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Vigencia temporal de la ley Nº 20.886 sobre tramitación digital de los procedimientos judiciales

"... Esto significa que todas aquellas causas iniciadas —entiéndase, con demanda presentada, aún no notificada— estarán gobernadas por las disposiciones de la antigua normativa, por lo que los apelantes y recurrentes de casación seguirán sujetos a las cargas procesales que se suprimen con la reforma..."

Miércoles, 18 de enero de 2017 a las 10:41
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Gonzalo Cortez
La entrada en vigor de una nueva Ley procesal suscita problemas relativos a su aplicación temporal respecto de los procesos que se encontraban vigentes bajo el régimen previsto en la normativa anterior, problemas que debieran quedar resueltos en las denominadas normas de derecho transitorio.

Como explica De La Oliva, el estudio de la vigencia temporal de la ley procesal está condicionada por dos factores: la irretroactividad de la ley y el desarrollo temporal sucesivo del proceso1. En virtud de la irretroactividad de la ley al proceso que se inicie estando en vigor una determinada ley procesal se le aplicará dicha ley, con independencia de la materia objeto de la pretensión, que estará regida por el derecho sustantivo que corresponda. El desenvolvimiento temporal sucesivo del proceso explica la necesidad ineludible de incluir reglas transitorias en las regulaciones legales que contemplen el caso de los procesos pendientes al comenzar la vigencia temporal de las nuevas normas.

En efecto, como señaló Chiovenda, para una adecuada comprensión del régimen de la aplicación de la ley procesal en el tiempo debe distinguirse entre los procesos terminados, los no iniciados y los pendientes2. Los dos primeros no plantean problema, rigiendo en un caso la ley antigua y en el otro, la ley nueva. Es la tercera situación la que se presenta como compleja porque puede generar una colisión entre ambas regulaciones.

La regla es que las leyes procesales rigen in actum, es decir, de inmediato, lo que significa que prevalecen sobre la antigua desde su entrada en vigor (art. 24 LER). En concreto, los procesos pendientes iniciados bajo la vigencia de la anterior normativa deben sujetarse a las normas de la nueva ley. El hecho de que iniciado un proceso bajo el imperio de una determinada ley deba regirse, a partir de cierto momento, por otra ley procesal posterior llevó a la Corte Suprema a sostener que las leyes procesales tienen el carácter de retroactivas3, lo que, por cierto, no es exacto porque significa confundir efecto inmediato con retroactivo. Para que una ley procesal fuera retroactiva sería necesario que los efectos procesales producidos por actos realizados bajo el imperio de una norma procesal queden anulados o modificados por una posterior, la cual, de ese modo, extiende hacia atrás en el tiempo su eficacia4.

Sin embargo, la vigencia de la norma del art. 24 LER, aún considerando sus notables excepciones, plantea problemas prácticos evidentes pues, aplicando el criterio inspirador de la norma, cada acto procesal se rige por la ley vigente al momento de su realización, con lo cual el proceso quedará sujeto a dos regulaciones diferentes, afectándose con ello el conjunto armónico de la actividad procesal.

Por esta razón parece preferible la decisión de aplicar a los procesos pendientes la ley que se encontraba en vigor al inicio de su tramitación. Este es el criterio empleado en la ley 20.886, que en su disposición transitoria Nº 2, establece que las disposiciones de esta ley solo se aplicarán a las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia. Como se sabe, la normativa tuvo una entrada en vigor diferida, comenzando a regir en la mayor parte del país a contar de seis meses desde la fecha de su publicación, en tanto que para las causas que se tramiten ante los tribunales que ejerzan jurisdicción en los territorios de las cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción sus disposiciones rigen a partir de un año desde la fecha de su publicación.

Sobre el particular caben, por lo menos, dos importantes observaciones.

La primera dice relación con el momento en que el legislador entiende se produce el inicio del proceso. Como es sabido, entre nosotros, una interpretación de las disposiciones de los arts. 1603 inc. final CC, 1911 inc. 2º CC y 2503 CC, que se entiende son aplicación general, ha llevado a concluir que antes de la notificación de la demanda no se ha constituido aún una relación jurídico procesal válida. En forma coherente con esta afirmación el art. 148 CPC permite al demandante, antes de la notificación de la demanda, el retiro de la misma sin ninguna consecuencia procesal, porque de acuerdo a esta comprensión aún no habría juicio.

El asunto se presenta como discutible y la disposición transitoria, que establece que “las causas se entenderán iniciadas desde la fecha de presentación de la demanda o medida prejudicial, según corresponda”, unida a una reciente sentencia del máximo tribunal5, debiera ser motivo para poner en cuestión la efectiva vigencia de la teoría de la relación procesal en nuestro proceso civil.

La segunda cuestión dice relación con la prolongada ultractividad de instituciones ya suprimidas para algunas materias. La ley 20.886 contiene dos clases de disposiciones reformadoras. Unas que podríamos denominar meramente procedimentales y otras genuinamente procesales. Las primeras, referidas simplemente a la forma en que se desenvuelve la actividad jurisdiccional, no suscitan verdaderos problemas procesales, sino de práctica forense (qué ocurre si el sistema se cae, si el archivo es muy pesado, si alguien hackea el sitio web, por ejemplo). En cambio, respecto de las normas propiamente procesales, que no se limitan a regular la forma cómo se llega a una resolución judicial, sino que determinan el presupuesto y contenido de los actos procesales, la ley introduce importantes reformas que suponen una significativa transformación al régimen recursivo más allá de lo meramente procedimental, que es lo que ha merecido mayor atención hasta ahora.

