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Endoso gratuito de pasajes aéreos: una incorrecta y mala idea

"...No podemos pasar por alto que la relación costo-beneficio de una legislación de este tipo es sin duda negativa. En definitiva, si se tratan de ampliar los derechos de los consumidores sin encarecer el servicio, no es descabellado augurar que sucederá algo parecido a lo ocurrido con la tarifación de los estacionamientos públicos, introducida en la Ley del Consumidor..."

Lunes, 03 de agosto de 2020 a las 11:30
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Ignacio Díaz
En la actualidad se está tramitando en la Cámara de Diputados un proyecto que persigue hacer por ley que el billete aéreo sea un documento “endosable”, es decir, que sea transferible y, además, de manera gratuita. Lo anterior, mediante la incorporación de sendas normas en el Código Aeronáutico a continuación del art. 131 (boletines Nos 9.509-15, 12.285-15, 9.980-03, 12.773-19, 12.825-15 refundidos).

¿Por qué es una incorrecta y también mala idea la iniciativa de nuestros honorables diputados de establecer por ley forzosamente el “endoso gratuito” del billete aéreo? Vamos viendo. El endoso —institución propia del derecho mercantil— es únicamente aplicable a los “efectos de comercio”, “títulos de valores” o “títulos de crédito” emitidos “a la orden”, en oposición a los títulos emitidos “al portador” o “nominativamente”.

El billete aéreo, en tanto, constituye únicamente una prueba del contrato que le da origen y en ningún caso es un “efecto de comercio”. Además, es un documento “nominativo”, porque la ley dispone que se emita a nombre de una persona determinada. Por lo tanto, estamos en presencia de un documento que no es endosable.

Así las cosas, al no ser correcta la aplicación de la institución del endoso —como propone el proyecto aquí comentado— lo que debe aplicarse es la institución de la cesión de derechos (art. 1901 y siguientes del Código Civil). Prueba de que esto es lo que corresponde hacer la encontramos en el inciso 2º del art. 1049 del Código de Comercio con ocasión de la cesión del pasaje marítimo.

Por otra parte, una modificación de este tipo es inoficiosa. De los reclamos presentados ante el Sernac durante el año 2018, con ocasión de conflictos relacionados con el transporte aéreo de pasajeros, solo un 0,08% del total tuvo relación con este asunto del “endoso” o, para ser más correctos, de la “transferencia o cesión”. Es decir, si la incidencia de reclamos es tan reducida, entonces es evidente que no existe necesidad alguna de modificar la situación actual.

Adicionalmente, una modificación de este tipo iría en contra de las prácticas y costumbres del mercado aéreo, las que han probado ser correctas y universalmente aceptadas por largo tiempo.

A ello se suma que afectaría tanto al transporte aéreo nacional como internacional, porque el texto propuesto no distingue en el tipo de viaje al que le sería aplicable la normativa propuesta. En este punto, cabe tener presente que únicamente en Perú encontramos una norma de este tipo, pero solo aplica a vuelos nacionales y la cesión no es gratuita.

Asimismo, disponer por ley que el boleto aéreo es “endosable”, importaría la introducción de una restricción indeseada al comercio aéreo: impediría que se puedan ofrecer pasajes baratos. Es sabido que el bajo costo se debe —entre otras particularidades—a que no admiten ser transferidos y, en la práctica, el mercado propenderá naturalmente a uno que aplique un valor o tarifa promedio. Es decir, los que antes pagaban más, ahora pagarán menos; pero los que antes pagaban menos, ahora pagarán más, mucho más.

Pero el mayor peligro que entraña esta iniciativa legislativa es que, indefectiblemente, creará un verdadero “mercado negro” de pasajes aéreos, especialmente para los pasajes de menor costo. No sería extraño que alguien pueda disponer de los medios necesarios para comprar todos los boletos ofrecidos a precio rebajado para un vuelo determinado y que futuros pasajeros que necesiten volar en aquel mismo vuelo, no tengan opción de comprar a dicho menor valor el boleto, por lo que deban recurrir al mercado negro y en condiciones mucho más onerosas. Gran negocio para los revendedores, evidente perjuicio para el público.

Visto lo anterior, nuestros honorables legisladores están confundiendo conceptos en su proyecto. Dicha confusión, de mantenerse como está en el texto propuesto, provocará más de algún conflicto en el futuro. Es más, bien puede advertirse que su objetivo es uno diferente: si buscan resolver el problema que se genera con la aplicación de prohibiciones, multas o pagos suplementarios por parte de los pasajeros, en caso de cambio o suspensión del viaje, sería mucho más razonable abordar la materia desde aquel lugar y solucionarla de un modo diferente; por ejemplo, estableciendo plazos, causales de exención de pago y otros. Todos aspectos que, no dudamos, la propia industria aeronáutica estaría llana a conversar.

Por último, no podemos pasar por alto que la relación costo-beneficio de una legislación de este tipo es sin duda negativa. En definitiva, si se tratan de ampliar los derechos de los consumidores sin encarecer el servicio, no es descabellado augurar que sucederá algo parecido a lo ocurrido con la tarifación de los estacionamientos públicos, introducida en la Ley del Consumidor. Como todos sabemos, al final el efecto obtenido fue inverso al deseado.

* Ignacio Díaz Ibáñez es socio de Pumpin, Dorfman, Nasser, Díaz y Cía., abogado de la Universidad de Los Andes, máster en Derecho Marítimo (LL.M.) por la U. de Southampton y especialista en Derecho Comercial, Transporte, Seguros y Protección al Consumidor.

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