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Crisis social en Chile y coronavirus: todos salimos juntos de esta

"...Desconocemos cómo evolucionará la pandemia o cuánto durarán sus efectos, pero sí sabemos que muchos se verán en dificultades y ahora más que nunca es necesario que cada uno realice un esfuerzo por apoyar a todos aquellos que sufren los efectos del estallido social y el covid-19, tanto en su dimensión económica como en aquella personal y familiar..."

Martes, 05 de mayo de 2020 a las 10:19
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Edmundo Varas
El viernes 3 de abril se publicó una nueva ley que busca asegurar a las empresas de menor tamaño el pago de las facturas en un plazo de 30 días, prohibiendo los acuerdos que extiendan dicho plazo cuando el deudor sea una empresa cuyos ingresos anuales superan las 100.000 UF. Esta norma se suma al paquete de las medidas que está tomando el Gobierno en materia laboral y tributaria, entre otras, para enfrentar la pandemia del covid-19 y sus efectos sobre la economía del país, principalmente, respecto al aumento en el desempleo y la insolvencia, y el eventual cierre de varias empresas.

No obstante los esfuerzos que se están realizando, el sector empresarial y las organizaciones no gubernamentales, no todos los trabajadores y empresarios, principalmente pymes, van a poder sobrevivir este período. Ya lo señalaba el ministro Ignacio Briones al indicar que “no vamos a poder salvar a todas las empresas”. Por su parte, la presidenta de la ASECH, Alejandra Mustakis, reafirma lo anterior al indicar que “si nos atrasamos dos o tres semanas con las medidas va a quebrar mucha gente y muchos van a perder su empleo”.

Tengamos presente y no olvidemos que la gravedad de la situación actual no es solo efecto de la pandemia. Los trabajadores y las empresas ya venían afectadas por la violencia y protestas del denominado “estallido social” que se inició en octubre pasado. Se perdieron 70.000 puestos de trabajo en el primer mes del estallido social, la economía chilena cayó 2,1% en el cuarto trimestre de 2019 y hubo daños de infraestructura que alcanzaron los US$ 4.500 millones. Por su parte, las cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento señalan que durante el primer trimestre de 2020 las liquidaciones aumentaron 19% en relación al mismo período de 2019, tendencia que debería seguir al alza durante el primer semestre de este año.

El panorama para quienes, con dificultades, lograron sobrevivir al 18-O vuelve a verse amenazado por los efectos de la crisis sanitaria. ¿Qué nos queda para el futuro?

Algunos dirán que la solución vendrá de parte del Estado, el cual debería tomar medidas como, por ejemplo, controlar precios, regular bienes y actividades esenciales. Incluso hay quienes proponen que siga el ejemplo de algunos gobiernos autoritarios que han tomado medidas sin siquiera pensar en el costo que ello puede tener para las libertades individuales. Finalmente, un grupo aboga por que sean los grupos más privilegiados, que han acumulado grandes riquezas, quienes deberían poner a disposición de la comunidad sus bienes sin derecho a ningún tipo de compensación.

Después de haber sido testigo de los efectos de los terremotos de los años 1985, 2005, 2010 y 2014 (por contar algunos), los incendios del verano de 2017, el estallido social de 2019 y ahora la pandemia del covid-19, he llegado a una conclusión. Las soluciones proveídas desde el Estado pueden ayudar, pero nunca serán suficientes, porque para superar las barreras se requiere, necesariamente, del compromiso de la sociedad en su conjunto.

Creo que la solución la encontraremos en el espíritu de la frase “todos salimos juntos de esta”, porque implica un esfuerzo, dentro de lo posible, de cada uno de los que somos parte de nuestro país. En tal sentido, a mi juicio, esto considera varios elementos:

1) No es necesario esperar la orden de una autoridad o una reforma legal para comenzar a ayudar al prójimo. Muchos ya lo han hecho, por ejemplo, la CPC lanzó un Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile ($43.500 millones aproximadamente); BHP realizó una donación a la Pontificia Universidad Católica de Chile para desarrollar un sistema de detección rápida del coronavirus ($4.500 millones) y los bancos han puesto en marcha una serie de medidas para apoyar a sus clientes. Me consta el esfuerzo que están realizando varias empresas para mantener a toda su planta de trabajadores, no obstante estar legalmente habilitados para desvincularlos o suspender la relación laboral (Casa Ideas pagó las remuneraciones de abril a sus 1.200 trabajadores, aun cuando mantenga sus locales cerrados).

2) Se necesitan aportes de diversas índoles, no solo en dinero. Por ejemplo, Fundación Pro Bono Chile lanzó nuevamente su programa Ayuda Legal Chile, el cual busca dar asesoría legal gratuita en relación con temas relevantes vinculados al covid-19 (ej: laboral, tributario, etc.) o el proyecto Chile Comparte de TECHO-Chile, junto a Hogar de Cristo, Fondo Esperanza, Movidos por Chile, Red de Alimentos y Servicio Jesuita a Migrantes, para ayudar a las familias más vulnerables con cajas solidarias de alimentación.

3) Cada gesto es importante. Tal vez no todos estamos en condiciones de realizar grandes aportes monetarios como los antes indicados, pero sí podemos contribuir de otras maneras. Por ejemplo, y viendo algunas iniciativas compartidas por redes sociales, hay quienes están recolectando fondos en apoyo a kiosqueros que no tienen ingresos, ya que no pueden vender sus productos, o para crear becas para familias que no pueden pagar matrículas estudiantiles. Algunos arrendadores han rebajado o no están cobrando rentas de arrendamiento e incluso algunos pagan por servicios que no les son prestado con el solo objeto de no perjudicar a la persona a que se ve imposibilitada de prestar su servicio por la cuarentena (un ejemplo muy común es el pago al transportista escolar o el de la trabajadora de casa particular).

Desconocemos cómo evolucionará la pandemia o cuánto durarán sus efectos, pero sí sabemos que muchos se verán en dificultades y ahora más que nunca es necesario que cada uno realice un esfuerzo por apoyar a todos aquellos que sufren los efectos del estallido social y el covid-19, tanto en su dimensión económica como en aquella personal y familiar.

* Edmundo Varas Karmy es socio de Morales & Besa, abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho de la Empresa y diplomado en Sociedades y Financiamiento, ambos por la U. de los Andes.

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