La nueva ley suprime las cargas procesales de consignar dinero para las fotocopias cuando la apelación se ha concedido en el efecto no suspensivo y elimina la carga de comparecer ante el tribunal de segunda instancia, con lo que desaparece la sanción procesal denominada deserción del recurso de apelación. Adicionalmente, como buena parte de la regulación de los recursos de casación está regida por las reglas de la apelación, también desaparecen las mencionadas cargas y su sanción para esta clase de recursos. Más aún, la casación tiene una causal propia de deserción como lo es la falta de franqueo del expediente, que también deja de tener vigencia.

Hay que añadir que ninguna de las cargas procesales mencionadas tiene genuina justificación y su única utilidad parece ser el servir de verdadera trampa para los litigantes y ayudar de este modo a descongestionar el sistema. Carece de toda justificación que sean los propios litigantes quienes deban contribuir a sufragar los costos de la obtención de fotocopias por parte de los tribunales, con la agravante de que si así no lo hacen dentro de un plazo perentorio se produzca el término del recurso de apelación y, por tanto, la sentencia impugnada quede firme. Otro tanto cabe decir de la hoy injustificada carga procesal de comparecer ante el tribunal superior. Suprimida la carga de expresar agravios ante el tribunal superior, la comparecencia en segunda instancia, dentro de un plazo fatal y bajo la amenaza de deserción, carece de sentido. El suponer que con ello el recurrente manifiesta su interés en la prosecución del recurso no pasa de ser una aseveración cliché carente de significación. En primer lugar, el escrito haciéndose parte es una de las más pueriles de las presentaciones escritas conocidas en nuestro proceso civil, por lo que no parece apropiado otorgarle tan trascendental carácter. Además, la configuración del recurso de apelación como un acto procesal que precisa ser fundado en el hecho y el derecho y además revestido de peticiones concretas constituye una circunstancia más que suficiente que justifica por sí sola el interés del recurrente en perseverar en el medio de impugnación. Respecto de la carga de costear el franqueo, esto es, el pago del importe que significa la remisión del expediente de un tribunal a otro, prefiero ahorrar mayores comentarios.

Por estos motivos debe aplaudirse la reforma en cuanto suprime dichas cargas procesales, así como las consiguientes sanciones para el incumplimiento de ellas, tanto para el recurso de apelación como para las casaciones. Igualmente encomiable es la supresión de la denominada prescripción de los recursos de apelación y casación, con lo que se generaliza la vigencia del impulso oficial en materia recursiva, pese a que inexplicablemente se mantiene con una aplicación muy arrinconada el abandono del procedimiento.

Sin embargo, el problema se presenta con la vigencia temporal de estas reformas pues, de acuerdo a la disposición transitoria, esta ley solo se aplica a las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia y las causas se entienden iniciadas desde la fecha de presentación de la demanda o medida prejudicial, según corresponda.

Esto significa que todas aquellas causas iniciadas —entiéndase, con demanda presentada, aún no notificada— estarán gobernadas por las disposiciones de la antigua normativa, por lo que los apelantes y recurrentes de casación seguirán sujetos a las cargas procesales que se suprimen con la reforma. Piénsese que respecto de una demanda presentada pocos días antes de la entrada en vigor de la nueva normativa se empleará el régimen recursivo recién concluida la primera instancia, es decir, varios meses e incluso años después de su inicio y corresponderá aplicar el régimen antiguo. Qué decir respecto de los eventuales recursos de casación ante la Corte Suprema que, igualmente, quedarán gobernados por la legislación pretérita y con vigencia de las cargas de costear fotocopias, comparecer y pagar franqueo. Y con vigencia de la prescripción de dichos recursos.

Esto es un claro desacierto del legislador, que relativiza la bondad de la reforma y que podría haberse solucionado fácilmente, vale decir, concediéndole eficacia inmediata a esta clase de modificaciones; pero, además, la regla de vigencia transitoria crea una situación procesal diferenciada entre litigantes difícilmente justificable a la luz del principio de igualdad procesal.

* Gonzalo Cortez Matcovich es profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción.

1 DE LA OLIVA S., A., Curso de derecho Procesal Civil I. Parte General, (Con Diez-Picazo, I. y Vegas Torres) 2ª edición, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2013, p. 336.
2 CHIOVENDA, G., Principios de Derecho procesal Civil, I (Trad. Casáis), Madrid, Edit. Reus, 1922, 1990, p. 139 y ss.
3 C. Suprema, 29 de abril de 1933, en Rev. Der. y Jur., t. 30, s. 1ª, p. 317. En similar sentido, C. de Apelaciones de Concepción, 10 de julio de 1954, en Rev. Der. y Jur., t. 51, s. 2ª, p. 87.
4 ORTELLS RAMOS, M. y BONET NAVARRO, J. Introducción al Derecho Procesal, 6ª edición, (Coord. ORTELLS), Navarra, Aranzadi, 2015, p. 463.
5 C. Suprema, 31 de mayo de 2016, Rol Nº 6900-2015: “…la correcta doctrina es que la mera presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siendo la notificación de la misma una condición para alegarla, debiendo circunscribir su efecto al ámbito procesal, pero no como un elemento constitutivo de la interrupción de la prescripción” (Considerando 6º). 

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