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El recurso pertinente

"...La actual situación abre las siguientes interrogantes jurídicas: ¿es posible que los acuerdos de los partidos políticos infrinjan nuestras garantías constitucionales? ¿Es posible que el actuar o no actuar de los poderes del Estado o de sus representantes, en este caso, Ejecutivo y Legislativo, vulnere nuestras garantías (...)? De ser 'sí' la respuesta, entonces existe el recurso de protección, con orden de no innovar..."

Jueves, 13 de febrero de 2020 a las 10:18
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Verónica Pollak

El ordenamiento jurídico es una estructura legal sistémica compleja en la cual cada pieza cumple una función esencial. Existe una lógica en el ordenamiento jurídico en su conjunto y en cada parte que individualmente lo compone. Por ello es que el uso de la fuerza y su aprobación, ya sea expresa o tácita, como medio de presión para obtener cambios legislativos, padecen de profunda irracionalidad.

Las consecuencias directas e inmediatas han sido la exposición permanente del país a la inestabilidad social y jurídica. ¿Cómo es posible que bajo fuerza se acuerde someter la actual Constitución Política de la República de Chile a un plebiscito? ¿Cómo es posible que además se someta a plebiscito bajo el slogan “mixto” la opción de que una tercera parte desconocida pueda llegar a tener el poder de designar a terceros desconocidos para que contribuyan a la redacción de una nueva Constitución cuyos parámetros también parecieran ser desconocidos? ¿Cómo es posible que este acuerdo provenga de los partidos políticos y además cuente con el respaldo de los poderes Ejecutivo y Legislativo?

Existe un proceso legalmente establecido para llevar a cabo cambios legislativos, incluso legislar sobre una nueva Constitución. “Legislar” es el verbo rector ausente. Los parlamentarios tienen un mandato legal específico para cumplir la función legislativa en el contexto del ordenamiento jurídico legalmente establecido. Por ello, pongo en duda, en general, la validez jurídica y oponibilidad de los acuerdos que los partidos políticos alcancen fuera de la institucionalidad, sea o no que uno o más de los poderes del Estado o sus representantes los ampare.

Una situación similar se vio en abril de 2016 cuando la entonces Presidenta Michelle Bachelet designó a 216 personas como “monitores” de los “cabildos” del denominado “proceso constituyente”. Esas personas fueron llamadas “expertos” luego de hacer un curso de tres días en la Universidad de Chile. Si recordamos, la ex Presidenta designó también a un “Consejo Ciudadano de Observadores”. Todos esos actos constituyeron una extralimitación legal de la entonces representante del Poder Ejecutivo en sus funciones.

Entonces, ¿por qué ahora los chilenos parecieran estar dispuestos a firmar un cheque en blanco en favor de aquellas personas contra las cuales reclaman haber dilapidado su confianza en los últimos años?

La actual situación abre las siguientes interrogantes jurídicas: ¿es posible que los acuerdos de los partidos políticos infrinjan nuestras garantías constitucionales? ¿Es posible que el actuar o no actuar de los poderes del Estado o de sus representantes, en este caso, Ejecutivo y Legislativo, vulnere nuestras garantías constitucionales, entre otras, el derecho de propiedad que tenemos sobre la normativa actualmente vigente y el proceso legalmente establecido para llevar a cabo cambios legislativos, incluyendo los constitucionales? De ser “sí” la respuesta, entonces existe un recurso legal pertinente: el recurso de protección, con orden de no innovar.

En caso de llegar a ser interpuesto este recurso y acogido por la respectiva Corte de Apelaciones o Corte Suprema, según sea el caso, estaremos en presencia de un efectivo acto de control entre los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por un lado, una auténtica representación del orden y del respeto a la institucionalidad, y, por otro, una verdadera protección de la democracia y los actos democráticos en el país, porque los chilenos votamos cuando hay elecciones y no le delegamos nuestro voto ni el poder de decisión a nadie, ni conocido ni desconocido.

En caso de que no se interponga ni individual ni colectivamente ningún recurso de protección o en caso que de ser interpuesto sea rechazado, entonces veremos y escucharemos durante los próximos dos años —como mínimo— a aquellos que han dilapidado nuestra confianza, solo que ahora con más poder. Veremos y escucharemos cómo hacen y deshacen la institucionalidad y el respeto que con tanto ahínco deseamos tener.

Si ahora los poderes Legislativo y Ejecutivo son incapaces de respetar y hacer respetar la institucionalidad y las leyes y tienen dificultades extremas para sentarse a razonar y pensar, seriamente, qué desean modificar, qué consideran sería adecuado redactar y con qué objetivo especifico, es decir, con mira a los efectos de una nueva normativa, entonces no crean que en dos años, ni en tres, ni en diez lo harán. Hoy, en pleno 2020, están mirando 50 años atrás, cuando en realidad podrían invertir el tiempo y criterio en una visión país consolidada con miras a 50 años en el futuro. ¿Qué quieren hacer?

* Verónica Pollak Podlech es abogada, además de máster y doctorada en Derecho por la Universidad de Zúrich, Suiza.

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