EL MERCURIO. COM
Versión para imprimir El Mercurio.com

Santiago de Chile. Lun 30/11/2020

17:29
Atención a suscriptores

Santiago:   Mín. 13°C   |   Máx. 32°C   |   Actual 29°C

Fomento de la desalación y el reúso del agua: una política pública urgente

"...Salvo por la Ley 21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, no existen otras leyes dictadas en este sentido. Por el contrario, los pocos proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso relativos a la desalación y el reúso contienen más bien desincentivos a la inversión privada en este tipo de soluciones, lo que no deja de ser sorprendente..."

Miércoles, 18 de noviembre de 2020 a las 9:41
  • Facebook
  • Twitter
Enviar
Imprimir
agrandar letra
achicar letra
José Ignacio Zaldívar
El cambio climático ha tenido un impacto dramático en la disponibilidad hídrica en nuestro país, especialmente en la zona centro y centro- norte, donde se concentra la mayor cantidad de población y parte muy importante de la actividad económica.

Este fenómeno nos obliga a evaluar alternativas para garantizar el acceso al agua a la población y para el desarrollo de la actividad económica.

Los países exitosos en la solución de este problema han basado su estrategia principalmente en la desalación y en el reúso de las aguas.

Lo razonable pareciera, entonces, que el país tuviese políticas públicas decididas de fomento a la desalación y el reúso, dada la creciente crisis hídrica que enfrenta.

Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Salvo por la Ley 21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, no existen otras leyes dictadas en este sentido. Por el contrario, los pocos proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso relativos a la desalación y el reúso contienen más bien desincentivos a la inversión privada en este tipo de soluciones, lo que no deja de ser sorprendente.

En efecto, tenemos, en primer lugar, el proyecto presentado por las senadoras Adriana Muñoz e Isabel Allende y los senadores Felipe Harboe, Alejandro Guillier y Jorge Pizarro sobre el uso de agua de mar para desalinización, que limita el aprovechamiento del agua desalada exclusivamente a las necesidades del titular de la concesión marítima correspondiente, obligándolo a “restituir” al acuífero cualquier exceso. Se impide así la existencia de plantas desaladoras que produzcan agua desalada que pueda ser aprovechada por una persona distinta al titular de la concesión marítima.

Esta restricción afecta a las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar su propia planta desaladora, pero que sí estrían en condiciones de adquirir el agua desalada del titular de la concesión.

Por otra parte, las plantas desaladoras destinadas a varios usuarios permiten aprovechar las economías de escala asociadas a plantas de mayor capacidad.

Por último, si el desalador es una empresa sanitaria, la venta de excedentes a terceros permite aplicar los descuentos tarifarios que prevé la ley, redundando en tarifas más baratas para los clientes regulados.

Los autores del proyecto han entregado varias razones como fundamento del mismo, señalando que “es indispensable que el Estado asuma un rol decisivo para cautelar el bien común en el uso de un bien nacional de uso público, garantizar el uso eficiente del borde costero, evitar el daño ambiental y maximizar los beneficios para los usuarios”.

No creemos que una planta diseñada para atender a múltiples usuarios pueda ser contraria al bien común. Por el contrario, y por las razones expuestas, creemos que es una buena fórmula para garantizarle el acceso a este recurso, a un menor costo, a personas o empresas que, en caso contrario, no podrían obtenerlo. Sin duda se trata de un objetivo perfectamente alineado con el bien común, que maximiza los beneficios de los usuarios.

En cuanto al uso eficiente del borde costero, sin duda que soluciones que permitan atender las necesidades de varios usuarios con una sola planta desaladora son más eficientes que contar con varias desaladoras de menor tamaño ajustadas a las necesidades de cada titular, que necesariamente ocuparán mayor espacio en el borde costero.

Tampoco parece claro que soluciones diseñadas para atender a múltiples usuarios vayan a afectar el medio ambiente en mayor medida que soluciones individuales para cada uno de ellos. En general, la desalación es una industria poco contaminante y el vertido de salmuera al mar, que se esgrime como su gran impacto adverso al medio ambiente, cuenta con soluciones que minimizan absolutamente sus efectos adversos.

En materia de reúso, la existencia de desincentivos en los proyectos existentes lamentablemente también parece ser la tónica, sobre todo en lo que se refiere a la reutilización de las aguas servidas tratadas por las empresas sanitarias.

En primer lugar, encontramos el proyecto originado en una iniciativa de las en ese entonces diputadas Denise Pascal y Adriana Muñoz (boletín 7583-09) que, según sus autoras “tiene por objeto (…) establecer claramente que las empresas sanitarias que tienen la concesión del servicio de tratamiento de las aguas servidas no pueden comercializar las aguas que depuran”. Como fundamento para esta iniciativa sus autoras señalan que esta eventual comercialización “significará —entre otros— un daño irreparable para la pequeña agricultura y, en definitiva, para todos los habitantes de nuestro país”.

Este proyecto da cuenta de una antigua pugna entre las empresas sanitarias y algunos gremios de agricultores, en el que estos últimos sostienen que aquellas no tienen el dominio sobre las aguas servidas tratadas y, por lo tanto, carecen del derecho de disponer de las mismas.

