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Sueldo mínimo: de un sistema simple a uno complejo

"...Al margen de lo urgente que es tomar medidas inmediatas, si el propósito del actual Gobierno —o de los venideros— es idear un cambio estructural en la materia, corresponde que se consideren otras variables que van más allá de la cifra y que permitirían generar un aumento en los salarios con un efecto redistributivo en la riqueza que no implique un aumento del gasto público..."

Miércoles, 30 de octubre de 2019 a las 17:57
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Gonzalo Aravena
Dentro de los anuncios realizados por el Gobierno con ocasión de la agenda social se encuentra la creación de un ingreso mínimo asegurado para todos los trabajadores contratados a jornada completa. El anuncio no comprende un aumento del salario mínimo propiamente tal, sino que un subsidio estatal que permite asegurar a dichos trabajadores un ingreso mínimo de $350.000. En consecuencia, la diferencia existente entre el salario mínimo que perciba el trabajador y los $350.000 será aportada por el Estado a través de un subsidio depositado directamente en la cuenta bancaria del trabajador.

La premura impuesta por el contexto político y social de los últimos días no dio tiempo ni espacio suficiente para un debate transversal y participativo sobre una de las materias económicas más sensibles de toda agenda política: el salario mínimo. Por eso, al margen de lo urgente que es tomar medidas inmediatas, si el propósito del actual Gobierno —o de los venideros— es idear un cambio estructural en la materia, corresponde que se consideren otras variables que van más allá de la cifra y que permitirían generar un aumento en los salarios con un efecto redistributivo en la riqueza que no implique un aumento del gasto público. Se trata, sin duda, de una discusión compleja, especialmente considerando los efectos heterogéneos que el aumento del sueldo mínimo produce sobre los niveles de empleo1.

En su génesis, el salario mínimo tiene por objeto resguardar la capacidad adquisitiva de los trabajadores de bajos ingresos, reducir la pobreza y disminuir la inequidad2. Un 90% de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —187 países— mantiene un sistema de salario mínimo, ya sea fijado por ley o convenios colectivos. Más allá de la cifra, el mecanismo de fijación es relevante en tanto un diseño incorrecto del sistema pone en peligro el bienestar de los trabajadores y además fomenta las prácticas informales3. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, 15% de las personas ocupadas en 2018 recibió ingresos mensuales entre $200.000 y $300.000 y 50% percibió ingresos menores o iguales a $400.000. Asimismo, el 25,7% de las personas entre 15 y 24 años de edad son asalariados informales y 43,5% de los ocupados que reciben ingresos iguales o menores al ingreso mediano corresponden a trabajadores informales4.

El salario mínimo puede fijarse en base a un sistema único o complejo. Los sistemas únicos establecen un salario mínimo a nivel nacional mientras que los complejos establecen salarios mínimos diferenciados en función de factores productivos o geográficos. Los sistemas de salario mínimo complejo se instauraron en un principio con el propósito de reducir la intervención estatal al mínimo, protegiendo solo aquellas áreas en que los actores sociales (negociación colectiva) fueran incapaces de regular un salario mínimo adecuado5. En un país como el nuestro, que carece de negociación colectiva por rama o sector, un sistema complejo de sueldo mínimo variado podría ser una herramienta útil para disminuir la desigualdad de ingresos.

La discusión anual del salario mínimo en nuestro país suele reducirse a determinar un nuevo monto, obviando factores estructurales que debiesen incluirse en el debate para obtener un sistema que asegure una mejor distribución de la riqueza, sin afectar de manera relevante a pequeñas y medianas empresas (pymes), que comúnmente tienen menor capacidad de pago.

Por todo lo anterior, es necesario cuestionarse la conveniencia de mantener el sistema actual de salario mínimo único nacional o, por el contrario, mutar a un sistema complejo que establezca diferencias basadas, por ejemplo, en el tamaño de las empresas, las utilidades de estas o sus ventas.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada sistema?

En cifras de la OIT, la mitad de los países ocupa un sistema de sueldo mínimo simple que asegura una remuneración mínima para todos los trabajadores, sin distinción. La otra mitad utiliza un sistema complejo.

La OIT ha identificado las siguientes ventajas del sistema simple respecto al sistema diferenciado: (i) la determinación del monto inicial del salario mínimo y sus ajustes posteriores suelen ser de tramitación y discusión simple, dado que no requieren del análisis de factores económicos o sociales de distintos sectores productivos para determinar valores múltiples, sino que se centra en fijar un valor único a nivel nacional; (ii) el monto determinado y sus reajustes son fáciles de comunicar a la comunidad y de simple implementación, y (iii) la fiscalización del cumplimiento es más sencilla6. Respecto de este último punto, la realidad chilena presenta dificultades evidentes, particularmente en atención al carácter reactivo de la fiscalización que realiza la Dirección del Trabajo, motivado por factores cuyo análisis escapa a esta columna.

