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Comentario al libro “Ética pública y rescate del Estado”, de Maritza Castro

"...Las interrogantes, por consiguiente, se vuelven sólidas y nutridas: ¿sobre qué bases, antes y más allá del legislador, es realmente posible sostener la legitimidad sustantiva de un sistema jurídico? ¿Puede servir a esa misión la supremacía de la Constitución a la cual, sin embargo, el positivismo somete al fuego nutrido de su tesis relativista?..."

Martes, 30 de octubre de 2018 a las 16:46
Ficha técnica
Título: Ética pública y rescate del Estado
Autor: Maritza Castro Frías
Editorial: Rubicón Editores
Edición: 2018
Precio: $14.990
108 páginas
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Por José Luis Cea
En el libro que me es grato presentar, su autora, Maritza Castro Frías, demuestra haber cumplido cuatro desafíos: primero, ser franca o sincera en los planteamientos, particularmente los relativos a la ética, su diferencia con la moral y la incidencia de ambas en el Derecho; segundo, escribir con claridad y sencillez, permitiendo que el lector avance, rápido y sin pausa, en el correr de las páginas; tercero, enfrentar un tema complejo y difícil, de máxima trascendencia en el cambio de época que vivimos, manifestándose en favor del Estado comprometido con el respeto de la dignidad humana y la realización del bien común, y cuarto, formular proposiciones dirigidas a reconquistar a esa forma política en su versión contemporánea, derrotando la corrupción.

Creo que es suficiente lo dicho a propósito de los dos primeros desafíos aludidos. En cambio, resulta necesario detenerse en los comentarios de los desafíos tercero y cuarto en los cuales se halla, en realidad, el aporte sustantivo novedoso de la obra citada.

I. Ética, política y positivismo

La autora investiga la ética pública para culminar planteando algunas reformas al Estado. Lo hace convencida de que la erosión de la ética pública tiene gravitación decisiva en la organización estatal. Tras definir esa especie de ética, siguiendo a Aristóteles y Wittgenstein, principalmente, coincide con quienes perciben que el discernimiento entre el bien y el mal en las conductas y costumbres es una cualidad que se inculca desde la infancia en las familias, siguiendo a las instituciones de educación, formales o informales. Pero tal socialización de valores la concibe en términos relativos, salvo tratándose de la dignidad humana y el bien común.

En ligamen con tal dignidad, la autora expresa seguir las reflexiones de Kant, posiblemente las formuladas en 1792 en su Fundamento de Metafísica de las Costumbres; y a propósito del bien común, no cita fuentes pontificias ni a la Constitución chilena vigente, incluyendo en su lugar un concepto parecido al que figura en el artículo 1º de esa Carta Fundamental.

Difícilmente puede disentirse de tales proposiciones de la autora. La dificultad estriba, sin embargo, en que son frecuentes e impunes las trasgresiones de la dignidad humana y del bien común, a través de leyes y actos administrativos. La corrupción, una de cuyas expresiones es la mentira y, en este tiempo, su versión moderna de la postverdad, fue condenada por Kant, como lo había sido en los textos bíblicos. Y en punto al bien común, ¿alguien, por ventura, proclama su rechazo a ese concepto? Y, sin embargo, cuántos son los que defienden reformas para debilitarlo en su esencia como se ha comprobado en Chile con un proyecto de enmienda constitucional presentado meses atrás.

Evoco la polémica que Benjamín Constant tuvo con Kant en 1797, cuando el primero acusó al segundo de proscribir siempre el engaño, por vulnerar aquella dignidad. Kant, desbarrado al contestar, casi un año después, adujo que la ley, acatando el primero de los imperativos categóricos de su filosofía, era la que decidía si los embustes quedaban o no tolerados y, por ende, legitimados en la normatividad positiva.

El tópico recién recordado marca una clave del Derecho y la política en los últimos dos siglos, es decir, el formalismo jurídico que, recogido por los neokantianos, v.gr., Hans Kelsen, han logrado relativizar el universo de los valores, comenzando por la verdad. Hoy, esa corriente filosófica y la ciencia jurídica dogmática se han impuesto a través de la entronización del subjetivismo, la expulsión de la objetividad en la axiología y la sumisión a la omnipotencia de lo mandado por ley. Ni siquiera los dos valores supremos a que adhiere Maritza Castro Frías ceden a tal embestida. Las interrogantes, por consiguiente, se vuelven sólidas y nutridas: ¿sobre qué bases, antes y más allá del legislador, es realmente posible sostener la legitimidad sustantiva de un sistema jurídico? ¿Puede servir a esa misión la supremacía de la Constitución a la cual, sin embargo, el positivismo somete al fuego nutrido de su tesis relativista? En fin, ¿qué decir del problema en el mundo globalizado, uno de cuyos rasgos matrices radica en la exclusión de la infalibilidad del legislador, como quería Jean Jacques Rousseau que fuera la soberanía que detentaba su autor?

