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Comentario al libro “Protección de consumidores”, de Mauricio Tapia

"... Se trata de una contribución importante porque, en primer lugar, consolida lo que la dogmática promueve hace tiempo, que no es otra cosa que una revisión importante por parte del legislador de todo el ámbito de aplicación de la ley o relación de consumo en sus aspectos subjetivos y objetivos..."

Lunes, 14 de agosto de 2017 a las 17:12
Ficha técnica
Título: Protección de consumidores
Autor: Mauricio Tapia Rodríguez
Editorial: Rubicón Editores
Edición: junio 2017
Precio: $19.990
166 páginas
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Francisca Barrientos
En esta ocasión quisiera ofrecer algunos comentarios a la monografía que recientemente ha escrito el profesor Mauricio Tapia Rodríguez de la Universidad de Chile intitulada “Protección de consumidores. Revisión crítica de su ámbito de aplicación”, publicada por Rubicón Editores.

Y lo primero que destaco es la pluma del profesor Tapia. Este libro se encuentra muy bien escrito, se nota el cuidado que el autor le dedica a las investigaciones académicas que realiza.

Segundo, se trata de un tema importante. En efecto, cuando se habla de relación de consumo hay describir quién es consumidor, la persona que califica como proveedor y la necesidad de celebrar un acto mixto, en los términos del artículo 3 del Código de Comercio (civil para el consumidor y mercantil para el proveedor), junto con la exigencia que el bien o servicio sea de consumo masivo.

En realidad, desde hace un buen tiempo se han realizado esfuerzos para intentar comprender el denominado “ámbito de aplicación” o “relación de consumo” de la Ley Nº 19.496 de 1997 sobre protección de los derechos de los consumidores, en adelante ley o LPDC.

Existen múltiples razones para justificar esta afirmación. Primero, la relación de consumo constituye el paso inicial para aplicar cualquier institución de la ley (v. gr. deberes de información, publicidad, ofertas, promociones, controles de los contratos por adhesión, aspectos financieros, servicios, intermediación, cobranzas extrajudiciales). Otra razón sería dogmática, como se ha vulgarizado esta ley, la civilística debe enfrentarse a desafíos importantes para sistematizar los primeros artículos de esta normativa, reinterpretarlas a favor de los consumidores e identificar las tendencias judiciales adecuadas.

Así, el profesor Tapia comienza describiendo el derecho positivo. Explica las definiciones de consumidor y de proveedor, denominadas “ámbito subjetivo” de la relación de consumo descritos en los artículos 1 Nº 1 y 2 LPDC, y luego comenta el “aspecto objetivo”, compuesto por el estudio del acto mixto, según las reglas descritas en los artículos 2 letra a) y 2 bis LPDC. Continúa con la descripción de las principales modificaciones legales de estas normas y las definiciones legales actualmente vigentes (22 págs.).

Ya de lleno en el tema objeto de estudio se ofrece una revisión crítica del ámbito subjetivo desde el punto de vista doctrinal y luego jurisprudencial.

Aquí cuestiona si todas las personas jurídicas deben calificar como consumidores llegando a la conclusión que “… si bien es cierto que en una gran cantidad de actos las personas jurídicas con fines de lucro no califican como consumidores, ello es producto de la aplicación de los demás requisitos de aplicación de la LPC y no por el hecho de tener fines lucrativos” (p. 27).

Personalmente, discrepo de esta afirmación, porque me parece que en la LPDC existen bastantes argumentos para defender la posición contraria, sobre todo con la inclusión de la expresión: “En ningún caso podrán ser considerados consumidores los que de acuerdo al número siguiente deban entenderse como proveedores” (artículo 1 Nº1 LPDC), que el autor propone derogar (p. 70).

