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El puente Cau Cau: (aparentemente) un caso de “culpa concurrente del acreedor”

"... Resulta interesante analizar la situación desde el punto de vista de la responsabilidad civil derivada del incumplimiento del contrato de construcción, especialmente desde una perspectiva muy específica: ¿qué ocurre cuando la frustración del negocio se debe tanto a una negligencia del acreedor (en este caso el MOP) como del deudor?..."

Jueves, 10 de agosto de 2017 a las 10:45
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Lilian San Martín

Según se ha señalado en algunos medios de comunicación, el MOP habría reconocido que el puente Cau Cau tiene errores de diseño, aunque agrega que las fallas se originaron por problemas de materiales y constructivos1.

Frente a ese panorama, resulta interesante analizar la situación desde el punto de vista de la responsabilidad civil derivada del incumplimiento del contrato de construcción, especialmente desde una perspectiva muy específica: ¿qué ocurre cuando la frustración del negocio se debe tanto a una negligencia del acreedor (en este caso el MOP) como del deudor?

Si aceptamos que el puente efectivamente tenía errores de diseño y que este fue íntegramente proporcionado por el MOP, sin que Azvi haya tenido injerencia alguna en él, surge inmediatamente la inclinación a pensar que, por esa parte, la constructora no es responsable; sin embargo, aquí cobran importancia dos aspectos relacionados con la necesaria colaboración que debe haber entre las partes de un contrato: (i) el deber de aviso en caso de que el constructor advierta o esté en condiciones de advertir los errores, y (ii) la “culpa del acreedor” como causal coadyuvante del incumplimiento, entendido este como la desviación del programa contractual. Ambos aspectos inciden directamente en el quantum respondeatur; por lo tanto, atendidas las cuantías involucradas en el caso en cuestión, tienen gran importancia práctica.

El deber de aviso (que no debe confundirse con el deber de información), consiste en un deber secundario de conducta, derivado de la buena fe, en virtud del cual las partes están llamadas recíprocamente a darse noticia de aquellos acontecimientos o circunstancias que alteren o tenga la virtud de alterar el desarrollo del programa contractual. En Chile, este deber de aviso está específicamente reconocido a propósito de algunas hipótesis particulares de contratos y una de ellas es precisamente el contrato de confección de obra material, es decir, el contrato de construcción. En efecto, según el artículo 2000, regla 3ra., si la cosa perece por vicio de la materia suministrada por el que encargó la obra, “salvo que el vicio sea de aquellos que el artífice por su oficio haya debido conocer, o que conociéndolo no haya dado aviso oportuno”.

Si bien no cabe duda de que en su formulación original dicha regla fue pensada para los materiales, entendidos como aquellos elementos que pasarán a formar parte de la sustancia de la cosa (madera, piedras, metales, etc.), es perfectamente posible sostener que ella, por constituir una manifestación concreta del principio de buena fe contractual, es extrapolable a los diseños proporcionados por el mandante, con lo cual al artífice no le bastará con alegar que la obra tenía problemas de diseños. Para exonerarse de responsabilidad, el artífice deberá demostrar que él no los advirtió y que tampoco estaba en condiciones de advertirlos, cuestión que, atendido el alto nivel de profesionalización y sofisticación de Azvi, resulta difícil de admitir, con lo cual, en principio, ese alegato no tendría el efecto deseado.

A este punto el lector estará pensando que ese mismo grado de profesionalización puede invocarse respecto del MOP, cuyo “giro” principal es precisamente ocuparse de obras de infraestructura, entre las cuales destacan las  de vialidad, este análisis es correcto y, aquí radica precisamente la razón por la cual entra en consideración la idea de “culpa del acreedor” como coadyuvante de la frustración del programa contractual. En síntesis, dado que el MOP, como parte igualmente sofisticada, entregó diseños con errores, él es el primer responsable de la frustración del contrato en lo que dice relación con el diseño del proyecto; sin embargo, dado que Azvi estaba en condiciones de advertir los errores y tenía el deber de avisar de los mismos, su conducta se suma como concausa de dicha frustración. La consecuencia práctica de este análisis es que Azvi no se exonera de responsabilidad, sino que debe igualmente responder por esa partida; sin embargo, al momento de fijar el quantum, el juez deberá tener en cuenta la circunstancia de que el MOP entregó diseños erróneos y distribuir entre ambos la responsabilidad, ajustando la indemnización según la contribución de cada parte.

Hasta aquí, el análisis se ha centrado en los errores en los diseños, pero un análisis semejante puede realizarse respecto de los errores constructivos y de materiales. Para esto es necesario tomar en consideración que en una obra de tal envergadura el mandante suele tener personal experto de su confianza encargado de supervigiliar la obra, el cual va dando su aprobación por etapas. En este caso, según se desprende de los medios de comunicación, los errores no se advirtieron sino hasta cuando la obra estaba completamente finalizada, con lo cual no puede menos que pensarse en una segunda negligencia compartida, que acarrearía las mismas consecuencias ya descritas.

Para concluir este somero análisis, es oportuno reiterar algo que ya dijimos con anterioridad en esta misma sede, esto es, que cuando el acreedor coadyuva al incumplimiento del contrato, para efectos de establecer el quantum respondeatur, es perfectamente posible aplicar los razonamientos realizados a propósito del artículo 2330 del Código Civil, relativo a la exposición imprudente al daño, pues, por una parte, el origen de esa regla se encuentra precisamente en materia contractual y, por la otra, en algunos ordenamientos extranjeros, pertenecientes a nuestra misma tradición jurídica (v. gr. Alemania, Austria, Italia, Perú), así como en instrumentos de unificación del Derecho privado (v. gr. PECL, DCFR), se aplica expresamente en sede contractual. Todo lo cual da cuenta de la validez de la regla en ambas sedes de responsabilidad.

* Lilian C. San Martín Neira es profesora de Derecho Civil, Universidad Alberto Hurtado.

1 En un correo privado el ministro de obras públicas habría sostenido lo siguiente: "Lo probable es que Azvi judicialice la resolución de cargos, para lo cual tiene un argumento: hay errores de diseño, y por lo tanto en esa parte no es de responsabilidad de ellos // El punto es que, habiendo errores de diseño, las fallas se originaron por problemas de materiales y constructivos". Fuente: Emol.com

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