Obviamente, quien enfrenta disyuntivas como las mencionadas terminará defendiendo al Estado, desde la potestad constituyente hacia abajo, o bien, con las dificultades que tal actitud tiene intentar, como sea, salvarlo de la corrupción expansiva que ya lo envuelve, replanteando la eterna discusión de una normativa antropocéntrica, o de su opuesta, la normativa teocéntrica. Adoptando una posición distinta, el humanismo propugnará los valores de la verdad, la justicia, la honestidad, la probidad, el esfuerzo, el respeto y muchos otros que hoy se predican y no practican.

II. Estado de crisis y crisis del Estado

El libro que comento lleva a reflexionar sobre una arista apenas tratada en el rescate del Estado. Alexis de Tocqueville tuvo, en 1835, la premonición de lo que hoy sucede en el tema. Efectivamente, él visualizó el impacto que los grupos de interés, de presión y de tensión ejercen sobre los órganos estatales, doblegándolos para que sirvan sus demandas sectoriales. Ese es un cautiverio del Estado consumado con evidente perjuicio para el bien común y la dignidad humana, rasgos con que se configura la base institucional más importante, cual es la servicialidad del Estado. Junto con rescatar al Estado de la crisis ética, por consiguiente, trátase de transformarlo para que salga de la captura en que se halla.

La búsqueda resuelta que efectuó Maritza Castro Frías de paliativos y soluciones que liberen al Estado de esas garras, cuya presencia observamos en paralizaciones y tomas impunes de servicios esenciales, la lleva a proponer medidas preventivas como el examen de idoneidad intelectual, moral y psíquica de todos los funcionarios públicos. Ya existe, pero solo en parte, esa exigencia y también otra que los inhabilita por condena en consumo de drogas y, con parecida intención, aboga por garantizar la huelga y la negociación colectiva a todos los servidores públicos. Nuevamente, pensamos que es correcta la proposición de la autora, aunque polémica más que difícilmente susceptible de aprobación.

Sigmund Bauman se interrogó en torno a lo que él llamó estado de crisis o crisis del Estado. En realidad, me parece que no son alternativas, pues ambas se hallan en plena expansión. Atravesamos un estado de crisis, prueba de lo cual es nuestra época de cambios que acumuló cuatro revoluciones grandiosas: la Reforma Protestante, la Paz de Westfalia, el Congreso de Viena y la globalización con la revolución en las comunicaciones. Y es también la crisis del Estado, forma política que sobrevive a otras cuatro revoluciones: industrial, energética, tecnológica y de la inteligencia artificial. Pese a tantos cataclismos, el Estado sigue mostrándose crudamente obsoleto y, por ende, incapaz de cumplir las finalidades esenciales con que fue concebido.

Recuérdese que han pasado 500 años desde que el poder religioso fue separado del poder político por la Reforma Protestante; han trascurrido casi 400 años desde que la Paz de Westfalia trazó la territorialidad como límite de la potestad pública, y son más de dos siglos los vividos desde el Congreso de Viena, en el cual se pactaron los principios de independencia territorial y no intervención de terceros Estados en los dominios del primero. Pues bien, basta observar las migraciones masivas e incontrolables que se van sucediendo con Estados que optan por tolerarlas para no reprimir con secuelas desastrosas a quienes cruzan las fronteras, y es suficiente constatar cómo los tribunales internacionales, en defensa de los derechos humanos, van sobreponiéndose a las cortes nacionales imponiendo al control de convencionalidad en desmedro de la supremacía de la Constitución. Es, en resumen, la población empoderada la que irrumpe en esos fenómenos, buscando una vida mejor, agotada de esperar la legitimidad democrática verdadera, indicación de anhelo de bienestar físico y espiritual que no encuentra.

Entre tanto, el Estado vetusto, operado por gobiernos ineficientes y a veces corruptos, mantiene a la ciudadanía sumida en la discriminación y la miseria. Les dejo formulada una pregunta final: ¿cuál puede ser, en esa doble crisis, el futuro de la democracia representativa y del Estado de Derecho humanista, valores en los cuales, con fe renovada, hoy seguimos creyendo?

* José Luis Cea Egaña es ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor titular de las universidades Católica y de Chile.

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