La Ley Nº 20.416 de 2010, conocida como “estatuto pyme”, zanjó la discusión respecto del tipo de empresa que podría calificar como consumidora, al reconocer que solo las micro (cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año calendario) y pequeñas empresas (aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 2.400 unidades de fomento y no exceden de 25.000 unidades de fomento en el último año calendario) podrán serlo. Así, se explica que el artículo 9º de la referida ley haya considerado el “rol de consumidoras” a dichas empresas, porque naturalmente no lo tienen. Son empresas (proveedoras en los términos de la LPDC) que por excepción se encuentran dentro de la protección que esta ofrece.

De todas formas, como lo advierte el autor, no puede ocurrir que se disminuya la protección en favor de estas empresas (micro y pequeñas) porque no se reconoce su carácter de consumidoras, como parece advertirlo de las sentencias que recoge (pp. 30 a 34).

Por otra parte, celebro que haya reafirmado la petición que desde hace tiempo realiza la doctrina (Pinochet, Momberg, Corral, Isler, Barrientos, entre otros) en orden a excluir o derechamente derogar la expresión “acto jurídico oneroso” de la definición de consumidor (artículo 1 Nº 1), que ha generado algunas decisiones cuestionables en la praxis judicial (pp. 55-56 y 69-70). Tapia, avanza y propone derogar las expresiones “onerosidad”, por una parte, y “acto jurídico”, por la otra, a efectos de evitar equívocos en la aplicación judicial de la ley respecto de los consumidores materiales (los que no compran) y los que no alcanzan a comprar o celebrar actos jurídicos (potenciales consumidores).

Ahora bien, en lo que dice relación con el concepto de proveedor el autor examina la exclusión de los profesionales liberales cuestionando, con acierto, la vigencia de la prohibición y las sentencias que lo aplican (pp. 60-61 y 71).

Comparto su propuesta innovadora de incluir en la definición de proveedor, contenida en el artículo 1 Nº2 LPDC, las expresiones “con o sin fines de lucro” para evitar los inconvenientes que ha causado la tendencia judicial que entiende que estos sujetos deben perseguir un fin lucrativo siempre. Eso no es así, pues como el mismo advierte, hay fundaciones, corporaciones o empresas estatales que no lo hacen. Por mi parte, agrego, que lo importante no es el lucro del proveedor, sino que la “capacidad de organización” que tiene frente al consumidor (sujeto no organizado).

Respecto de la supletoriedad de la ley, especialmente en lo que se refiere a las actividades y contratos excluidos, lleva mucha razón el autor en su propuesta de derogar el artículo 2 de la ley, que tantos problemas ha generado por las inclusiones y exclusiones que realiza.

Así, no hay forma de explicar que se excluya la calidad de los servicios de educación (artículo 2 letra d]), vivienda (artículo 2 letra e]) o salud (artículo 2 letra f]), pero que ingresen al ámbito de conocimiento de la LPDC el contrato de educación de la enseñanza básica, media, técnico profesional y universitaria; los contratos de venta de viviendas realizadas por empresas constructoras, inmobiliarias y por los servicios de Vivienda y Urbanización, y los actos celebrados o ejecutados con ocasión de la contratación de servicios en el ámbito de la salud.

En definitiva, se trata de una contribución importante porque, en primer lugar, consolida lo que la dogmática promueve hace tiempo, que no es otra cosa que una revisión importante por parte del legislador de todo el ámbito de aplicación de la ley o relación de consumo en sus aspectos subjetivos y objetivos.

En segundo lugar, porque propone derogar la exclusión de los profesionales liberales, o incluir la expresión “sin fines de lucro” para clarificar que también son proveedoras.

Y en tercer lugar, porque ofrece un examen completo de las sentencias relacionadas con esta materia.

Por esas —y otras razones que no puedo desarrollar por temas de espacio— felicito al profesor Tapia por la publicación de esta monografía, que está llamada a ser fuente obligada de lectura para todas las personas interesadas en temas jurídicos relacionados con los consumidores.

* Francisca Barrientos Camus es profesora investigadora de la Fundación Fernando Fueyo, directora de la Academia de Derecho y Consumo (Adeco) de la Universidad Diego Portales.

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