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La aparente tensión entre Propiedad Industrial y Libre Competencia

"...Las normas y el enforcement de libre competencia intervienen en las aguas de la propiedad industrial solo cuando los derechos que ella garantiza son abusados para competir con infracción a las normas que regulan la primera de ellas. Esto justifica la alta especialización de nuestras autoridades en la materia, pero les obliga, a la vez, a un especial cuidado y responsabilidad en el ejercicio de sus facultades..."

Viernes, 03 de julio de 2020 a las 20:56
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Carlos Silva
En un fallo reciente, la Corte Suprema,al dejar sin efecto lo resuelto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y revocar la sentencia condenatoria de primera instancia, disipó la aparente tensión entre Libre Competencia y Propiedad Industrial, aclarando la frontera entre ambas disciplinas.

La sentencia se refiere al caso de una empresa que envió cartas informativas a dos de sus clientes. Las mismas, llamadas en la práctica de la propiedad industrial cartas de cese y desistimiento, son misivas en las que el titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual representa una situación de vulneración del mismo y tienen por finalidad el cese en dicha conducta, de manera de poner término a la situación, como acción previa a judicializar el conflicto.

El TDLC conoció de la demanda interpuesta por quien en las cartas se indicaba como infractor de dicho derecho de propiedad industrial, quien denunció el envío como una conducta anticompetitiva. La decisión de primera instancia estableció que el envío de las comunicaciones entrañaría una conducta de competencia desleal ejecutada para excluir del mercado a un competidor.

En su fallo, en primer término, el TDLC concluyó que, dado que los hechos señalados en la carta de cese y desistimiento no habían sido verificados por el tribunal competente como infracción de una patente de invención, los mismos no constituían una infracción a la Ley de Propiedad Industrial. En segundo lugar, estableció que, sin perjuicio de no haberse delimitado el mercado relevante que permite verificar los eventuales efectos de la conducta, y concluyó que el solo envío de una carta que afirma hechos no constatados por la autoridad competente constituye un acto de competencia desleal, que tiene por finalidad la exclusión del competidor del mercado.

La Corte Suprema, al conocer de la reclamación del fallo, reemplazó la decisión, entendiendo que no había existido infracción a la normativa de libre competencia y dejando sin efecto la multa interpuesta.

Para adoptar tal decisión, la Corte se detuvo en un elemento base del ejercicio de facultades jurisdiccionales: la competencia para determinar la ocurrencia de una vulneración a normas que están bajo la jurisdicción de otro tribunal. En efecto, señaló que para determinar la existencia o no de una infracción a la Ley de Propiedad Industrial debe estarse a lo que el tribunal competente establezca. Cabe hacer presente que el considerando décimo sexto del fallo señala que la autoridad jurisdiccional competente para determinar si existe o no infracción de privilegios industriales sería el Tribunal de Propiedad Industrial, sin embargo, aquello no es preciso, puesto que son los tribunales ordinarios, civiles o penales, ante quienes se ejercen tales acciones.

Así, solo una vez acreditada la infracción por la autoridad competente de conformidad a la ley es posible establecer la ocurrencia de un acto que infrinja la normativa de competencia desleal. De esta manera, al no verificarse la concurrencia del elemento estructural que la normativa de libre competencia exige se verifique en el mercado, no existió ilícito anticompetitivo.

Considerando la escasa jurisprudencia en la materia, este fallo es central para entender la relación entre ambas disciplinas. Si bien en un caso anterior el TDLC había acogido una demanda también referida a envío de cartas aduciendo privilegios industriales, considerando que en este caso se trata de competidores que actualmente enfrentan disputas judiciales ante la autoridad de Propiedad Industrial por la infracción de una patente de invención, no es posible establecer una conducta anticompetitiva.

Con esta decisión, la Corte Suprema deja claro que el anuncio del ejercicio de acciones judiciales es una conducta lícita, consistente en un intento autocompositivo, previo al sometimiento del conflicto a la decisión jurisdiccional. En otras palabras, no es ilícito, sino deseable, realizar un intento de precaver un conflicto en que la protección de, en ese caso, una patente de invención que se encuentra debidamente registrada. En definitiva, el envío de comunicaciones informativas o de advertencia o de “cartas de cese y desistimiento” no constituye una conducta anticompetitiva per se.

Lo que esta importante decisión entraña es que ambas normativas, en tanto bases de nuestro orden público económico, deben convivir y complementarse para asegurar y proteger el bienestar de los consumidores. De acuerdo a nuestro ordenamiento, las normas y el enforcement de libre competencia intervienen en las aguas de la propiedad industrial solo cuando los derechos que ella garantiza son abusados para competir con infracción a las normas que regulan la primera de ellas. Lo anterior justifica la alta especialización de nuestras autoridades en la materia, pero les obliga, a la vez, a un especial cuidado y responsabilidad en el ejercicio de sus facultades.

* Carlos Silva Alliende es consultor en Villaseca Abogados.

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