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Objeciones a la objeción de conciencia en el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo

"... Lo primero que llama la atención es la discriminatoria omisión que se hace del personal de salud (enfermeras, anestesistas, matronas u otros) (...) Ello acarrearía que, aun cuando las convicciones religiosas, morales o ideológicas de estos 'otros' profesionales de la salud produzcan un conflicto de conciencia frente a la práctica abortiva, estarían impedidos de invocarla..."

Miércoles, 19 de julio de 2017 a las 15:43
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Betzabé Araya y José Ignacio Núñez

La objeción de conciencia es una figura injustificadamente preterida en nuestro sistema jurídico, al menos a nivel explícito. Por ello un proyecto de ley que la contemple, genera altas expectativas.

Sin embargo, la regulación que de ella se hace en el proyecto de nuevo artículo 119 ter del Código Sanitario ha originado algún tipo de controversia especialmente por su alcance, al no hacerse extensiva a algunos sujetos y situaciones que podrían acarrear inconvenientes al momento de poner en práctica los efectos esperables del referido instituto.

Atendido lo anterior, pretendemos llamar la atención sobre aquellas cuestiones que, de cara a la objeción de conciencia, fueron soslayadas y deberían (a nuestro juicio) ser tratadas en un proyecto de ley como el de la especie.

Lo primero que llama la atención en el referido precepto es la discriminatoria omisión que se hace del personal de salud (enfermeras, anestesistas, matronas u otros) que tendrían la labor de asistir la interrupción del embarazo. Dichos profesionales, según el proyecto de ley, no podrían ser objetores de conciencia ya que el estatuto en análisis estaría solamente previsto para el médico(a) cirujano(a). Ello acarrearía que, aun cuando las convicciones religiosas, morales o ideológicas de estos “otros” profesionales de la salud produzcan un conflicto de conciencia frente a la práctica abortiva, estarían impedidos de invocarla. Cuestión que, aparte de injusta, resulta —pensamos— inconstitucional.

Asimismo, previene el artículo 119 ter del proyecto que se requerirá que el objetor de conciencia haya manifestado su negativa a realizar abortos al (la) director(a) del establecimiento de salud, lo que deberá llevarse a cabo en forma escrita y previa, cuestión que pone un curioso requisito al derecho a la Libre Manifestación de las Creencias: su anuncio formal antes de ejercerlas.

Sobre el particular, es necesario señalar que si bien es comprensible que como vía para prevenir la ausencia de servicio el legislador exija dar aviso de la objeción al (la) director(a) del establecimiento de salud, también es cierto que la preceptiva pudo haber previsto una solución intermedia como la exoneración de la obligación de practicar abortos ante la existencia de otro profesional de la salud sin objeción que esté dispuesto a realizarlo, aun sin manifestación escrita y previa. Igual cuestión acontece con la premura de atención inmediata e impostergable, donde simplemente ante la urgencia de la madre no tendría importancia la objeción de conciencia, ya que la única forma que el mismo proyecto de ley prevé para hacer valer el instituto resultaría inútil en tal contexto, pues no importará si hubo o no manifestación de voluntad del objetor de manera, porque en cualquier caso se le obligará al objetor a interrumpir el embarazo y a actuar en contra de su voluntad.

Cabe hacer presente que frente a idéntica situación, la solución que en México se ha propuesto es contar, en todo momento, con personal no objetor a fin de que quienes manifiestan conflictos de conciencia no deban someter sus convicciones producto de su desempeño laboral; cuestión que traslada la cuestión desde los hombros de las personas—que por ejercer funciones públicas no dejan de ser personas— a quien debe ser el garante de toda prerrogativa jurídica: el Estado.

De este modo, consideramos que el proyecto de ley debe ser entendido como una ocasión para abordar este tema con altura de miras, atendida la realidad de nuestro país cada vez más pluriconfesional e intercultural, a fin de impregnar la diversidad como un aspecto natural adosado al crecimiento de una nación y que permitirá edificar el pluralismo como reflejo de una sociedad más democrática.

* Betzabé Araya Peschke es abogada de la UC de Valparaíso, LL.M. de la U. Católica y candidata a Máster por la Universidad Pontificia de Salamanca, mientras que José Ignacio Núñez Leiva es abogado y Magíster de la U. Católica, candidato a Doctor en Derecho por la U. de Castilla-La Mancha e investigador de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae.

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