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Precedente vinculante versus independencia judicial en Chile

“...La independencia interna que merece ser protegida es la prohibición de intervención directa, no la libertad judicial de interpretación, porque ésta es contradictoria con otra garantía del Estado de Derecho: la igualdad en la aplicación de la ley...”

Martes, 22 de julio de 2014 a las 18:30
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Pablo Bravo Hurtado
El derecho a la igualdad en la aplicación de la ley exige que constantemente perfeccionemos nuestras instituciones encargadas de coordinar que los tribunales fallen conforme a un mismo criterio. Por eso una de las propuestas de la reforma procesal civil ha sido un nuevo recurso ante la Corte Suprema enfocado en unificar la jurisprudencia. Otra propuesta que se debe analizar es si acaso para lograr dicha uniformidad es necesario o no instaurar en Chile un sistema de precedente vinculante. Si nuestra meta es que las personas sean juzgadas en base a un mismo criterio, una solución pareciera ser que los tribunales tengan un deber explícito de seguir las pautas asentadas en fallos anteriores sobre el mismo asunto.

Introducir precedente vinculante es una cuestión con múltiples aristas. Implica sofisticar el modo en que estudiamos la jurisprudencia, revisar su compatibilidad con el Código Civil, enfrentar la resistencia al cambio dentro de las tradiciones jurídicas, adiestrar a los jueces en el razonamiento prospectivo, etc. En esta columna me enfocaré en contestar una de las objeciones más importantes —usualmente esgrimida por los propios miembros de la judicatura—, que instaurar un sistema de precedente vinculante violaría la "independencia judicial interna".

Una garantía del Estado de Derecho es que los jueces deben estar protegidos en sus decisiones particulares no sólo de la intervención del Ejecutivo y el Parlamento (separación de poderes o independencia “externa”). Es necesario además protegerlos en contra de la influencia que otros miembros del Poder Judicial pudieran ejercer sobre ellos. Esta independencia judicial “interna” incluye, al menos, una prohibición para los tribunales superiores de intervenir en las decisiones jurisdiccionales que actualmente están tomando los tribunales inferiores. El principal ejemplo en que se viola la independencia interna es el “telefonazo”: que un juez de primera instancia recibiera un llamado de un ministro de la Corte de Apelaciones indicándole cómo fallar cierta causa actualmente en tramitación.

Entendido así, como prohibición de intervención directa, el precedente vinculante claramente no viola la independencia de los jueces (sería excesivo asimilar la gravedad de un telefonazo con el apego a la jurisprudencia). Los países de common law, si bien provienen de tradiciones jurídicas distintas, están tan preocupados como en Chile por defender el Estado de Derecho. Sin embargo, allá no se considera atentatorio a la independencia de sus jueces que ellos deban fallar conforme a los precedentes. Ahí nadie pondría en duda que la prioridad es tratar de igual modo los casos iguales (to treat like cases alike).

Lo que sucede es que en Chile se ha instalando la idea de que la independencia interna no es sólo dicha prohibición de intervención directa. La comprensión de tal garantía se ha terminado extendiendo a algo que, en rigor, es distinto. La independencia interna incluiría, además, una autorización a los jueces para adoptar sus propias interpretaciones del Derecho. Ya no se trataría sólo de resguardar a los jueces inferiores de recibir telefonazos para un caso particular, sino que además dispondrían de una libertad general para tener criterios de decisión distintos a sus superiores.

Es sólo bajo esta comprensión extendida que se formula la objeción contra el precedente vinculante. Claro, si la independencia interna es vista como una libertad de cada juez para adoptar una u otra interpretación del Derecho, entonces que se vuelva vinculante seguir los fallos de la Corte Suprema violaría tal libertad de interpretación. Seguir los precedentes no podría llegar a ser obligatorio porque un juez que decidiera apartarse de la jurisprudencia, y contravenir dicha obligación, supuestamente estaría haciendo un ejercicio legítimo de su independencia.

En suma, existen dos formas de entender la independencia interna: como prohibición de intervención directa o como libertad judicial de interpretación. La introducción de precedente vinculante sería compatible sólo con la primera, pero atentatoria de la segunda. La respuesta a la objeción de la judicatura no es, obviamente, que la introducción del precedente vinculante justifique sacrificar la independencia judicial. La respuesta es que la independencia interna que merece continuar siendo protegida en Chile es la prohibición de intervención directa, no la libertad judicial de interpretación.

Y no merece ser protegida porque la libertad de interpretación es contradictoria con otra garantía del Estado de Derecho. Defender esa visión de la independencia interna es precisamente la negación de la igualdad en la aplicación de la ley. La consecuencia de la libertad de interpretación es que estará legitimado que circulen varios criterios de decisión al mismo tiempo. La igualdad exige tener como meta reducir la pluralidad de criterios dentro de la judicatura, mientras que la libertad de interpretación buscaría proteger dicha pluralidad.

Si son contradictorias, alguien podría cuestionar cuál es más importante proteger (libertad versus igualdad de interpretación). La prioridad es obvia. La razón por la cual tenemos tribunales es para que los ciudadanos puedan acudir a ellos y ser juzgados en base al mismo criterio. La legitimidad de que un juez pueda imponer una sanción proviene de que no es su criterio personal el que está siendo aplicado, sino que es el criterio de la judicatura como un todo. Pero si se cree que cada juez es independiente para tener criterios distintos, entonces pierde legitimidad tener tribunales desde un comienzo.

* Pablo Bravo Hurtado es abogado de la Universidad de Chile. Actualmente es investigador de PhD, Maastricht Universiteit, Holanda, y miembro de la Mesa Técnica sobre Recursos ante la Corte Suprema, del Ministerio de Justicia.

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