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Impuesto digital: desafío que seguirá pendiente

"...La tasa de 10% aplicado a todo, distorsiona. Sin embargo, cabe destacar que esta norma es en la práctica transitoria, puesto que se espera para el 2020 las recomendaciones finales de la OCDE acerca de qué tratamiento tributario se le deberá dar a los servicios digitales, a las que Chile se sujetará y deberá adaptar su legislación..."

Viernes, 19 de octubre de 2018 a las 9:14
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Juan Pablo Cabello
Si usted es usuario de Netflix o Spotify, prepárese, porque en el futuro su cuenta debiera subir. La razón: mayores impuestos. En efecto, el proyecto de modernización tributaria busca gravar estos servicios, con el objeto de igualar la cancha con el comercio tradicional.

Esto va en línea con lo que ocurre en la actualidad en los demás países. En base al principio de equidad tributaria, la OCDE promueve que tanto el comercio digital como el convencional se sometan a los mismos niveles de tributación. Por ello, sugiere la implementación de medidas legislativas en busca de establecer un tratamiento similar. En esta cruzada, los países han ido adoptando diversas medidas, tales como: i) afectar con IVA las operaciones de servicios digitales; ii) gravar con impuesto a la renta a los no residentes (prestador del servicio) con tasas especiales; iii) un impuesto de carácter único y sustitutivo (es el caso del proyecto de ley en Chile) y iv) considerar a las empresas tecnológicas como establecimiento permanentes virtuales en el país, gravándolas como cualquier otra entidad local.

Este reciente desafío global tiene clara expresión en Chile, donde los servicios digitales prestados desde el extranjero han estado libres de tributación, ya sea por interpretación legal o por imposibilidad de fiscalizar. Bajo a esta cruzada, el proyecto de reforma tributaria propone un impuesto específico, indirecto, con tasa de 10% sobre el monto pagado por servicios digitales, tales como la intermediación digital (Airbnb, UberEats), el entretenimiento digital (Netflix, Spotify) o el almacenamiento de datos (icloud).

¿Será aprobada esta norma en el legislativo? Es de sumo probable que sí, ya que cuenta con un apoyo mayoritario y transversal. No obstante, subsisten puntos aún controvertidos que debemos resolver. Primero, ¿por qué no se igualó a la tasa del IVA? Según el gobierno, se optó por una tasa promedio de la realidad internacional evitando, a su vez, “matar el emprendimiento”; pero, asimismo, si el objeto es igualar la cancha, eso se logra empatando las tasas. Segundo, ¿cómo evitar el impuesto si uso mi tarjeta de crédito nacional para servicios a usar en el extranjero? Por ejemplo, puedo arrendar un inmueble en Perú a través de Airbnb (el impuesto aplica solo si el servicio es utilizado en Chile). La norma presume legalmente que el uso de tarjeta nacional implica un servicio utilizado en Chile y de seguro que el banco (al ser agente retenedor) retendrá el impuesto cualquiera sea el caso. Tercero, ¿cómo abordar aquellos casos en que el pago al exterior comprende otros conceptos? El caso tipo es el de Netflix o Spotify, donde el pago es íntegramente la remuneración a la entidad extranjera, pero si hablamos, por ejemplo, de UberEats, el pago al exterior comprende no solo la remuneración de la entidad extranjera, sino también el precio a pagar al comercio local y al transportista local (montos que luego le serán abonados por la entidad extranjera).

En este caso, la tasa de 10% aplicado a todo, distorsiona. Finalmente, cabe destacar que esta norma es en la práctica transitoria, puesto que se espera para el 2020 las recomendaciones finales de la OCDE acerca de qué tratamiento tributario se le deberá dar a los servicios digitales, a las que Chile se sujetará y deberá adaptar su legislación.

Y si el ruido ambiente no engaña, pasará por exigir a estas empresas constituir establecimientos (a lo menos virtual) en cada país, haciéndolos tributar como cualquier otra entidad residente en el lugar, tal como ocurrirá en Chile con los servicios de transporte de pasajeros prestados a través de aplicaciones (Uber), en virtud de otro proyecto de ley que se encuentra en discusión.

* Juan Pablo Cabello Palma es abogado y socio principal de Cabello Abogados.

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