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Comentario al libro “Contrato y caso fortuito. Irresistibilidad y consecuencias”, de Íñigo de la Maza y Álvaro Vidal

"...Hemos de decir que se trata de una obra estimulante, porque ofrece un abundante material para reflexionar y tratar de enfrentar los nuevos problemas planteados por la pandemia del covid-19. Es un libro que hace pensar y podemos demos dar cuenta de algunas reflexiones que nos han asaltado al hilo de la lectura..."

Jueves, 27 de agosto de 2020 a las 13:09
Ficha técnica
Título: Contrato y caso fortuito. Irresistibilidad y consecuencias.
Autor: Íñigo de la Maza Gazmuri y Álvaro Vidal Olivares
Editorial: Tirant lo Blanch (Chile)
Edición: 2020
Precio: $21.000
190 páginas
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Por Hernán Corral
No todo ha sido negro en esta crisis mundial del coronavirus. La pandemia, al obligarnos a permanecer en nuestras casas, ha sido provechosa ocasión para la reflexión y estudio sobre cómo el Derecho Civil se hace cargo de los novedosos problemas que ella genera, y para que salgan a la luz libros como el que comentamos.

La obra puede ser caracterizada por varias notas, que podemos enunciar así: innovadora, sólida, sobria, estimulante y colaborativa.

Es innovadora porque no se limita a exponer el tema conforme a lo ya conocido, sino que propone ideas originales y novedosas para nuestra dogmática civil sobre el caso fortuito.

Entre esos aportes originales se encuentra la conexión que se hace entre la irresistibilidad (o inevitabilidad, como prefiere llamarla la profesora García Rubio en el excelente prólogo que escribió para la obra), con la llamada diligencia promotora, así como que esta diligencia debe evaluarse no solo para la irresistibilidad del caso fortuito en sí mismo, sino también para la superación de sus consecuencias. Además, se plantea que esta diligencia constituye el límite de la responsabilidad del deudor no solo para las obligaciones de resultado, sino también para las obligaciones de medio o actividad.

En segundo lugar, se defiende la idea de que, por regla general, el caso fortuito, aunque dé lugar a una imposibilidad absoluta de cumplir, no produce la extinción de la obligación afectada, sino lo que los autores llaman “liberación de cumplimiento”, además de la la exoneración de responder por los perjuicios.

Bajo la noción de incumplimiento amplia y objetiva (o “aséptica”) se considera que el caso fortuito da lugar a un incumplimiento, si bien no imputable. Al haber incumplimiento, la otra parte tendrá la facultad de ejercer la acción resolutoria del contrato, la excepción de contrato no cumplido y la reducción del precio, ateniéndose a los requisitos de cada uno de estos medios de tutela y, por ejemplo, acreditando que se trata de un incumplimiento grave o esencial en la resolución. En cambio, no podría recurrir al cumplimiento forzado ni a la indemnización de perjuicios.

Un cuarto aspecto innovador del libro es el intento de adaptación a nuestro Derecho Civil de la categoría usada por el Derecho estadounidense que se denomina “commercially reasonable substitute performance” contemplado en el Uniform Commercial Code, y que los autores traducen como “sustituto comercialmente razonable”.

Vidal y De la Maza piensan que en estos casos no hay una lesión al principio de identidad del pago, sino que un cumplimiento posible que satisface por equivalencia el interés del acreedor. Por lo mismo, sugieren que el art. 1569 del Código Civil, al disponer que el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, podría interpretarse para entender que una sustitución de la prestación comercialmente razonable es la misma cosa. Es lo que sucedería en la educación superior que está dando cumplimiento a sus deberes contractuales mediante clases on line, aunque no se aplicaría a la educación escolar porque los autores sostienen que los colegios tienen además una obligación de custodia de los alumnos que no puede ser sustituida.

La sustitución comercialmente razonable debe conectarse con la irresistibilidad del caso fortuito, de modo que si hay una sustitución disponible para el deudor, este deberá ejecutarla sin que el acreedor pueda negarse a aceptarla, aunque en algunos casos podría pedir la rebaja del precio.

