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Seguro de crédito ante el cataclismo del covid-19

"...En Europa las autoridades ya han provisto políticas de indemnización con garantía estatal o reaseguros públicos (...) Es urgente que la autoridad nacional se aboque de lleno a esta cuestión, proveyendo un sistema de reaseguro estatal que garantice la subsistencia de asegurados, del comercio doméstico e internacional y, en último término, de la economía en su conjunto..."

Viernes, 12 de junio de 2020 a las 17:20
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Marcelo Nasser
Se denomina seguro de crédito aquel por el cual “el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas que experimente por el incumplimiento de una obligación de dinero” (art. 579 del Código de Comercio). Esta modalidad de aseguramiento es ampliamente utilizada por empresas vendedoras y exportadoras para garantizarse el pago del precio de los precios de compraventas nacionales e internacionales (seguro de crédito doméstico y seguro de crédito de exportación). Sin seguro de crédito, probablemente la economía doméstica y el comercio internacional serían muy distintos, acaso gobernado exclusivamente por pagos al contado o por garantías bastante menos eficientes.

Las pandemias graves y descontroladas, además de causar daños a la salud, acarrean una especie de cataclismo que se suele identificar con la saturación los sistemas sanitarios, cierres de fronteras por períodos extensos, clausura o cierre de puertos y aduanas, cuarentenas obligatorias, prohibición de exportación de bienes a determinados países, confiscaciones, cierres forzados de establecimientos educativos, industrias y comercio, restricciones a los derechos fundamentales, fijaciones de precios, modificaciones retroactivas de contratos válidamente celebrados, etcétera.

Como es previsible, el impago y la insolvencia de personas y empresas se tornan mucho más probables cuando se limita o impide el desarrollo de actividades empresariales y comerciales en diversos rubros. Si a ello se agrega que la situación de calamidad pública causada por el covid-19 es idéntica en la mayoría de los países del mundo, el riesgo de impago de los créditos asegurados transita hacia un nivel que podríamos calificar como catastrófico.

En un escenario como el descrito, incluso empresas muy rentables pueden verse enfrentadas a severos problemas de liquidez e incluso a insolvencia. Dada la caída generalizada de las ventas de las empresas y las restricciones impuestas, hoy resulta altamente previsible que se generalice el impago, causando un impacto directo en la eventual siniestralidad de las pólizas de seguro de crédito nacionales e internacionales. Ha surgido en el mundo la pregunta sobre si tamaño riesgo debe o no ser cubierto por los aseguradores o si, por el contrario, pueden hacerse valer las exclusiones de cataclismo contenidas en las pólizas, dejando el riesgo de cargo exclusivo de los exportadores y vendedores. Como puede anticiparse, resulta esencial mantener las coberturas sobre esta clase de riesgos, sin embargo, la existencia de exclusiones hace que la cobertura no necesariamente deba operar.

En los países de Europa, las autoridades han aprobado o ya se encuentran discutiendo programas de reaseguros públicos o garantías estatales de manera de dar continuidad y estabilidad a la cadena de pagos, más allá de las estipulaciones de las pólizas. Entre otras cosas, se pretende no hacer enfrentar a los asegurados a las exclusiones contenidas en los contratos de seguro de crédito, particularmente a la exclusión de riesgos cataclísmicos, y proveer una garantía al asegurador de manera que no sea este quien tenga que soportar riesgos no estipulados ni tarificados.

En efecto, las pólizas de seguro de crédito suelen excluir las pérdidas causadas al asegurado que sean derivadas de la imposibilidad sobrevenida de pago como consecuencia de catástrofes naturales y humanas con carácter de cataclismo. La consecuencia general de esta exclusión es que si al asegurado no le pagan el precio de sus mercaderías como consecuencia directa de haber intervenido una situación cataclísmica, entonces hay justificación legal y contractual para que cese la garantía asegurativa. El asegurado, en consecuencia, podría quedar sin cobertura y no resulta difícil imaginar qué ocurriría con miles de empresas (y con la economía toda) frente a un escenario de quiebre en la cadena de pagos no cubiertos por un seguro.

