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Daño colectivo a consumidores: una sentencia en la dirección equivocada

"...Lo más llamativo es que se entienda que 'las molestias y pérdida de tiempo' sufridas por el consumidor constituyen un daño moral susceptible de ser reparado. Hay que recordar que (...) nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad contractual, por lo que dicho parámetro parece muy bajo como para entenderlo comprendido en el ámbito normal de protección de un contrato netamente patrimonial..."

Viernes, 10 de julio de 2020 a las 17:46
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Rodrigo Momberg y Alberto Pino

Una de las mayores novedades de la reforma introducida por la Ley Nº 21.081 a la Ley sobre Protección de los Consumidores (LPC) fue la admisión de la indemnización del daño moral en los procedimientos sobre el interés colectivo o difuso de los consumidores (art. 51 Nº 2 inc. 2). La doctrina y el mismo Sernac ha denominado a esta categoría “daño moral colectivo”, concepto equívoco, ya que en derecho comparado dicha expresión se refiere usualmente a la afectación de un interés colectivo común, pero que no necesariamente tiene una manifestación en la esfera particular de un individuo, sino más bien en bienes de carácter colectivo (como un daño al medio ambiente). Además, estas indemnizaciones generalmente no son destinadas a personas particulares, sino a fondos comunes o instituciones sin fines de lucro.

No hay que olvidar que hasta antes de la reforma, si bien la LPC en su artículo 3 letra e) contemplaba expresamente la indemnización del daño moral como un derecho de los consumidores, el artículo 51 Nº 2 disponía que las indemnizaciones que se determinaran en los procedimientos sobre el interés colectivo o difuso de los consumidores no podían extenderse al daño moral. Ello no fue impedimento para que, en al menos dos casos, los tribunales ordenasen la indemnización de daños de dicha naturaleza en sendos procedimientos colectivos (sobre estas sentencias, véase Eduardo Reveco Soto).

Hace unos días se ha dictado la primera sentencia —según nuestro conocimiento— que ordena la indemnización del daño moral colectivo bajo la vigencia del nuevo texto de la LPC (Rol C-35740-2017, del 29º Juzgado Civil de Santiago). Solo para contextualizar, se trata de una demanda para la defensa del interés colectivo de los consumidores, intentada por el Sernac contra una multitienda, por infracción al deber de información y cláusulas abusivas, donde, además, se solicitaba condenar al proveedor a la restitución de ciertos cobros indebidos y “al pago de las indemnizaciones de perjuicios que procedan”.

En el caso, el tribunal acoge la demanda en cuanto a la infracción del deber de información del proveedor (art. 3 letra b LPC) y rechaza la existencia de cláusulas abusivas. En lo relativo a las restituciones, rechaza su procedencia por falta de prueba. La sentencia, en cambio, da lugar a la indemnización del daño moral de los consumidores afectados, los cuales, a juicio del tribunal, ante la falta de información veraz y oportuna en el proceso de contratación y migración de tarjetas de crédito “es muy improbable (…) que no hayan sufrido molestias y pérdida de tiempo, por sentirse en cierta forma defraudados”. Agrega la sentencia que “todo daño debe ser acreditado y que la presentación de un reclamo es prueba suficiente de aquella molestia y pérdida de tiempo que se busca reparar”.

Varias cuestiones saltan de inmediato a la vista. Primero, llama la atención que el tribunal haya concedido el daño moral sin que la demandante lo hubiera solicitado específicamente en su demanda. Segundo, es también curioso que se entienda que basta, para acreditar el daño moral, la presentación de un reclamo. El tribunal parece haber construido una presunción judicial a partir de las molestias causadas a los consumidores por la infracción del proveedor, como ha ocurrido con frecuencia en la jurisprudencia reciente1

Pero lo más llamativo es que se entienda que “las molestias y pérdida de tiempo” sufridas por el consumidor constituyen un daño moral susceptible de ser reparado. Hay que recordar que, aun en el ámbito del derecho del consumidor, nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad contractual, por lo que dicho parámetro parece muy bajo como para entenderlo comprendido en el ámbito normal de protección de un contrato netamente patrimonial, quedando fuera de los daños indemnizables ex art. 1558 del Código Civil.

A lo anterior, debe agregarse que si bien la reforma a la LPC admite la reparación del daño moral en este tipo de procedimientos, lo hace de manera restrictiva, solo en los casos que “se haya afectado la integridad física o síquica o la dignidad de los consumidores” (art. 51 Nº 2 inc. 2). Esta restricción responde justamente a la necesidad de limitar la indemnización a un daño moral significativo, descartando que la mera molestia o desagrado del incumplimiento pueda alegarse como tal.

La sentencia, entonces, no solo se equivoca al calificar como daño moral circunstancias que no lo son, sino —lo más preocupante— no se ajusta a los requerimientos que exige el art. 51 Nº 2 inc. 2 de la LPC para que se acoja la indemnización del daño moral en un procedimiento colectivo, a menos que se entendiese que “las molestias y pérdida de tiempo” derivadas de la falta de información o incluso de un incumplimiento contractual pueden considerarse una afección la integridad física o síquica o la dignidad de los consumidores, lo cual no parece lo más razonable, o al menos no se encuentra justificado en la sentencia.

Pero hay más. Hay que recordar que la reforma a la LPC (Ley Nº 21.081) comenzó a regir el 14 de marzo de 2019. Los hechos que fundan la demanda colectiva datan de septiembre de 2016 y la demanda fue ingresada al tribunal con fecha 14 de diciembre de 2017. Se trata entonces de hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma. Si bien la sentencia no aplica explícitamente la versión modificada del artículo 51 Nº 2 de la LPC, pareciera ser que la tiene en consideración al referirse al “monto mínimo común” establecido para la indemnización del daño moral sufrido por los consumidores (considerando vigésimo cuarto).

Si así fuera, esta aplicación retroactiva de la reforma resulta altamente controvertida. Es cierto que podría sostenerse que se trata de una regla que modifica la substanciación y ritualidad de los juicios, con lo cual podría regir in actum (sobre esto véase Pablo Cornejo). Sin embargo, la propia Ley Nº 21.081 contiene un artículo segundo transitorio en el cual se indica que “los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley seguirán tramitándose conforme a sus normas hasta su total tramitación”. Esta norma transitoria impide que la nueva regla del art. 51 Nº 2 se aplique a hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma, ya sea que se estime que se trata de una norma sustantiva o simplemente procesal.

Como puede apreciarse, la sentencia que comentamos deja más dudas que certezas. Habrá que esperar a ver qué dicen los tribunales superiores y la doctrina especializada para ir despejando estas y otras preguntas, en una materia que, por su propia naturaleza, se vislumbra compleja y controvertida.

* Rodrigo Momberg Uribe es profesor de Derecho Civil de la UC de Valparaíso y consejero de Alessandri Abogados, mientras que Alberto Pino Emhart es profesor de Derecho Civil de la U. Adolfo Ibáñez.


1 Hernán Felipe Cortez López, “Molestias y presunciones judiciales. El qué y cómo de la prueba del daño moral en la jurisprudencia de consumo”, en Juan Ignacio Contardo González y Hernán Felipe Cortez López, Cuantificación del daño moral de los consumidores, Ediciones DER, 2019. 

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