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Creatividad en tiempos de crisis

"...Las ventajas potenciales de estos acuerdos (de reorganización) son su rapidez, que son menos 'mediáticos' y con menor intervención de terceros, toda vez que el proceso judicial de aprobación se iniciará con el acuerdo ya preconcebido entre el deudor y sus acreedores. Son una buena alternativa para empresas con un número pequeño de acreedores o un par que concentre parte importante de la deuda..."

Sábado, 13 de junio de 2020 a las 18:30
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Cristóbal Herrera

La crisis del covid-19 ha puesto en jaque tanto a deudores como acreedores, y a la práctica legal en búsqueda de soluciones donde prime la colaboración para lograr resultados más eficientes y justos para la sociedad. Ahora bien, ¿qué alternativas tienen las empresas que están en un mal momento, pero que son económicamente viables en el futuro?

Centrémonos en el “procedimiento concursal de reorganización”, ya sea judicial o extrajudicial. Por medio de un acuerdo de reorganización extrajudicial o simplificado una empresa deudora con un número relativamente bajo de acreedores podría alcanzar con ellos un acuerdo, con el objeto de reestructurar sus obligaciones. Usualmente, estos acuerdos contienen cláusulas que permiten aplazar fechas de pago y establecer cuotas de pago comunes y oponibles para todos los acreedores del deudor. Para lograr su aprobación se requiere la aquiescencia de la empresa deudora y de dos o más acreedores que representen al menos las tres cuartas partes del pasivo del deudor. Es un quórum alto pero necesario, toda vez que los efectos del acuerdo alcanzan a todos los acreedores, incluso a aquellos que lo hubieren votado en contra. Las ventajas potenciales de estos acuerdos son su rapidez, que son menos “mediáticos” y con menor intervención de terceros, toda vez que el proceso judicial de aprobación se iniciará con el acuerdo ya preconcebido entre el deudor y sus acreedores. Por lo anterior, este tipo de acuerdos son una buena alternativa para empresas con un número pequeño de acreedores o un par de acreedores que concentren parte importante de la deuda.

Una empresa que no esté en condiciones de lograr de manera directa un acuerdo con sus acreedores puede recurrir a los tribunales de justicia e iniciar un procedimiento concursal de reorganización judicial. Para ello, la ley le entrega un período de inmunidad denominado “protección financiera concursal” (PFC), que en estricto rigor también existe para la reorganización extrajudicial, aunque con alcances más limitados. Este lapso puede durar hasta 90 días hábiles, salvo ciertas excepciones, y durante este los acreedores no podrán demandar ejecutivamente a la empresa deudora, se suspenderán los procesos ya iniciados, no podrá iniciarse un proceso concursal de liquidación (quiebra) y los contratos de la empresa deudora con sus acreedores mantienen su vigencia, condiciones de pago y no pueden ser terminados de manera anticipada por los acreedores invocando como causal la reorganización judicial.

Otros efectos de la PFC incluyen la imposibilidad de anticipar el cumplimiento de obligaciones o hacerse efectivas las garantías contratadas, invocando como causal el inicio de un procedimiento de reorganización, efectos que eran muy frecuentes de incluir en nuestra práctica legal. De esta forma, la PFC otorga al deudor un espacio para poder negociar con mayor tranquilidad con sus acreedores, sin la “soga al cuello”. Para aprobar este tipo de acuerdos se requiere del consentimiento del deudor y el voto conforme de los dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen, al menos, dos tercios del total del pasivo con derecho a voto. Si dicho acuerdo no se logra, por regla general el deudor deberá entrar en un proceso de liquidación, lo que también tiene por finalidad evitar solicitudes frívolas con la intención de acceder únicamente a los beneficios de la PFC.

En cuanto al contenido de los acuerdos de reorganización, sean extrajudiciales o judiciales, la ley es bien poco restrictiva y únicamente señala que deberán tratar sobre cualquier objeto tendiente a reestructurar los activos y pasivos del deudor. Los acreedores, desde luego, deberán analizar si la empresa deudora podrá cumplir con sus obligaciones en el futuro e incluir mecanismos que monitoreen el cumplimiento del acuerdo y su solvencia, para lo cual pueden designar a una comisión de acreedores. Es usual que además de ciertas prohibiciones legales, tales como la de distribuir dividendos, se establezcan otras como limitar la remuneración de los directores.

Sin embargo, existen otras medidas más sofisticadas que no son tan recurrentes en nuestra práctica legal y que podrían ser al menos discutidas: dar la opción a los acreedores de capitalizar parte de sus créditos, es decir, transformar su deuda en capital de la empresa deudora, o de novar parte de su deuda mediante la emisión de bonos que puedan circular en el mercado de capitales. La ley prácticamente no pone límites y los acuerdos dependerán en buena parte de la creatividad y ganas de colaborar entre las partes involucradas.

* Cristóbal Herrera Barriga es socio de Baraona Fischer & Cía. y profesor de Derecho Comercial de la Universidad Católica.

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