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Por la reparación integral del daño al amparo de la Ley N°19.496

"...La sentencia que comentamos se aleja de una consolidada doctrina en cuanto a la independencia de la acción civil, criterio que se ha ido asentando cada vez más en la jurisprudencia. Esperamos que el fallo no sea un retroceso en la protección de los derechos de los consumidores y que la Corte Suprema retome el rumbo de una 'sana' jurisprudencia en esta materia..."

Viernes, 13 de julio de 2018 a las 9:30
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Patricio Rámila y Benjamín Silva
Una reciente sentencia dictada por la Corte Suprema, de fecha 12 de abril de 2018, (Rol N°995-2018), acogió un recurso de queja interpuesto en contra de algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El fallo revive un interesante debate en materia de Ley de Protección del Consumidor (LDPC), en cuanto a la prescripción de la responsabilidad contravencional versus la responsabilidad civil y si la segunda es dependiente de la primera o no.

Más allá de que estamos de acuerdo en que el arbitrio haya sido acogido —toda vez que los ministros recurridos modificaron el petitium del demandante—, las interrogantes que abre la sentencia producto de un —a nuestro juicio errado criterio— son: ¿es el plazo extintivo de la acción civil el mismo que el contravencional? ¿Son ambos plazos de caducidad? ¿Es dependiente la acción civil de la infraccional?

De los considerandos primero, segundo y cuarto del fallo citado, la Corte Suprema responde afirmativamente a todas estas interrogantes. Nosotros pensamos de forma diferente y nos permitimos responder las preguntas antes formuladas de manera opuesta al máximo tribunal.

En cuanto al plazo extintivo, creemos que los artículos 26 inciso primero y 21 de la LPDC se refieren exclusivamente a la responsabilidad contravencional. Esto, porque aquella cumple un rol únicamente sancionatorio, no equiparable a la función resarcitoria que supone la responsabilidad civil; así, el plazo extintivo de la responsabilidad civil es aquel del derecho común y variará si nos encontramos frente a un consumidor jurídico —responsabilidad contractual— o material —responsabilidad extracontractual—. Esta interpretación se condice con el Derecho de Daños, en que el énfasis se encuentra en la reparación integral del daño y los intereses del acreedor (consumidor) insatisfecho. Un ejemplo de lo anterior es que su concepción misma permite demandar en sede civil no infraccional y conforme a la normativa del Derecho del Consumo.

En cuanto la naturaleza jurídica de dicho plazo extintivo, que evidentemente no es de caducidad, sino que uno de prescripción, si bien ambos velan por la seguridad de las relaciones jurídicas, tienen grandes diferencias. La caducidad no supone exigibilidad ni ejecutablidad, así como tampoco admite interrupción o suspensión, operando la decadencia del plazo de pleno derecho. En estricta relación con lo anterior, podemos señalar que en la prescripción extintiva lo que se protege es el interés particular del deudor, en cambio, la caducidad estaría más ligada a la protección del interés público. Esto último no ocurre con los plazos dispuestos en los artículos 26 inciso primero y 21 de la LPDC.

Por último, creemos en la independencia de la acción civil de la infraccional, esto no solo porque las finalidades de una y otra son diferentes, sino porque suponer la obligatoriedad del consumidor de interponer una querella infraccional —que recordemos es a beneficio fiscal— para la satisfacción de su interés es imponerle una carga injusta para la tutela judicial efectiva de sus derechos. Así, creemos que la cita que hace la Corte Suprema al artículo 9 de la Ley 18.287 es errada, porque no es necesaria su aplicación o porque dicha redacción se refiere más a la oportunidad que al estatuto de regulación de dicha acción. La LPDC es autosuficiente en cuanto la independencia de la acción civil y, para ello, existen poderosas razones de texto.

El artículo 50 letra a) y b) plasman lo que venimos señalando. La primera, en lo pertinente, establece: "Los jueces de policía local conocerán de todas las acciones que emanan de esta ley..." y la segunda: "Los procedimientos previstos en esta ley podrán iniciarse por demanda, denuncia o querella, según corresponda." (ennegrecido de los autores). Lo anterior se corrobora luego de un sencillo análisis, ya que el incumplimiento de obligaciones que deriva de una relación de consumo no implica necesariamente una infracción en los términos de la LDPC.

Eso sí, creemos que la interposición conjunta de lo infraccional y lo civil, lejos de suponer una dependencia, implica reconocer una utilidad práctica y probatoria, toda vez que permite iniciar una aproximación de negociación si existe un sanción infraccional aparejada a la condena civil y que, acreditada que sea la infracción, opera una prueba contra legalidad que facilita la acreditación de los requisitos de la responsabilidad civil. Por otra parte, cabe hacer presente que la responsabilidad civil e infraccional, contemplada en la LDPC, difiere en la causa de pedir y la cosa pedida, cuestión que no hace más que concluir la independencia de las acciones. Por lo tanto, la interposición conjunta obedecería a una razón de economía procesal más que a otra cuestión de fondo.

* Patricio Rámila Pinochet y Benjamín Silva Aldana son abogados de Alessandri.

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