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A 40 años del nacimiento del recurso de protección

"... El descrédito de esta herramienta de protección a la persona viene de la mano con el sector político actualmente dominante y con la ingenuidad de los que, como suponemos con buenos propósitos, han y están participando en la construcción de una 'Nueva Constitución', que podrían ver en este recurso una herramienta concreta de limitación del poder..."

Viernes, 09 de septiembre de 2016 a las 11:35
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Rodrigo Riquelme

En el año 1976 surge el Recurso de Protección en Chile pasando luego a la Constitución de 1980, en los términos que indica el actual artículo 20, solamente modificado el año 2005, en relación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

No existe en nuestro país un mecanismo más eficiente y eficaz de protección de los derechos de las personas frente al Estado y frente a terceros que este recurso.

Esta acción cautelar, cuyo cuadragésimo aniversario se conmemora este año, se encuentra en el corazón de la actual Constitución Política, no existiendo hoy un debate respecto a su permanencia.

Se ha dicho que el Recurso de Protección ha sido “la innovación más importante incorporada por el derecho chileno” desde que surge como nación independiente, naciendo como una acción concreta de los que creen en una sociedad libre que quieren enfrentar los abusos y arbitrariedades de la Administración en defensa de su autodeterminación, contrario a los que creen en el estatismo como modelo de sociedad. También se le denominó como una “revolución silenciosa”, por un autor, a 30 años de su establecimiento.

En la actualidad, no oímos defensas instando por su mantención, ni menos por fomentar recuperar su genuino valor. Por el contrario, dado su origen, resulta predecible que no existe “ambiente” para perfeccionarlo.

El descrédito de esta herramienta de protección a la persona viene de la mano con el sector político actualmente dominante y con la ingenuidad de los que, como suponemos con buenos propósitos, han y están participando en la construcción de una “Nueva Constitución”, que podrían ver en este recurso una herramienta concreta de limitación del poder, el que, ya desde hace algunos años, se le ha quitado, poco a poco, el valor de antídoto contra la arbitrariedad estatal.

La riqueza de esta herramienta de protección de las personas son muchas, y provienen de la concepción política-filosófica de los que le dieron origen, propia de una tradición de protección concreta a la persona y no de meras declaraciones ya que por perfecta que sea una declaración de derechos, estos resultan ilusorios si no se consagran los recursos o acciones necesarias para su efectiva protección.

Su aplicación práctica ha sido amplia y de gran eficacia y ha venido a llenar un vacío en el ámbito contencioso administrativo: para impedir el alza en planes de salud por parte de las Isapres, fijación de precios eléctrico, en la protección del derecho a la vida, en materia de contaminación ambiental, en materia de salud previsional, en la protección de la vida privada e intimidad de las personas, respecto de actuaciones de la Tesorería General de la República, del Servicio Nacional de Aduanas, de algunas resoluciones de Contraloría General de la República, en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, entre otros.

Es por esta razón que resulta incomprensible que no exista una mayor preocupación por mantener este acción que, por demostración empírica, ha sido la incorporación jurídica que más beneficios ha generado como mecanismo de protección.

Sin lugar a dudas, a lo largo de estas 4 décadas, han habido avances y retrocesos en esta institución, pero lo preocupante es que hoy no hay debate respecto a su continuidad.

Por su parte la judicatura ha incorporado más facilidades, pero en la práctica ha conseguido limitar su ingreso por la vía de una “norma interna” como es un Auto Acordado, lo que ha llevado a que hoy esté radicado en el Tribunal Constitucional el análisis de las garantías individuales de las personas, mediante un mecanismo distinto -necesario sin duda- pero más complejo como la denominada “inaplicabilidad”, que se aleja del objetivo inicial: brindarle a las personas una protección inmediata en las Cortes del país.

Resulta nada más tentador para toda autoridad que no minen su feudo de poder, surgiendo, actualmente, una creciente traslación de los debates a los temas propios de la orgánica y engranaje del aparato estatal, en desmedro de instar por blindar a las personas de una herramienta accesible, rápida y eficaz para proteger sus derechos.

Sin esa arma, cualquier buena intención no pasará más allá, o cualquier nuevo derecho que se establezca, quedándose solo en el discurso o en la letra de una “Nueva Constitución” que se le garantiza escasa vida, más en un país de profunda tradición de la defensa de la libertad como es Chile.

Con estas reflexiones, llamamos solo la atención del lector recordando la trascendencia de esta acción, digna de ser conmemorada en sus 40 años de vida y esperando que esta efeméride sirva para alentar el debate sobre su perduración en nuestro país.

* Rodrigo Riquelme Yáñez es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y LLM de la misma casa de estudio. Especialista en derecho público. Actualmente es socio de Reymond & Cía., donde centra su práctica en litigios y arbitrajes.

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