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La Reforma Procesal Civil con ocasión del covid

"...Llama positivamente la atención que, si bien los cambios se plantean en virtud de la carga de trabajo sobreviniente por el covid-19 y de la necesidad de limitar el contacto físico en audiencias y diligencias procesales, estos consistan en modificaciones quirúrgicas del Código de Procedimiento Civil que no necesariamente tienen que ver con la pandemia, sino con la urgente mejora de nuestro añejo sistema..."

Sábado, 12 de septiembre de 2020 a las 16:32
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Pauline Chiffelle y Marcelo Alarcón
Hace apenas unos días, con fecha 1 de septiembre, ingresó al Senado el proyecto de ley “que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública” (Boletín N° 13.752-07). Dicho proyecto propone modificaciones legales al sistema procesal penal, laboral, familia y civil.

En materia civil llama positivamente la atención que, si bien los cambios propuestos se plantean en virtud de la carga de trabajo sobreviniente por el covid-19 y de la necesidad de limitar el contacto físico en audiencias y diligencias procesales, estos consistan en modificaciones quirúrgicas del Código de Procedimiento Civil que no necesariamente tienen que ver con la pandemia, sino con la urgente mejora de nuestro añejo sistema procesal civil.

Como abogados litigantes y usuarios recurrentes del sistema judicial civil, vemos con buenos ojos las potentes medidas que propone el proyecto, las cuales esperamos descongestionen un sistema sobrecargado desde mucho antes que los estragos del covid-19.

En particular, entre las modificaciones más relevantes el proyecto propone las siguientes: (i) se uniforman plazos para contestar la demanda, 18 días para demanda ordinaria y ocho días para demanda ejecutiva, (ii) se eliminan los testigos inhábiles y se establece la apreciación de este medio de prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, (iii) los jueces denegarán de oficio la ejecución cuando el título ejecutivo se encuentre manifiestamente prescrito, (iv) se incorpora la mediación (no obligatoria) como método alternativo de resolución de conflictos, (v) los jueces podrán decretar de oficio el abandono del procedimiento, (vi) el patrocinio y mandato judicial podrán constituirse con firma electrónica simple, (vii) el receptor judicial podrá proceder a la notificación personal subsidiaria con la mera certificación de búsquedas positivas y sin necesidad de resolución que la autorice, (viii) las notificaciones por cédula podrán hacerse, a solicitud de parte, mediante correo electrónico, para lo cual las partes deberán indicar un medio de notificación electrónico válido en su primera gestión judicial, (ix) los remates de bienes raíces se podrán hacer por vías remotas y la escritura pública de adjudicación puede ser suscrita mediante firma electrónica avanzada, y (x) se establecen distintos regímenes para la realización de audiencias por vía remota.

Probablemente, esta última modificación sea la más compleja de entender, pero al mismo tiempo la más novedosa, ya que ciertas audiencias y los alegatos ante las cortes de apelaciones y Suprema se realizarán por medios tecnológicos, lo que ya se implementó con éxito hace varios meses en los distintos tribunales del país, y pareciera que llegó para quedarse, incluso después de los coletazos del covid-19.

El proyecto propone tres regímenes para la realización remota de audiencias. En primer lugar, uno “permanente facultativo” que permite a las partes solicitar la comparecencia remota por videoconferencia a audiencias y alegatos, lo que facilitará la intervención de los abogados en tribunales a lo largo del país sin necesidad de desplazarse. En segundo lugar, un régimen “permanente excepcional”, que faculta a las cortes de apelaciones y a la Corte Suprema a disponer de manera excepcional un sistema de funcionamiento obligatorio para rendir los alegatos y realizar las audiencias que no sean de aquellas donde se rinde “prueba viva” (testimonial, de absolución de posiciones o declaración de parte o de peritos), por razones de buen servicio. Este régimen tendrá la duración de un año, prorrogable, y se fundamenta en que, concluida la pandemia, los tribunales pueden verse enfrentados a la necesidad de sustituir las audiencias presenciales por audiencias remotas. Esto es lo que en la práctica se ha aplicado durante la extensa cuarentena que hemos estado viviendo en el país.

Y, en tercer lugar, un “régimen transitorio”, en el mismo sentido del segundo régimen, pero con vigencia de un año contado desde el término del estado de excepción constitucional, aplicable a todos los tribunales, tanto aquellos que forman parte del Poder Judicial como los que no lo son. Este pretende cubrir toda la contingencia que se generará una vez que expire la última renovación de estado de excepción constitucional, dada la alta cantidad de audiencias suspendidas durante este periodo.

Así las cosas, el primer régimen llegó para quedarse y tiene una implementación indefinida, y el segundo régimen tendría una duración incierta aún, pero podría llegar para quedarse de manera definitiva, mientras que el tercero es un sistema para enfrentar la urgencia de los próximos 12 meses, pero que probablemente siga la misma suerte.

En nuestra opinión, las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo en este proyecto de ley consisten más en bien una reforma procesal civil tendiente a asegurar el debido acceso a la justicia y la administración de la misma, usando las tecnologías disponibles y eliminando trabas innecesarias en el ejercicio de su administración, lo que nos parece una noticia esperanzadora en tiempos donde la legitimidad de las instituciones —y de los procedimientos— son determinantes para sostener el Estado de Derecho y la búsqueda de la justicia.

* Pauline Chiffelle Horsel es socia del grupo de Resolución de Conflictos y Marcelo Alarcón Hermosilla es coordinador de grupo Resolución de Conflictos de Dentons Larraín Rencoret.

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