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Reforma procesal civil y desigualdad (III): demandas colectivas como sindicalización

"... En Chile se configura el escenario ideal para el rico en la litigación civil, donde no hay ni lo uno ni lo otro. Por una parte, las entidades fiscalizadoras, que deberían representar los intereses colectivos, son débiles y fáciles de capturar. Y, por la otra, las demandas colectivas —diseñadas para que los pobres defiendan sus intereses por sí mismos— están restringidas…”

Lunes, 11 de mayo de 2015 a las 9:20
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Pablo Bravo
En esta serie de columnas se está discutiendo cuál sería un modelo de justicia civil que minimice o compense el impacto de las desigualdades económicas entre los litigantes. En la anterior se expusieron las razones igualitarias que justifican restringir los recursos y potenciar la primera instancia. En esta ocasión abordaré las demandas colectivas como otro mecanismo de contrapeso.

Una de las pocas formas a través de la cual los que tienen menos dinero puedan hacer frente a los que tienen más es agrupándose. Con una suma lo suficientemente grande y coordinada de personas se puede compensar el poder de unos pocos que concentran la riqueza. Este es el principio igualitario que justifica promover las asociaciones de consumidores, agrupaciones de deudores, los sindicatos laborales, etc. Cuando los trabajadores se agrupan, y defienden sus intereses como un colectivo, pueden negociar de igual a igual con el dueño de la empresa.

Esta es, al mismo tiempo, la razón por la cual las élites económicas se oponen a estas formas de agrupación. Mantener a las personas divididas les permite consolidar su ventaja de riqueza al interactuar uno-a-uno con ellas. De ahí que esas élites, apelando al discurso económico-liberal, buscan limitar la formación de tales asociaciones, sindicatos, etc. El Plan Laboral de José Piñera es un buen ejemplo.

Demandas colectivas como sindicalización

En el acceso a la justicia no es distinto. La visión que tradicionalmente ha predominado sobre el proceso civil es que debe ser una contienda asimismo uno-a-uno (de ahí las reglas restrictivas de litisconsorcio). Perpetuar esa visión es algo que le conviene a los que concentran la riqueza. De esta manera el litigante con más dinero —al igual que al impedir la formación de sindicatos entre los trabajadores de su empresa— ejerce su ventaja al enfrentarse a otros litigantes civiles por separado.

La solución igualadora es introducir demandas colectivas —llamadas también “acciones de clase”— no sólo en materias del consumidor sino que en la justicia civil en general. Operan, por así decirlo, como una forma de sindicalización. Con ellas se logra que muchas personas puedan coordinarse en un único gran juicio (al modo de un sindicato de trabajadores) y así compensar las desigualdades económicas contra un litigante poderoso. Piénsese, por ejemplo, qué distinto sería si los usuarios de Isapres pudieran demandar contra las alzas de sus planes de salud, no uno-a-uno sino que colectivamente. De ahí que no nos debe extrañar si el lobby que hoy en día se ejerce contra la sindicalización laboral por rama, sea el mismo que mañana se oponga a ampliar las demandas colectivas también.

Pero introducir acciones de clase requiere precauciones. El litigante rico tendrá incentivos para corromper al abogado que representa a la agrupación y la traicione. Medidas para impedir esto podrían ser que el abogado que asume el patrocinio de una demanda colectiva quede sujeto a los delitos de funcionario público (cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, etc.) y regular sus honorarios; otorgar la facultad al juez para revisar la idoneidad del abogado para representar a esa colectividad y también para revisar que los avenimientos sean efectivamente favorables para la agrupación, entre otras.

La alternativa de los fiscalizadores estatales

El argumento de derecho comparado que se va a esgrimir en contra es que, al modo de Europa continental, los intereses colectivos deben ser defendidos de otro modo: a través de organismos estatales. Son estas otras entidades —como las superintendencias, servicios nacionales, oficinas de fiscalización, etc.— a las que les correspondería velar por los derechos civiles masivamente violados, y no a una agrupación espontánea de litigantes individuales. Los procesalistas chilenos han hecho suyo este argumento, omitiendo las diferencias obvias que existen entre cómo funcionan dichos servicios estatales en Europa versus Latinoamérica.