Retornemos al punto esencial: el Diccionario de la RAE define cataclismo como una “gran catástrofe producida por una inundación o por otro fenómeno natural” y como un “gran trastorno en el orden social o político”. En su tercera acepción se describe como un “disgusto, contratiempo o suceso que altera gravemente la vida cotidiana”. A su turno, el muy reputado Diccionario de uso del español de María Moliner define la voz cataclismo como un “desastre de proporciones desusadas, por ejemplo, un terremoto o un hundimiento que produce la desaparición de una ciudad, e hiperbólicamente, un suceso que causa mucho trastorno material o no material”.

La pandemia del covid-19, y muy particularmente los efectos asociados y postreros de esta, califican con bastante facilidad en todas las acepciones de “cataclismo”. Una pandemia grave es, evidentemente, un fenómeno natural y catastrófico, tal como históricamente ha ocurrido con las pestes y toda clase de plagas. Asimismo, la pandemia ha producido una gran catástrofe o calamidad, de proporciones desusadas y sus efectos han generado —y siguen haciéndolo— un grave trastorno en el orden social material e inmaterial, que ha derivado en una grave alteración en la vida cotidiana, en la libre circulación de los bienes, en las cadenas de abastecimiento (y de pagos), así como en la subsistencia de empresas y de otras organizaciones. Al menos en Chile, la catástrofe ha llevado a que se dicten con una rapidez inusitada más de 70 normas para enfrentar sus efectos, incluidas reformas constitucionales.

Por ello es que nos parece urgente una reacción estatal, como ha ocurrido en otras latitudes, de manera de asegurar la cadena de pagos (y de financiamiento) de las empresas de todo tamaño. No hace mucho tiempo que el propio Jean Bastin juzgaba que para que una exclusión de cataclismo pudiera fructificar sería necesario, entre otras cosas, que “no se pusiese en marcha un sistema nacional de indemnización de los daños en caso de calamidad”1. Hasta donde tenemos noticias, en nuestro país la autoridad aún no ha lanzado un sistema de protección a los asegurados de crédito que pueda garantizar su subsistencia y la de la economía. De hecho, es dudoso que los asegurados puedan subsistir si los aseguradores eliminan o restringen las coberturas de seguros de crédito y aplican las exclusiones de cataclismo correspondientes, pues la aplicación del contrato cortaría de raíz la cadena de pagos domésticos y de exportación, produciendo un efecto sin precedentes en la economía nacional.

Como hemos señalado, en Europa las autoridades ya han provisto políticas de indemnización con garantía estatal o reaseguros públicos, de manera de dar continuidad al seguro de crédito y proveer la continuidad de cadenas productivas, sobre todo, teniendo en cuenta que es precisamente esta modalidad de aseguramiento la que permite volver a poner en marcha el comercio internacional y doméstico. Nos parece que es urgente que la autoridad nacional se aboque de lleno a esta cuestión, proveyendo un sistema de reaseguro estatal que garantice la subsistencia de asegurados, del comercio doméstico e internacional y, en último término, de la economía en su conjunto.

* Marcelo Nasser Olea es abogado, magíster en Investigación Jurídica y doctor en Derecho de la Universidad de Los Andes, donde se desempeña como profesor de Derecho Civil e investigador del Centro de Derecho de Seguros. Además, es director académico del Diplomado en Derecho de Seguros de la Escuela de Seguros de la Asociación de Aseguradores de Chile, director de la Revista Chilena de Derecho de Seguros, profesor de Derecho de Seguros en LLM-UC y socio de Pumpin, Dorfman, Nasser, Díaz y Cía.


1 BASTIN, JEAN (1991) La défaillance de paiement et saprotection. L’assurancecrédit, Paris, LJDJ [versión española es Ibid, El seguro de crédito. Protección en el incumplimiento de pago, Madrid, Mapfre, 1993], p. 99.

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