La gran desventaja del sistema de salario mínimo simple radica en que se trata de un sistema rígido que ofrece poca flexibilidad y no permite reconocer las diferencias entre los distintos sectores productivos y geográficos del país7. Particularmente en países de regiones productivamente heterogéneas como el nuestro, los sistemas de salario mínimo único pasan por alto las distintas condiciones económicas y de trabajo de sus habitantes, los distintos costos de vida de las regiones y las oportunidades de empleo y necesidades sociales de las personas8. En la práctica, es un sistema que suele nivelar hacia abajo en función de no afectar el crecimiento económico y la capacidad económica de las pymes.

Por otra parte, el sistema complejo tiene como ventaja la posibilidad de reconocer con mayor precisión las necesidades de cada sector —productivo o geográfico— y, de esta forma, establecer salarios mínimos más altos en sectores productivos que pueden pagar mejores sueldos, incrementando de esta forma los salarios promedio y mejorando en consecuencia la redistribución de la riqueza.

Sin perjuicio de lo anterior, el cambio a un sistema complejo requeriría iniciar un debate sobre qué sectores o empresas podrían pagar sueldos más altos. Estos sistemas imponen desafíos institucionales, puesto que la determinación de salarios mínimos diferenciados requiere de una mayor cantidad de información de los distintos sectores productivos, regiones y trabajadores9. Consecuentemente, lo anterior significará una mayor dificultad a la hora de procesar y discutir los montos en el órgano legislativo. Además, un sistema complejo implicaría extender la fiscalización de la autoridad laboral a la inspección del elemento o factor que determina la diferencia en el monto a pagar (tamaño de la empresa, utilidades o ventas generadas, etc.)

Dentro del análisis que implicaría mutar a un sistema complejo surge naturalmente la pregunta sobre qué factor considerar. Las alternativas suelen distinguir entre el sector económico (hospitalidad, agrícola, retail, servicios, entre otros), especialización de los trabajadores (determinado por su nivel de competencias laborales) y el tamaño de las empresas (determinado según el número de trabajadores contratados).

Cada factor presenta desafíos distintos a la hora de ser implementado. Por ejemplo, una diferencia basada únicamente en el sector o rubro económico podría generar anomalías, por cuanto pymes y grandes empresas que se desarrollan en un mismo sector podrían estar obligadas a pagar un mismo sueldo, teniendo capacidades de pago distintas. Asimismo, una diferencia fijada en función a la especialización de los trabajadores podría aumentar las brechas salariales, agudizando la inequidad. Incluso, una variación fundada exclusivamente en el tamaño de la empresa podría desincentivar que una de estas continúe contratando trabajadores para evitar caer en un nivel de sueldo mínimo superior o fomentar la creación de “empresas satélites” para diversificar las entidades contratantes y evitar caer en niveles de sueldo mínimo más elevados10. Cobra relevancia, entonces, que la discusión involucre también el análisis de la eficacia de figuras como la unidad económica y subterfugio, reguladas en los artículos 3 incisos 3° y 4° y 507 del Código del Trabajo, y la capacidad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo11.

La discusión debe ir de la mano con una evaluación de las herramientas que actualmente la legislación e institucionalidad laboral disponen para garantizar la implementación de un sistema complejo y su fiscalización posterior. Con todo, si el objetivo a futuro es implementar mecanismos que permitan mejorar los índices de distribución de riqueza del país, la discusión debiera comenzar, al menos, por analizar la factibilidad de mutar hacia un sistema de sueldo mínimo complejo que permita aumentar el sueldo mínimo en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de pago y no centrar la discusión únicamente en el monto.

* Gonzalo Aravena Frontaura es abogado de la U. Adolfo Ibáñez, LL.M. por la U. de Melbourne, Australia, y asociado del área Laboral de Baraona, Fischer & Cía.

 
1 Gonzalo Castex H., “Aumento del salario mínimo y sus efectos sobre el mercado laboral”, Economía Chilena, Volumen 15, N° 2, Agosto de 2012, pág. 120.
2 Ídem, pág. 117.
3 Oficina Internacional del Trabajo, “Guía sobre políticas en materia de salario mínimo”, pág. 3
4 Instituto Nacional de Estadísticas, “Encuesta Suplementaria de Ingresos – ESI 2018”. 
5 Andrés Marinakis, “Sistemas de salarios mínimos múltiples o simples”, 8 de noviembre de 2011, pág. 2
6 Oficina Internacional del Trabajo, “Guía sobre políticas en materia de salario mínimo”, pág. 26.
7 Ídem, pág. 23.
8 María Areta Martínez, “El debate sobre el salario mínimo diferenciado por regiones en el Perú”, Revista de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, pág. 8.
9 Oficina Internacional del Trabajo, “Guía sobre políticas en materia de salario mínimo”, pág.27. 
10 Ídem, pág. 25.
11 La declaración de unidad económica tiene por objeto que dos o más empresas sean consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales cuando entre ellas comparten una dirección laboral común y concurren condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboran o prestan, o existe entre ellas un controlador común. Por su parte, la figura del subterfugio busca sancionar a aquellos empleadores que, ocultando, disfrazando o alterando su individualización o patrimonio, eluden el cumplimiento de obligaciones laborales o previsionales.

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