Latinoamérica es una región caracterizada por la concentración de la riqueza y la corrupción estatal. Ambas cuestiones no son distintas. Una es la consecuencia de la otra. Los grupos que concentran la riqueza buscan corromper a los entes fiscalizadores para facilitar ese proceso de concentración. Esta corrupción se ejerce, a través del dinero, por diversas vías. Directamente mediante coimas o indirectamente, mediante la puerta giratoria estatal (funcionarios fiscalizadores que terminan en los directorios de las empresas fiscalizadas) o con el financiamiento de campañas electorales para los cargos políticos que nombran o remueven a esos fiscalizadores. El nombre elegante es “captura del regulador”. En Chile creíamos no tener esos problemas de corrupción latinoamericana. Pero los casos Penta, Caval y SQM, entre otros por venir, demostraron que no somos excepción.

Por lo tanto, el argumento que aplica en Europa, donde tales órganos fiscalizadores funcionan razonablemente bien, no es creíble en Chile. Dejar aquí la defensa de los intereses colectivos en manos de entidades estatales —fácilmente capturables por los que concentran la riqueza— no cuenta como una solución. La alternativa obvia habría sido fortalecer esos organismos y dotarlos de una total autonomía como el Ministerio Público Penal. Pero tampoco se ha hecho. Las élites económicas, como suele suceder, se oponen a cualquier fortalecimiento del Estado, que es quien podría hacerles contrapeso.

De este modo en Chile se configura el escenario ideal para el rico en la litigación civil, donde no hay ni lo uno ni lo otro. Por una parte, las entidades fiscalizadoras, que deberían representar los intereses colectivos, son débiles y fáciles de capturar. Y, por la otra, las demandas colectivas —diseñadas para que los pobres defiendan sus intereses por sí mismos— están restringidas a materias puntuales de consumo. La solución que compensa las desigualdades económicas en la litigación civil es precisamente el escenario opuesto, tener ambas cuestiones. Fiscalizadores fuertes y autónomos junto a demandas colectivas generales.

El riesgo de quiebra

Otro argumento económico en contra sería que las demandas colectivas generarían un alto riesgo de quiebra. Claro, con las acciones de clase una empresa podría verse obligada a pagar una centena de indemnizaciones que quizás no puede cubrir. Y si las demandas colectivas hacen que las empresas quiebren, eso desincentivaría el emprendimiento, ahuyentaría la inversión, aumentaría el desempleo y, dicen, afectaría el crecimiento.

Notemos que se trata del mismo discurso económico-liberal, que en su momento se esgrimió en contra de las agrupaciones en materia laboral (sindicatos), el que ahora se cita para oponerse a las agrupaciones en la litigación civil (demandas colectivas). No es coincidencia. Sin embargo, todo ese dominó de secuelas resultan hoy poco creíbles. Recuérdese cuando aseguraron que con la reforma tributaria, a ciencia cierta, el desempleo aumentaría gravemente en Chile. No fue así. Ese tipo de predicciones quedaron en falso alarmismo. Diversos países desarrollados tienen acciones de clase y sus economías se adaptaron a ellas.

El tema de fondo es otro, no es económico sino acerca de concepciones sobre la justicia distributiva. El que concentró riqueza a costa de infringir los derechos de una multitud de individuos, merece ser despojado de ella y restituida a los que la perdieron. Si un negocio se erigió dañando civilmente a una cantidad de personas mayor a la que alcanza a indemnizar, entonces esa empresa, junto a sus trabajadores, merece irse a la quiebra.

La réplica será que no es fácil anticipar cuándo uno será colectivamente demandado y cuál será el resultado del juicio. Pero la falta de previsibilidad es un problema global de la litigación civil y no sólo de las demandas colectivas. No ampliar las acciones de clase en razón de esa imprevisibilidad general sería demasiado impresentable. Equivaldría a hacer excepciones cuando un problema, que es común, golpea duro a los ricos. No, la previsibilidad en la justicia civil es un cuestión que, o se soluciona para todos, o la soportamos todos. No cuenta como una excusa para negarse a ampliar las demandas colectivas en Chile. Introducir acciones de clase hará que, al fin, los que concentran la riqueza se tomen en serio la posibilidad de ser demandados por los que carecen de ella.

* Pablo Bravo Hurtado es abogado de la Universidad de Chile e investigador de Ph.D de la U. de Maastricht. Holanda.

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