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El incumplimiento contractual de los establecimientos particulares pagados en época de pandemia

"...Hay argumentos en nuestro derecho que permiten sustentar que la rebaja proporcional del precio puede ser aplicada no solo en el contrato de compraventa y arrendamiento, sino que es susceptible de ampliarse a otros. Tal como se ha hecho con otras instituciones del derecho contemporáneo de contratos, las normas contenidas en nuestro Co´digo Civil poseen la suficiente plasticidad para adoptar esa línea argumental..."

Lunes, 03 de agosto de 2020 a las 17:23
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Pamela Prado
Las medidas adoptadas por el gobierno ante la pandemia provocada por el covid-19 han provocado enormes efectos en el campo de la educación escolar y universitaria. No solo debido a que profesores y estudiantes han debido adecuar sus actividades a medios electrónicos (clases por Zoom, mayor utilización de aulas virtuales y de recursos bibliográficos en línea), sino porque hay una serie de servicios educacionales que se encontraban constituidos sobre la base de un proceso de enseñanza- aprendizaje llevado a cabo, mayoritariamente, en forma presencial y no remota.

Nuestro propósito no es reflexionar en orden a si el covid- 19 y sus consecuencias constituye o no fuerza mayor, sobre lo cual hay múltiples opiniones, sino reparar en el hecho de que la pandemia ha generado, como consecuencia, el incumplimiento por parte de algunos establecimientos educacionales particulares pagados de varias de las prestaciones contenidas en los contratos de prestación de servicios educacionales suscritos. En ese orden, hay dos tipos de manifestaciones principales de incumplimientos: en primer término, el que dice relación con la calidad deficiente del servicio educativo prestado y, en segundo lugar, prestaciones accesorias que no es posible que sean llevadas a cabo por el establecimiento, toda vez que sus dependencias físicas no se encuentran en funcionamiento, como ocurre con la alimentación, actividades extraprogramáticas, proporción de útiles y materiales pedagógicos, entre otros.

Como se sabe, prácticamente desde la suspensión de las clases presenciales los apoderados han puesto en el tapete la necesidad de suspender el pago de los aranceles o, al menos, que ellos se reduzcan, pues estiman que no se están prestando los servicios de la forma acordada, a lo que se suman las enormes dificultades económicas a que muchos de estos apoderados se han visto enfrentados debido a la contingencia.

Al inicio de la pandemia en nuestro país, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) acudió a la Superintendencia de Educación a fin de consultar acerca de las facultades de fiscalización que tenía esta entidad respecto de las obligaciones de pago de aranceles a los establecimientos particulares pagados. La Superintendencia, mediante Ordinario de 25 de marzo del año en curso, informó que carece de facultades de fiscalización en ese ámbito, sin perjuicio de lo cual aclara que los alumnos tienen derecho a permanecer en el establecimiento hasta la finalización del año escolar, entre otros argumentos, porque el contrato de educación que se celebra con el mismo es anual. De otra parte, expresa que el establecimiento está facultado para efectuar el cobro de los aranceles y que la suspensión presencial de las actividades escolares se debe a la grave emergencia de salud pública.

A su turno, varios apoderados han recurrido al mismo Sernac, precisamente con la finalidad de que dicho servicio intervenga. Sin embargo, como se sabe, es muy discutible que este tenga facultades que digan relación con eventuales incumplimientos del establecimiento escolar, pues el art. 2 de la Ley Nº 19.496 dispone que a los contratos de educación no le son aplicables las normas contenidas en el párrafo quinto, del Título segundo de la ley, en que se ubican las normas sobre responsabilidad por incumplimiento del proveedor. Esa es la razón por la que, si bien el Servicio se ha pronunciado en varias oportunidades sobre este problema, en general su postura ha sido llamar a las partes al diálogo, a fin de que arriben a acuerdos respecto del monto y forma de pago de los aranceles. Ello, no obstante organismos de consumidores, como Conadecus, han planteado que, a pesar de la exclusión del art. 2 antes referido, sería igualmente aplicable la normativa del derecho de consumo en estas materias, por lo que una posibilidad es presentar demandas que defiendan los intereses colectivos de los apoderados.

A la vez, también se han intentado acciones de protección con la finalidad de que se ordene la suspensión del pago de los aranceles, vía que, como ha sido resuelto en varios casos, no parece la más idónea, atendida la naturaleza y fines de esta acción cautelar.

El caso es que habiendo transcurrido varios meses, aún no hay solución.

Ante este panorama, somos de la opinión de que el medio más adecuado para cautelar los intereses de los apoderados y alumnos es la rebaja o reducción proporcional del precio. En este sentido, no concordamos con la postura planteada por el profesor Hernán Corral, quien es de la opinión de que dicha reducción no sería procedente, pues no se está ante un vicio oculto o redhibitorio en un contrato de compraventa, y tampoco ante la hipótesis del art. 19 de la Ley Nº 19.496.

Sin embargo, como hemos planteado en otras ocasiones, hay argumentos en nuestro derecho que permiten sustentar que la rebaja proporcional del precio puede ser aplicada no solo en el contrato de compraventa y arrendamiento, sino que es susceptible de ampliarse a otros contratos. Y es que tal como se ha hecho con otras instituciones del derecho contemporáneo de contratos, las normas contenidas en nuestro Co´digo Civil poseen la suficiente plasticidad para adoptar esa línea argumental, no solo tratándose de contratos que gesten obligaciones de dar, sino también en contratos de servicios, como el que nos ocupa. Incluso más, en otra oportunidad hemos sostenido que la rebaja o reducción del precio también sería aplicable en las relaciones de consumo, tornándose un medio muy útil, especialmente tratándose de contratos de prestaciones de servicios. En general, la rebaja o reducción proporcional del precio procedería en todo contrato bilateral del cual emane una prestación susceptible de ser rebajada o reducida, debido a que la prestación o prestaciones de la contraparte, cualquiera sea su naturaleza, se cumplan en forma imperfecta, como en las situaciones que analizamos.

Y es que hay múltiples ventajas que presenta este camino, desde luego, la extensión de casos que admiten ser solucionados; en seguida, porque es medianamente sencillo configurar los requisitos de procedencia de la acción, pues, en tanto acción de garantía, distinta e independiente de otras acciones y remedios con que cuenta el acreedor contractual, particularmente de la acción indemnizatoria, basta la acreditación del desequilibrio que se ha producido. Finalmente, porque posibilita mantener vigente el contrato, volviendo al equilibrio o simetría entre las partes contratantes, ambos aspectos esenciales en sede de contratos de servicios educacionales.

* Pamela Prado López es profesora de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, abogada PUCV, magíster en Derecho, con mención en Derecho Privado, de la U. de Chile y doctora en Derecho por ese mismo plantel.

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