Por último, digamos que el libro presenta la originalidad de analizar la suerte de la obligación que es la contrapartida de la obligación que es afectada por el caso fortuito, que en general en nuestra dogmática solo se estudia a propósito de la teoría del riesgo. En el fondo, como se señala en el título de la obra, se aborda la incidencia del caso fortuito no respecto de una obligación, sino de todo el contrato.

Esto es facilitado por la postura que asumen los autores en el sentido de que el caso fortuito que impide la prestación es una forma de incumplimiento, de manera que aunque subsista la otra obligación, el acreedor de la primera tendrá los medios de tutela por el incumplimiento consistentes en la resolución o la suspensión del cumplimiento. Si opta por la suspensión, el contratante afectado por el caso fortuito podría pedir la resolución.

No menos interesantes son las reflexiones que se hacen ya más concretamente sobre los efectos de la pandemia del coronavirus en los contratos, examinando principalmente los contratos de arrendamiento tanto para fines habitacionales como para fines comerciales, y los contratos de prestación de servicios educacionales respecto de la educación escolar y de la educación superior.

No solo la innovación caracteriza a este libro, sino que además denota una solidez en fuentes y argumentos. Se citan y analizan fallos judiciales, instrumentos de armonización contractual de hard law y soft law, con especial referencia a la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Los autores manejan obras doctrinales nacionales y extranjeras y, por cierto, el análisis y la interpretación de los artículos de nuestro Código Civil.

Todo ello explicado de manera sucinta, pero siempre con especial claridad y sin temor a sentar posición en temas controvertidos y complejos. Se agradece así que el libro no tenga una extensión desmesurada y que culmine con una enumeración de las principales conclusiones.

El estilo con el que está redactada la obra le confiere una elegante sobriedad. No hay grandilocuencia ni tampoco arrogancia, todo lo contrario. Los autores construyen sus reflexiones a partir de las dos obras recientes y monográficas sobre el caso fortuito: la de la profesora Brantt y la del profesor Mauricio Tapia, esta última ya en su tercera edición. Diríamos que se apoyan en sus libros para ir más, un poco a la manera de lo que Newton afirmaba diciendo que era solo un enano que veía más por estar subido a hombros de gigantes.

No dejan de manifestar discrepancias, como sucede con la crítica que se hace al profesor Carlos Pizarro por, según los autores, confundir el rol de la diligencia promotora en las obligaciones de medio. También disienten de algunas opiniones de la profesora Brant, como en que la pérdida de la cosa debida pueda ser extensible a las obligaciones de hacer y no hacer. Lo mismo se ve con la opinión del profesor Tapia, que parece propiciar una adecuación de los contratos de arrendamientos de carácter habitacional sobre la idea de que el arrendador debiera ser solidario con el arrendatario ya que para el primero el contrato solo es una renta, mientras que para el segundo es lo que permite la morada de su familia. Vidal y De la Maza sostienen que una cosa es que se pueda solicitar al arrendador que se renegocie el contrato, pero no que este tenga la obligación de aceptarlo, por lo que, como se ha hecho en el ámbito europeo, solo podría modificarse el contrato si una ley especial así lo dispusiera.

Finalmente, hemos de decir que se trata de una obra estimulante, porque ofrece un abundante material para reflexionar y tratar de enfrentar los nuevos problemas planteados por la pandemia del covid-19. Es un libro que hace pensar y podemos demos dar cuenta de algunas reflexiones que nos han asaltado al hilo de la lectura.

Sobre la adaptación de la sustitución comercialmente razonable nos preguntamos por qué si el art. 1569 acepta como cosa debida no la prestación descrita en el contrato sino otra equivalente, el deudor no podría pagar con la equivalente si así le conviene y sin alegar caso fortuito. Con ello la aplicación del sustituto comercialmente razonable no sería excepcional, como señalan los autores, ni tampoco podría hablarse de incumplimiento imperfecto, como se desliza en uno de los párrafos del libro. Tratándose del contrato de servicios educacionales sostienen que si se logran sustituir las clases presenciales por actividades docentes on line, el único remedio disponible sería la adecuación del precio. ¿Por qué sería esto si se supone que con el sustituto de la prestación el deudor está cumpliendo?

