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Judicatura civil ante los desafíos de la emergencia: ¿qué cambios de mirada se requieren?

"...Las leyes de emergencia no son suficientes. La fuerza de la realidad y las estadísticas demuestran, una vez más, que solo una modificación estructural que incluya la tecnología disponible y contemple medidas alternativas a los conflictos —especialmente referidos al consumo, tenencia de bienes y a la vecindad— contribuirá de manera relevante a asegurar una justicia de calidad y gratuita..."

Viernes, 31 de julio de 2020 a las 17:49
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Pedro García e Isabel Margarita Zúñiga

Sin duda esta crisis de salubridad pública y social enfrenta a la judicatura civil a nuevos desafíos. La labor jurisdiccional requiere adaptarse e innovar de manera urgente e imperiosa y nos interpela a replantear la necesidad de modernizarnos, donde la tecnología ocupe un lugar prioritario al servicio de los nuevos tiempos.

La noticia de una postergación de la anhelada reforma al sistema de justicia civil no nos tomó por sorpresa. Desde octubre de 2019 los tiempos de la reforma procesal civil y sus prioridades se modificaron, y ante la difícil situación presupuestaria la autoridad decidió postergar su implementación, lo cual resulta comprensible, aunque lamentable. No obstante, no podemos paralizarnos frente a los desafíos que nos plantean los tiempos que vivimos y su impacto en la tramitación de los procesos. No queremos dar una visión fatalista de lo que enfrentaremos al regreso a nuestra funcionalidad habitual, pero la situación nos insta a cumplir con nuevos estándares en la resolución de los conflictos y más que nunca un rol activo y oficioso en la tramitación eficiente, transparente y moderna de los procesos.

Necesitamos otorgar respuestas jurisdiccionales eficientes y oportunas, sin sacrificio de la calidad, lo cual supone, entre otras cosas, organizar sistemas ordenados de atención al usuario y adoptar todas las medidas de gestión necesarias para agilizar los procedimientos y tramitarlos de forma expedita sin dilaciones, haciéndonos cargo y superando las dificultades con que nos enfrentamos actualmente.

En este sentido, la posibilidad que se nos presenta de efectuar audiencias a través de videoconferencias por medio de plataformas digitales es una realidad que se ha impuesto por los hechos y ha llegado para quedarse. En ese sentido, nuestra experiencia indica que las partes, al ingresar directamente a las audiencias, escuchan y ven a los jueces civiles por primera vez, algo que habitualmente había estado ausente. Así, podemos explicar directamente a las partes, debidamente asesoradas por su defensa letrada, el contenido del juicio y los escenarios decisionales probables, de manera de arribar a acuerdos conciliatorios, contando con la colaboración de los abogados, cuya responsabilidad como colaboradores de la administración de justicia, también les impone un rol más activo en la búsqueda de soluciones colaborativas, en particular, en las actuales circunstancias.

Fundamental aparece entonces el llamado del tribunal a la conciliación como forma de resolver el conflicto jurídico sobre la base de soluciones colaborativas tan eficaces como la jurisdiccional, pero con menos dispendio de tiempo, de recursos materiales, humanos y más contributiva a la paz social. Esta institución procesal muchas veces ha sido percibida en sede civil como un trámite burocrático que solo debe cumplirse para salvar objeciones procedimentales, pero en estos tiempos, dicha institución adquiere particular relevancia y debe asumirse como una respuesta perfectamente adecuada y conveniente por las razones anotadas, debiendo destacarse su equivalencia y efectividad con las soluciones jurisdiccionales.

En otras jurisdicciones la mediación e instituciones como salidas alternativas al conflicto, incluso penales, son una realidad que hoy debe revitalizarse en materia civil.

Las medidas procedimentales previstas en la Ley N° 21.226, desde el punto de vista cuantitativo, no han importado la paralización de muchos procesos, pues la ley entregó al criterio del juez la determinación en el caso específico de la idea de “entorpecimiento”, sobre todo por el artículo 3° que establece la primacía del debido proceso como norma reguladora del alcance, desarrollo y ejecución de ciertas actividades procesales en tiempos de covid-19, pues los tribunales no pueden decretar diligencias o actuaciones que puedan causar indefensión. Hoy, el derecho a obtener un pronunciamiento oportuno del tribunal no es incompatible con medios digitales, en la medida que los derechos fundamentales de las partes se encuentren debidamente asegurados y, al contrario, puede resultar a futuro un formidable avance en materias de acceso y efectividad de la tutela solicitada.

La existencia de una Ley de Tramitación Electrónica en completa ejecución ha sido clave para alcanzar un cambio de paradigma técnico en la manera de tramitar gran parte de estas causas y ha servido como una transición idónea a las condiciones planteadas por la legislación de contingencia vigente.

El momento que vivimos requiere decisiones audaces para la incorporación de la tecnología al servicio de la justicia civil. Esto permitirá avanzar en las bases de una reforma civil que considere los reales conflictos que deben resolverse en esta sede, donde la información estadística permite disponer de diagnósticos certeros al tiempo de identificar las falencias del sistema procesal civil, lo cual contribuirá a diseñar e implementar las enmiendas necesarias para facilitar el acceso a la administración de justicia y contribuir así a la justicia y a la paz social.

Las leyes de emergencia no son suficientes. La fuerza de la realidad y las estadísticas demuestran, una vez más, que solo una modificación estructural que incluya la tecnología disponible y contemple medidas alternativas a los conflictos de naturaleza civil —especialmente referidos al consumo, tenencia de bienes y a la vecindad— contribuirá de manera relevante a asegurar una justicia de calidad y gratuita.

* Pedro García Muñoz es juez del 22° Juzgado Civil de Santiago e Isabel Margarita Zúñiga Alvayay es jueza del 1° Juzgado Civil de Santiago.

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