justicia en Chile es que, en la práctica, sigue siendo un bien inaccesible para la población. La gran mayoría de conflictos que nos afectan, desde problemas de consumo, de vecindad, deudas pequeñas y otras de similar naturaleza, por su cuantía y por las dificultades y costos que un proceso letrado representa, no son judicializables. De poco sirve establecer derechos, si en la práctica su ejercicio tiene costos superan con creces el posible beneficio que el cumplimiento oportuno representaría. La gran mayoría de los chilenos observa como las leyes establecen en su beneficio derechos que, en la práctica, les son inaccesibles. Como decían los versos de Neruda, “fuero para el gran ladrón, cárcel para el que roba un pan.”

Esta situación puede corregirse. Los instrumentos tecnológicos con que actualmente contamos permiten el diseño de nuevos procedimientos, especialmente de mínima cuantía, que con pleno respeto de los principios fundamentales de equidad en el proceso, agilicen la resolución de conflictos. Es el momento adecuado para incorporar herramientas de Online Dispute Resolution (ODR) directamente en el proceso, de manera que las contiendas se resuelvan por medios simples, utilizando herramientas tecnológicas y teoría de juego. Dichos sistemas existen, resuelven millones de conflictos en plataformas como e-Bay, Amazon y otras similares. Incluso, es posible avizorar el establecimiento de instancias de resolución automatizada de conflictos, —jueces artificiales— como aquella que se construye en Estonia para juicios de menos de siete mil euros. Este es un momento clave para repensar nuestro proceso, y tal vez el fracaso del proyecto de Nuevo Código de Procedimiento Civil lo haga posible.

* Carlos Amunátegui Perelló es profesor titular de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile

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"...A pocos meses de la sesión inaugural (de instalación) de la Convención Constitucional debemos comenzar a transitar en materia de propuestas (...) Bajo este contexto quisiera ofrecer dos ejemplos en este ámbito: régimen político y derechos sociales. Creo que permitirán ilustrar la transición a la que me refiero. Ello importa, además, incorporar de manera creciente la dimensión técnica del debate..."

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"...El trasfondo del asunto será si puede considerarse al hijo como un daño indemnizable. Al efecto, los tribunales deberán decidir si la autodeterminación reproductiva implica de suyo la tutela resarcitoria del interés a no tener hijos o bien no y, en este último caso, señalar cuál sería el contenido y la protección que en el ordenamiento jurídico nacional se asigna a ese derecho..."

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"...Los casos 'Librerías' y 'misa dominical' son un avance en lo había sido un exceso de deferencia en el control judicial de la pandemia, pero el último de ellos lo hace a costa de una confusión conceptual sobre las medidas de un estado de excepción y nos retrotrae de golpe al debate sobre la reserva de ley de la década de los 90..."

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“…Si bien en Chile este tema aún no ha escalado como en los citados países, sí es interesante tener presente que la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual (en adelante LPI) protege los periódicos, revistas y publicaciones de esa naturaleza, junto con las fotografías, por lo que los creadores detentan los derechos patrimoniales y morales de autor respecto de esas obras…”

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