Sobre la noción objetiva o “aséptica” de incumplimiento persiste la duda de si ello es así con las obligaciones de medio, ya que los mismos autores reconocen que los deberes de cuidado en ese caso integran la prestación y por ello si hay culpa habría incumplimiento por no haberse ejecutado la prestación debida. Además, para la resolución se sostiene que el art. 1489 no exige nada más que el hecho de “no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado”, pero se olvida que la doctrina hoy casi uniformemente señala que no cualquier incumplimiento da lugar a la resolución. Por otro lado, tanto para obligaciones de medio como de resultado se señala que el límite de la responsabilidad es el caso fortuito, pero los requisitos de este deben analizarse tomando en cuenta el criterio de diligencia (o sea, de culpa).

En cuanto a si el caso fortuito es o no causa de extinción de la obligación cuando genera imposibilidad absoluta, los autores reconocen en el libro que esto tiene excepciones cuando se apliquen los arts. 1550 y 1820, ya que en esos casos (obligaciones de dar un cuerpo cierto) el riesgo corresponde al acreedor y por ello es claro que la obligación del deudor se extingue conforme con los arts. 1567 Nº 7 y 1670. Pero si fuera así, surge la siguiente pregunta: ¿por qué solo en las obligaciones de dar específicas el caso fortuito produciría la extinción, mientras que en las de hacer o no hacer no se daría esa extinción permitiendo al acreedor recurrir a medios como la resolución? El argumento de que si se extrapolan a todas las obligaciones los arts. 1567 Nº 7 y 1670 también debería extenderse que la regla del riesgo que pertenece al acreedor de los arts. 1550 y 1820 puede ser plausible, pero no parece suficientemente fuerte porque podría replicarse que la regla del riesgo del acreedor es excepcional justamente por los efectos indeseables que acarrearía su generalización.

También pareciera que si el riesgo es del deudor y su obligación es afectada por un caso fortuito permanente que le impide cumplir, debe aplicarse la extinción inmediata de la obligación correlativa del acreedor como consecuencia de que el riesgo es del deudor, por lo que es dudoso que el contrato siga vigente y que el acreedor deba recurrir a la resolución por incumplimiento. No parece coherente que la extinción de obligaciones solo se produzca en los casos de los arts. 1550 y 1820 en perjuicio del acreedor y no en los demás casos que, como bien apuntan los autores de la obra, son la regla general. Por cierto, esto no significa que el acreedor no pueda ejercer el derecho del commodum representaciones del art. 1677, ya que el acreedor con ello estaría renunciado a la extinción automática.

Es cierto que los arts. 1925 y 1926 dan derecho al arrendatario para “desistir del contrato” y que el art. 1932 le da derecho a la terminación del arriendo, por incumplimientos debidos a caso fortuito, pero tales preceptos pueden entenderse por la lógica del arriendo como contrato de tracto sucesivo.

Por lo demás, al tratar sobre el contrato de arrendamiento de locales comerciales se señala que ante el incumplimiento del arrendador de la obligación de mantener la cosa en el estado para el fin para el que fue arrendada aunque sea no imputable, siendo la imposibilidad temporal la obligación de pagar la renta no se suspende sino que se extingue total (excepción de contrato no cumplido) o parcialmente (reducción del precio). Y al parecer esta extinción se produciría automáticamente y sin necesidad de proceso judicial.

Exponemos estas ideas para enfatizar el mérito de esta obra, que no solo expone y argumenta, sino que plantea soluciones ante problemas inéditos del derecho de contratos y, además, invita a reflexionar y seguir pensando sobre ellos.

Finalmente, una cosa que sorprende y que tiene que ver con la modestia académica que caracteriza a los autores, es la forma en que han colaborado para dar lugar a una obra que no tiene capítulos de uno o de otro, sino que toda ella es compartida por ambos. Nos imaginamos que habrá sido un arduo trabajo para reflexionar y llegar a conclusiones compartidas de manera unánime.

Dos cabezas, se dice, piensan más que una, y sin duda este libro lo comprueba.

* Hernán Corral Talciani es profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.

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Por efectos de la pandemia el libro solo está disponible en formato digital en el sitio web de la editorial.

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