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El Tribunal Constitucional y la víctima en el proceso penal

"...Permitir que el querellante pueda forzar la acusación sin formalización de la investigación afecta pilares básicos de la persecución penal, permitiendo que intereses de privados, por muy legítimos que sean, primen por sobre la persecución estatal sin que se cumplan estándares mínimos de imputación. Ni la víctima ni el querellante tienen derecho a un juicio oral, pues esa garantía está entregada al imputado..."

Lunes, 04 de enero de 2021 a las 11:48
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Matías Insunza
Con fecha 12 de noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional (TC), en causa Rol 8887-2020, acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un querellante respecto del artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, al estimar que vulnera la Constitución Política de la República (CPR).

No se trata de una sentencia aislada, pues desde octubre de 2019 el Tribunal Constitucional —por simple mayoría—, ha dictado diversos fallos declarando inaplicables ciertas normas del Código Procesal Penal, en particular el art. 248 c), que regula la decisión de no perseverar, y el art. 259 inc. final, que exige que la acusación deba referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, estimándolas contrarias a la Constitución.

Lo que el TC ha conocido y resuelto son requerimientos formulados por querellantes particulares, quienes —atendido que el Ministerio Público había cerrado investigaciones sin formalización de la investigación— han estimado vulnerado su derecho al forzamiento de la acusación y, por ende, a que un tribunal de Juicio Oral en lo Penal pueda conocer del asunto.

Los recurrentes de inaplicabilidad por inconstitucionalidad han señalado, entre otros argumentos, que al no existir formalización de la investigación se impide a la parte querellante ejercer el derecho constitucional de la víctima a la acción, infringiendo el derecho a la acción penal que la CPR otorga a la víctima, vulnerándose, además, la exigencia constitucional de racionalidad y justicia del procedimiento. Para justificar su posición hacen referencia a la reforma constitucional efectuada por la Ley 20.516, exponiendo también que el ofendido o víctima tiene, al igual que el Ministerio Público, el derecho constitucional de ejercer la acción penal, derecho que se conecta con las garantías del debido proceso. Asimismo, cuestionan que el Ministerio Publico adopte decisiones de término sin control jurisdiccional, como es la comunicación de la decisión de no perseverar, lo que afectaría el ejercicio de los derechos constitucionales de la víctima mediante un actuar arbitrario del órgano persecutor.

A juicio de los recurrentes, las normas constitucionales infringidas serían el art. 19 N° 3, inc. 1º, que asegura a todas las personas “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”; la parte final del art. 19 N° 3, inc. 3, que establece que “la ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuita, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes”, y los incisos 1º y 2º del art. 83, que establece que “un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal”.

Luego de haber suspendido la tramitación de los procedimientos penales respectivos, el Tribunal Constitucional acogió por simple mayoría los requerimientos presentados, estimando violados los artículos 83, inciso segundo, y 19 Nº 3, inciso sexto, de la CPR, antes transcritos.

Dentro de sus argumentos, el TC estimó que: “…resulta claro que el ejercicio de la acción penal, por parte de un sujeto distinto al Ministerio Público, está garantizado por la Constitución tanto en su artículo 19, Nº 3°, inciso sexto, como en el artículo 83, inciso segundo”. Además, señala que “…el adverbio “igualmente” que emplea la Constitución en el inciso segundo del artículo 83 nos lleva a considerar que la posibilidad del ofendido de ejercer la acción penal por medio de una acusación autónoma —o también adhesiva— no puede dejarse sin efecto, en términos teóricos ni prácticos, por una decisión del Ministerio Público que carezca de control judicial suficiente”, para luego concluir que “…la aplicación del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, impide a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano jurisdiccional, vulnerando, fundamentalmente, el derecho a la acción penal consagrado en el artículo 83, inciso segundo, de la Constitución, motivo por el resulta inaplicable y así se declarará”.

El voto de minoría estimó que las normas del Código Procesal Penal no serían contrarias a la CPR, manteniendo la jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional modificada a partir de octubre de 2019.

A mi juicio, los fallos que por mayoría han acogido los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los que me he referido, afectan la esencia del sistema de enjuiciamiento criminal chileno y en caso alguno vulneran la CPR.

En efecto, que el ofendido pueda, en virtud del artículo 83 de la CPR, “…ejercer igualmente la acción penal…”, dice relación con lo indicado en la misma norma respecto al Ministerio Público, al señalar que “…en su caso ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley”. Es decir, el ofendido por el delito podría, de cumplirse ciertos requisitos, ejercer la acción penal que —a diferencia de lo que algunos sostienen— es completamente diferente a dar inicio al procedimiento. Como lo sostiene el profesor Bordalí1, el ejercicio de la acción penal se produce al momento de acusar y ello lo realiza la fiscalía “en su caso”, es decir, cuando se cumplen las exigencias procesales y sustanciales, pero no siempre. De este modo, que el ofendido por el delito pueda ejercer igualmente la acusación supone que lo pueda hacer en los mismos términos que el Ministerio Público, esto es, cuando se cumplan ciertas exigencias y no siempre. Y, a mi juicio, uno de los requisitos de procesabilidad para que pueda prosperar la acusación es que previamente se hayan formulado cargos por parte del ente persecutor.

Además, el Tribunal Constitucional, a mi juicio, confunde el concepto de víctima, ofendido y querellante, pues quien podría acusar es —excepcionalmente, siempre que se cumpla con las exigencias legales y los presupuestos procesales— el querellante, es decir, un interviniente distinto de la simple víctima.

Uno de los graves problemas que tiene la tesis sostenida por el TC en sus últimos fallos sobre la materia radica en la vulneración al principio de congruencia, toda vez que no existiría sustrato fáctico de imputación previa a la acusación, cuestión que afecta gravemente los derechos del imputado y de su defensa.

Permitir que el querellante pueda forzar la acusación sin formalización de la investigación afecta pilares básicos de la persecución penal, permitiendo que intereses de privados, por muy legítimos que sean, primen por sobre la persecución estatal sin que se cumplan estándares mínimos de imputación. Ni la víctima ni el querellante tienen derecho a un juicio oral, pues esa garantía está entregada al imputado.

La nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional cambia radicalmente la tesis que había mantenido hasta ahora, generando una grave privatización del derecho procesal penal, con insospechadas y negativas consecuencias.

* Matías Insunza Tagle es socio de Insunza Abogados y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Chile.


1 Bordalí, Andrés. “La acción penal y la víctima en el derecho chileno”. Rev. de Derecho PUCV, 2011, pág. 540.

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