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Prescriptibilidad de la acción indemnizatoria por servidumbres establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos

"...Lo controversial del caso queda en evidencia al indagar en las razones que condujeron a los tribunales de primera y segunda instancia para establecer que una acción de carácter patrimonial, y que no se encuentra afecta a ningún régimen especial de prescripción, era imprescriptible, siéndole ajenas las reglas generales establecidas en nuestro ordenamiento..."

Viernes, 14 de febrero de 2020 a las 11:48
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Camila Cortés

En el marco de una demanda interpuesta en el año 2014 por el propietario de un inmueble emplazado en la comuna de Río Bueno contra una concesionaria de distribución de energía eléctrica por la que se pretendía una indemnización de perjuicios por la constitución, en el año 1991, de una servidumbre eléctrica que gravaba dicho inmueble y que se materializó y puso en marcha en el año 2000, surgió la interrogante de si la acción del propietario del predio sirviente es prescriptible.

Antes del referido litigio la jurisprudencia nacional había sido conteste al señalar que la mencionada acción era prescriptible. Sin embargo, la duda se planteó cuando el Juzgado de Río Bueno falló que las acciones que buscan obtener un pago por la constitución de servidumbres eléctricas en predios de terceros eran imprescriptibles, esgrimiendo que dichas servidumbres son ejercidas continuamente en el tiempo, lo que se traduciría en que el daño que se produce es de carácter continuo y, por ende, el propietario del predio sirviente podría interponer la acción en cualquier momento. Dicho planteamiento fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, causando un gran impacto, pues lo razonado parecía no coincidir con los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico.

Por su parte, la Corte Suprema, al conocer de este asunto mediante un recurso de casación, patrocinado por Garnham Abogados, dejó sin efecto lo resuelto por los tribunales de primera y segunda instancia, estableciendo que la acción mediante la cual se persigue el pago por la constitución de una servidumbre eléctrica, a falta de regla especial, se encuentra sujeta a la regla general de prescripción del artículo 2515 del Código Civil (CC). En consecuencia, a diferencia de lo razonado por los tribunales de fondo, estableció que la acción sí es prescriptible.

Lo controversial del caso queda en evidencia al indagar en las razones que condujeron a los tribunales de primera y segunda instancia para establecer que una acción de carácter patrimonial, y que no se encuentra afecta a ningún régimen especial de prescripción, era imprescriptible, siéndole ajenas las reglas generales establecidas en nuestro ordenamiento.

En efecto, de la lectura de los fallos de los jueces de fondo y la consideración de los hechos del caso no se divisan razones fundadas para no aplicar las normas generales de prescripción contempladas en el CC. En definitiva, lo que parece quedar en evidencia es que detrás del razonamiento de los jueces del fondo se encuentra la idea de prevalencia de justicia material por sobre los fundamentos que esgrimen la institución de la prescripción.

En este sentido, los fallos de primera y segunda instancia se insertan en cierta tendencia jurisprudencial reciente, en virtud de la cual se intenta cambiar los paradigmas de lo que sea definido como justo en el sistema jurídico, alejándose de las normas del sistema jurídico y apelando a una vaga idea de “justicia material”. Dicha tendencia es criticable y peligrosa, particularmente en materia de prescripción. En efecto, no debe perderse de vista que la prescripción, como otras instituciones jurídicas, existe para garantizar la seguridad jurídica, salvo que por norma legal expresa, en atención a que por la naturaleza de la materia se determine lo contrario.

De tal manera, la prescripción, en cuanto permite consolidar las situaciones de hecho, conduce a la seguridad jurídica y, de esta manera, a la realización de la justicia. En este sentido, mediante la prescripción extintiva se propende al resguardo del orden social y a la seguridad, estabilidad y consolidación de las relaciones jurídicas. De allí que no parece razonable que nuestros tribunales hagan primar ciertas concepciones de justicia “material” en desmedro de la prescripción. Al hacerlo así se pierde de vista que el objetivo que el derecho persigue a través de ella es propender a la consolidación de situaciones de hecho, de manera que los sujetos actúen adecuadamente, y no proteger a quienes no ejercen sus derechos en tiempo y forma.

* Camila Cortés Carrasco es asociada de Garnham Abogados.

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