Hace ya un tiempo que se viene hablando de una reforma profunda a nuestro Código Penal, iniciativa que sin duda alguna resulta urgente. No es posible que se siga bajo un estatuto que no se adecúa a los tiempos actuales, sin perjuicio de lo cual debemos tener cuidado con los extremos. Ahora la espera parece haber terminado con la entrega del anteproyecto por la comisión encargada a la ministra de Justicia.

En relación a los principales tópicos de la iniciativa, pareciera que el tenor de las variadas modificaciones que se proponen da cuenta de la voluntad de generar un nuevo Código Penal. Los antecedentes conocidos a la fecha permiten pensar que el avance será importante, más allá de ciertos conflictos que se generarán con nuestro Código Procesal Penal.

Lo anterior se colige de ciertos aspectos a los cuales ha hecho mención la comisión encargada, como —por ejemplo— la disminución de la discrecionalidad judicial al momento de aplicar las penas. Este sensible punto podría implicar un nuevo sistema donde sería la ley la forma de aplicar la sanción al delito, lo que dejaría un menor margen de interpretación a los jueces. Por otra parte, la propuesta de una nueva ordenación y sistematización del Código resulta fundamental en relación a la aplicación práctica del Derecho, la simplificación de su estudio en las universidades y el desarrollo de bases sólidas para la investigación en un área tan sensible como esta.

Ahora bien, cabe señalar que existen muchísimas otras ideas tremendamente interesantes como —por ejemplo— lo relativo a la ampliación de los supuestos para imputar responsabilidad a las personas jurídicas. Dicha modificación es a mi juicio una de las más relevantes, tomando en consideración la importancia de estas entidades al interior de nuestra sociedad y la pobreza de la normativa que hoy las rige. Basta mencionar, al respecto, las dificultades y limitaciones del sistema expuestas en el transcurso de casos como el de las farmacias, La Polar, el cartel del pollo o Penta-SQM, sólo por nombrar los de mayor connotación social en los últimos años.

No obstante, entre las interrogantes queda lo que ocurrirá con las denominadas medidas de seguridad, que hoy día se vinculan directamente con la internación en establecimientos psiquiátricos o su custodia y tratamiento. Esto, debido a que las medidas propuestas en el proyecto trabajado durante el gobierno del ex presidente Piñera eran del todo discutibles, por cuanto se hacía mención —por ejemplo— a la prohibición de acercarse a determinados lugares o personas, a la prohibición de ingresar a áreas protegidas por el Estado, a la libertad vigilada e incluso a la incorporación en el registro de huellas genéticas, mecanismos cuya naturaleza entran en evidente conflicto con algunas disposiciones de nuestro actual Código Procesal Penal. Estas situaciones serán —sin duda— objeto de un profundo análisis y, por qué no decirlo, de un acalorado debate.

Como conclusión, me parece que la propuesta —al menos en sus lineamientos generales— resulta tan interesante como sustancial, más allá de las variadas y legítimas interrogantes que de ahora en adelante manifestarán los actores que participan en el sistema. La adecuación del Código Penal a los tiempos actuales es totalmente necesaria. Eso sí, debemos recordar que el derecho penal es el mecanismo de control social más severo, por lo que debe seguir siendo el último de ellos y no el primero en ser utilizado, tal como viene sucediendo hace ya largo rato. Por ahora, surgen como interrogantes iniciales ¿qué pasa con los demás mecanismos de control?, ¿sólo vasta la creación de un nuevo Código Penal o debemos ir más allá?, vale decir, ¿no debiese revisarse el sistema penal en su conjunto?