Escapa al objeto de esta columna referirnos a la discusión jurídica existente entre sanitarias y agricultores.

En todo caso, antes de impedir absolutamente el reúso de las aguas servidas tratadas sería bueno que los defensores del proyecto acreditaran efectivamente la afectación que este mecanismo podría causar a los pequeños agricultores. El sentido común nos indica lo contrario. La reutilización de las aguas servidas va en directo beneficio no solo de los agricultores, sino que del resto de las actividades económicas que se están quedando sin agua, como ha ocurrido en los países que van a la vanguardia en esta materia.

A modo de referencia, es bueno tener en cuenta que durante el año 2019 las distintas concesionarias de servicios públicos sanitarios existentes en el país vertieron un volumen total de 1.258.314.174 metros cúbicos de aguas servidas tratadas a los diferentes cuerpos receptores, de los cuales 278.481.043 fueron arrojadas al mar. 

Esa es la cantidad de agua que Chile podría reutilizar si nos acercáramos a estándares como el de Israel, donde el 87 % de las aguas servidas tratadas se reúsan.

Otro proyecto que contiene un desincentivo al reúso de las aguas servidas tratadas es el que introduce modificaciones a las normas aplicables a los servicios públicos sanitarios (Boletín N° 10.792), que establece que si una empresa sanitaria comercializa aguas servidas tratadas se le aplicará un descuento en sus tarifas a los clientes regulados equivalente al 80% del margen que obtenga por dicha comercialización.

Sin duda que un descuento tarifario de esta magnitud minimizaría cualquier interés que puedan tener las empresas sanitarias en permitir la reutilización de las aguas servidas tratadas que actualmente se vierten en los cuerpos receptores.

Lo sorprendente es que no hemos encontrado ningún proyecto que busque incentivar la desalación y el reúso. Pareciera que estamos en un país donde sobra el agua.

Solo a modo ejemplar, nos gustaría ver leyes que faciliten la utilización de terrenos públicos, privados y bienes nacionales de uso público para la implementación de infraestructura de desalación y reúso, tal como ocurre en el caso de la industria eléctrica, sanitaria o minera, entre otras. Asimismo, debieran crearse exenciones tributarias y subsidios en zonas que requieran la desalación y el reúso para garantizar el acceso al agua. También habría que actualizar y/o crear normas técnicas necesarias para el desarrollo de la desalación y el reúso, tales como las relativas al límite máximo para la disposición de la salmuera de las desaladoras o aquellas referidas al reúso de agua servidas tratadas para distintos fines, incluyendo el consumo humano, como existen en otros países. Por último, habría que establecer una estructura tarifaria progresiva para el agua potable urbana, de manera que quienes paguen estas inversiones sean los que consumen más agua, como ocurre en otros lugares del mundo.

Lo que se encuentra en juego aquí es la provisión de un recurso básico para la salud de la población y para el desarrollo económico del país. Si queremos evitar situaciones realmente dramáticas debemos movernos rápido y en el sentido correcto, implementando un decidido plan de fomento de la desalación y el reúso del agua.

* José Ignacio Zaldívar Peralta es consejero de Rivadeneira Colombara Zegers (RCZ) y representante de asuntos legales de Aladyr en Chile.

EL MERCURIO.COM
Términos y condiciones de la Información © 2002 El Mercurio Online
El Mercurio

"...Este relevante fallo demuestra la importancia de hacer efectiva la protección con que cuentan las marcas comerciales, como manifestación del derecho de exclusividad que ellas otorgan, a través de las acciones judiciales que franquea la ley, para evitar la posibilidad de dilución de las marcas, la confusión con terceros y otras prácticas de competencia desleal..."

El Mercurio

"...Si bien el sancionado es un concesionario de servicio público (la empresa sanitaria), la otra compañía (generación eléctrica), que no es sujeto del procedimiento sancionador, normativamente carece de esa condición, pero la Corte entiende que atendida su función debe calificarse de servicio público para imponer un deber de coordinación cuyo resultado no es jurídicamente simétrico..."

El Mercurio

"...Existe una interesante tendencia en aumento por parte del público usuario, consistente en recurrir al Servicio Nacional del Consumidor por sus diversas insatisfacciones. En otras palabras, en busca de mayor rendición de cuentas, el público consumidor estaría concibiendo al otrora profesional exótico y de saberes esotéricos en calidad de un proveedor de servicios expertos más..."

El Mercurio

"...El Sernac ha investigado particularmente el ámbito de los servicios de telecomunicaciones. La situación es pasmosa. Por un lado, no existen cláusulas abusivas ni de amarre que dificulten la salida de los contratos (...) El problema es otro: que las acciones necesarias para el término del contrato por el suscriptor son mucho más gravosas que las requeridas para la contratación del servicio..."

El Mercurio

"...La decisión del caso parece correcta, pero el tratamiento lógico y jurídico de la materia es tan confuso que el propio juez Urrutia se sintió autorizado para comentar la sentencia con la libertad de un parlamentario (...) La tarea de los tribunales —nacionales e internacionales— es dar precisión y claridad a las normas, no abrir interrogantes ni poner en entredicho la consistencia de los sistemas jurídicos..."

Ver más

Comentarios Recientes

Más Comentados

Ranking de Comentadores