Juan Pablo Bórquez
Al igual que en otros países, en Chile el fútbol es pasión de multitudes y, paradojalmente, poco se sabe de cómo se gobierna esta actividad que miles de nuestros compatriotas siguen diariamente y que, cada cierto tiempo, nos sorprende con algún escándalo.
Por cierto, en materia de escándalos, el non plus ultra lo representa la FIFA como parte de las top 10 de las corporaciones más controversiales del mundo del año 2015, no solo por los graves hechos de corrupción que son de dominio público, sino también por las violaciones a los derechos humanos en Qatar, país organizador del Mundial de Fútbol del año 2022, en que ya ha muerto la increíble suma de más de 1.000 trabajadores que laboran en la construcción de sus estadios. Una cifra que, además, se estima podría ser mayor, llegando a más de 4.000, producto de las precarias condiciones de seguridad y las altas temperaturas en que se ejecutan esas construcciones.
La modernidad ha generado una enorme dispersión de poder, tal como afirma Moisés Naim en "El Fin del Poder". Los negocios han debido adaptarse a una nueva norma basada en la transparencia y poner el foco en el cliente. En ambos frentes, el gobierno del fútbol nacional está muy atrasado y, además, creo no exagerar al afirmar que casi nadie o muy pocos saben cómo se maneja esta actividad que mueve millones de dólares cada año. Al indagar acerca de su institucionalidad nos encontramos con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), una corporación de derecho privado (persona jurídica sin fines de lucro, de acuerdo a nuestro Código Civil).
La ANFP tiene entre sus principales objetivos representar a los clubes en la administración del Canal del Fútbol (el CDF, cuyos derechos sociales le pertenecen en un 80%) y administrar los dineros provenientes de la venta de los derechos televisivos a él. Como administrador de dineros ajenos, la ANFP debería contar con un gobierno corporativo que haga de la transparencia y de la rendición de cuentas dos de sus principales pilares. Someterse a estándares más estrictos propios de esta responsabilidad fiduciaria, divulgar cómo se compensa a sus dirigentes y contar con mecanismos efectivos para resolver problemas de agencia y conflictos de intereses harán que esta corporación gane en legitimidad y confianza frente a sus clientes: los hinchas.
El actual gobierno de la ANFP tiene una buena oportunidad de lograrlo, transparentando lo que hacen y rindiendo cuenta acerca de la manera como cumple el mandato de administrar los recursos que la televisión le genera al fútbol profesional. Esta nueva cultura de transparencia, junto con someterse a un mayor escrutinio público, serían vitales para prevenir que los vergonzosos hechos de corrupción que involucrarían a sus anteriores dirigentes volvieran a repetirse.
Por otra parte, poner el foco en la relación con el cliente-hincha obliga a la ANFP a liderar un esfuerzo real que erradique en forma definitiva la violencia en los estadios y en las calles. Para empezar, asumir realistamente que el fútbol compite con otras formas de entretenimiento (otros deportes o espectáculos, por ejemplo) que pueden ser disfrutadas con mayor comodidad y sin riesgos. El desafío aquí es recuperar para el fútbol parte del valor que le ha sido arrebatado por una violencia que otros países lograron expulsar con una bien balanceada combinación de buenas reglas, educación, colaboración de los hinchas, sentido de legitimidad y voluntad de hacer que dichas normas se cumplan efectivamente.
* Juan Pablo Bórquez Yunge es abogado y director BY Asesores.

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