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Una aproximación al test de razonabilidad de las medidas legislativas desigualatorias

"...La razonabilidad y objetividad interactúan de manera conjunta y como primer test, pudiendo afirmar que, primeramente, una medida será constitucional si es razonable y objetiva, siendo la razonabilidad inseparable de la objetividad (una medida no objetiva no será razonable). Pero, hay casos donde concurren dudas sobre la justificación de la diferenciación al aplicar únicamente estos dos elementos..."

Martes, 03 de septiembre de 2019 a las 9:46
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Tomás Jordán
Toda norma que establece un trato diferenciado debe justificar su imposición en el sistema normativo. Este examen se denomina test de razonabilidad. El Tribunal Constitucional (TC) ha tratado la razonabilidad de las medidas legislativas particularmente con relación al artículo 19 Nº 2 (derecho a la igualdad), Nº 3 (debido proceso) y Nº 26 de la Constitución (garantía del contenido esencial de los derechos) de la Constitución. El numeral 26 fija los elementos a los que se debe ceñir la intervención del legislador cuando se impone una medida sobre los derechos fundamentales. El criterio general es equivalente: se deben examinar el fundamento de la medida y las circunstancias donde se aplica.

El artículo 19 Nº 26 dispone que todos los preceptos legales que regulen o complemente los derechos constitucionales no pueden afectar su esencia (la garantía del contenido esencial). El contenido esencial es el contenido constitucional mínimo de un derecho fundamental que permite diferenciarlo del desarrollo legislativo. Corresponde a la justicia constitucional determinar ese mínimo en cada derecho más allá de los enunciados normativos y examinar si el legislador ha transgredido ese núcleo indisponible. Se entiende como una “garantía” para las personas al instituirse como un contenido mínimo protector ante cualquier atisbo de vulneración por parte de la ley.

Así, toda norma que implique una restricción a un derecho fundamental debe ser contrastado con el test de razonabilidad, de modo de evitar acciones legislativas arbitrarias (carentes de justificación).

El TC, en la sentencia de inconstitucionalidad rol Nº 1345-2009-INC (considerando 10º), expresó que las limitaciones y restricciones a los derechos no pueden afectar el libre ejercicio de los mismos. Toda medida legislativa debe cumplir tres requisitos: i) no puede hacer irrealizable el derecho, ii) se debe elegir la opción que restrinja menos el derecho a afectar, lo cual se vincula a los objetivos o finalidad perseguida, y iii) se debe efectuar de un modo prudente o razonable. En este sentido, la medida debe ser ponderada, graduada y proporcional. En su considerando jurídico 10º parte final la sentencia afirma: “(…) Debe revisarse entonces si las limitaciones que establece la norma legal en examen se encuentran suficientemente determinadas por la ley y si están razonablemente justificadas; esto es, si persiguen un fin lícito, resultan idóneas para alcanzarlo y si la restricción que imponen puede estimarse proporcional al logro de esos fines lícitos que la justifican”.

En materia de igualdad en la ley o de trato diferenciado del legislador, el TC ha sostenido que toda diferencia debe ser razonable. Exige tres requisitos para la concurrencia de razonabilidad: i) que las personas estén en situación diferentes, ii) que la diferencia no sea arbitraria, referido a que busque establecer un régimen perjudicial o una situación favorable indebida para algunos y, iii) que se examine la fundamentación de la diferencias y las circunstancias en las que se aplica.

La sentencia rol Nº 2935-2015 (C. J. 32º) dispone que la diferencia razonable concurre entre personas que no se encuentren en la misma condición, para luego aplicarla a personas ubicadas en posición equivalente. Exige un estándar de no arbitrariedad de doble cara: por un lado, la medida no puede ser hostil con una persona o grupo de ellas, y, por otro, que no puede ubicar a personas o grupos en situaciones de privilegio. Así, lo primero que se debe examinar es la justificación de la medida. Expresa el TC: “(…) De esta forma, un primer test para determinar si un enunciado normativo es o no arbitrario, consiste en analizar su fundamentación o razonabilidad y la circunstancia de que se aplique a todas las personas que se encuentran en la misma situación prevista por el legislador”.

Lo anterior acarrea un imperativo para el legislador de otorgar razones objetivas y pertinentes cuando establece diferencias de trato. Estas pueden encontrarse en la propia norma, en la historia de la ley o derivarse de un examen de la norma y la finalidad de esta. Así lo indicó la sentencia rol Nº 2113-2011 c. j. 10º: “(…) Así, la ley siempre debe obedecer —para lo que aquí interesa— a determinados motivos o presupuestos objetivos, pertinentes y razonables, los cuales pueden encontrarse en el tenor mismo de la norma, venir claramente expuestos en la historia fidedigna de su establecimiento, o derivar lógicamente de la finalidad que se tuvo en cuenta para justificar su emisión”. Esta objetividad se vincula a la finalidad que persigue el legislador. Expresa el considerando jurídico 13º de la sentencia anterior. “Así, para poder determinar si se infringe la igualdad ante la ley, es necesario atender, además, a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir el derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada, necesaria y tolerable para el destinatario de la misma (…)”.

De lo anterior se puede concluir que hay tres elementos que deben concurrir en una medida legislativa para que sea constitucional: razonable, objetivo y proporcional. Estos elementos operan en dos tiempos. La razonabilidad y objetividad interactúan de manera conjunta y como primer test, pudiendo afirmar que, primeramente, una medida será constitucional si es razonable y objetiva, siendo la razonabilidad inseparable de la objetividad (una medida no objetiva no será razonable). Pero, hay casos donde concurren dudas sobre la justificación de la diferenciación al aplicar únicamente estos dos elementos. En estas situaciones se debe hacer concurrir el test de proporcionalidad. Ante la inconsistencia de la justificación concurre este test, debiendo el juez examinar si la medida es adecuada considerando la situación fáctica, los fines perseguidos y el derecho afectado (STC Rol N° 1448, C.J. 37° y STC Rol N° 1584, C.J. 19°). La proporcionalidad quedará para una próxima columna.

* Tomás Jordán Díaz es socio de AJP Abogados y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado

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