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¿Quién defiende a quienes defienden el medio ambiente?

"...El Tratado de Escazú sobre acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, junto con ser un acuerdo sobre medio ambiente y derechos humanos con un énfasis en la equidad, es el único y primero a nivel internacional vinculante que aborda explícitamente la situación de las y los defensores ambientales..."

Lunes, 13 de mayo de 2019 a las 9:36
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Valentina Durán y Constance Nalegach
El 20 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución relativa al “reconocimiento de la contribución que hacen los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente al disfrute de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible”. Con ello, contribuye a una serie de instrumentos internacionales que abordan una realidad cada vez más dramática: los ataques a quienes están en primera línea defendiendo nuestro medio ambiente.

El Consejo recalca que, a pesar de su valiosa contribución a que los Estados cumplan el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre los defensores de derechos humanos, los defensores ambientales son los más expuestos.

La nueva resolución insta a los países a adoptar medidas de protección eficaces, participativas, integrales y no discriminatorias y los exhorta a aplicar leyes o políticas para garantizar el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, la libertad de buscar, recibir y difundir información y la igualdad de acceso a la justicia, y en particular, a un recurso efectivo en la esfera del medio ambiente.

La resolución contó con el liderazgo de Noruega y el firme auspicio de países como Argentina, Brasil, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Dicho protagonismo regional es relevante porque Latinoamérica y el Caribe concentran sobre el 60% de los más de 200 asesinatos de defensores ambientales en 2017, según estudios de Global Witness, a lo que se suman actos de violencia de género, de acoso, amenazas, intimidaciones, campañas de difamación, actos de criminalización y acoso judicial, desalojos forzados y desplazamientos.

En Chile, el mapa de conflictos socioambientales del INDH registra un incremento desde 97 casos, el 2012, hasta 116 en 2015. Si el deterioro de nuestro entorno y los incuestionables impactos del cambio climático no se enfrentan desde un enfoque de derechos humanos, reduciendo la desigualdad y la asimetría, y fortaleciendo la democracia, se avizora un incremento de la conflictividad socioambiental.

Sin duda el levantamiento, reconocimiento y condena a nivel nacional e internacional de estos preocupantes escenarios son pasos importantes, pero a todas luces insuficientes.

El Tratado de Escazú sobre acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, junto con ser un tratado sobre medio ambiente y derechos humanos con un énfasis en la equidad, es el único y primer acuerdo internacional vinculante que aborda explícitamente la situación de las y los defensores ambientales. Por ello ha sido valorado mundialmente y se espera que su implementación contribuya a garantizar un entorno seguro y propicio para proteger los derechos de los defensores ambientales y prevenir, y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones. Con su entrada en vigor, los países rendirán cuenta de sus avances y desafíos, y podrán cooperar entre sí y fortalecer sus capacidades. En particular, los Estados que no han avanzado en instrumentos específicos sobre defensores ambientales, como es el caso de Chile, podrán beneficiarse de la experiencia de países como México, Brasil o Colombia.

No fue sorprendente que esta reciente resolución del Consejo destacara el Acuerdo de Escazú, tal como lo valorara el último informe del relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente, que pidió a los Estados priorizar las medidas de protección a los defensores ambientales. Este ya había sido respaldado, durante sus negociaciones, por diversas relatorías de las Naciones Unidas. Y es que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos y libertades fundamentales.

El Acuerdo de Escazú, impulsado por Chile, brinda una herramienta concreta en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos y de los defensores ambientales. La urgencia justifica que estos desafíos sean relevados en los foros de desarrollo sostenible y medio ambiente, como la próxima COP 25 sobre cambio climático, y suma otro argumento más para abogar por su pronta firma, ratificación y entrada en vigor.

* Valentina Durán es directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y Constance Nalegach es consultora internacional en sustentabilidad.

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