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Caso Cascadas: un nuevo aire para el derecho administrativo

“... En el futuro los abogados que representen intereses de particulares ante entidades fiscalizadoras, tendrán el desafío de comprender, aplicar y enriquecer conceptos de derecho administrativo...”

Miércoles, 05 de febrero de 2014 a las 11:15
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Mauricio Cisternas

Durante largo tiempo el derecho administrativo fue una rama prácticamente confinada a la discusión y análisis por parte de la academia y de quienes ejercían la profesión en los organismos y servicios públicos. Sólo accidentalmente los abogados que ejercían en el ámbito privado debían involucrarse en materias de derecho administrativo como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, o de la aplicación de sumarios sanitarios.

Sin embargo, especialmente en la última década, la dictación de diversas normas como la Ley Nº19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen a los Organos de la Administración del Estado; la Ley Nº19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la Ley Nº20.285 sobre Acceso a la información Pública, y mas recientemente  la Ley Nº20.500 sobre Asociaciones y  Participación Ciudadana en la Gestión Pública, cuyo alcance aún no ha sido suficientemente aquilatado, vinieron a refrescar el derecho administrativo y darle un lugar de mayor relevancia en nuestro ordenamiento jurídico.

En este sentido, el Dictamen Nº7439 de la Contraloría General de la República sobre el denominado caso “Cascadas”, reviste particular importancia ya que la doctrina que contiene es perfectamente aplicable no sólo a procedimientos administrativos seguidos ante las distintas Superintendencias, sino también a los procedimientos de fiscalización seguidos por el Servicio de Impuestos Internos, las Seremis, y la Dirección del Trabajo entre otros.

El referido dictamen no puede analizarse aisladamente, sino en el contexto de la evolución de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, y en particular del giro que ella da a partir del año 2009 con el Dictamen Nº28.131 que, en lo esencial, determina que la Contraloría General de la República es competente para conocer y resolver acerca de la legalidad de los actos y procedimientos de la administración, dentro de la cual incluye por cierto los que se siguen por las Superintendencias y demás entidades fiscalizadoras.

Esta jurisprudencia administrativa, fundada en las facultades que el artículo 98 de nuestra Constitución entrega a la Contraloría General de la República, nos permite  comprender lo que ha ocurrido con el Dictamen Nº7439, ya que éste no sólo señala que la Ley Nº19.880 es aplicable supletoriamente en los procedimientos seguidos por las entidades fiscalizadoras sino deja, desde ya, abierta la puerta para que sea la propia Contraloría, de acuerdo con su ley orgánica, y no sólo los tribunales de justicia, quien pueda revisar el contenido de lo que en el futuro resuelva el Superintendente de Valores y Seguros en el caso de que se trata.

Ello significa que en el futuro los abogados que representen intereses de particulares ante entidades fiscalizadoras, tendrán el desafío de comprender, aplicar y enriquecer conceptos de derecho administrativo como el de “interés general” definido en la Ley Nº18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; asimismo se enfrentarán con conceptos como el de “interesados” en el procedimiento administrativo, y podrán constatar que esos interesados pueden intervenir en el mismo aun cuando no tengan derechos que puedan verse afectados. También adquirirán relevancia los modos de extinción de los actos administrativos, y especialmente la institución del decaimiento tanto del acto como del procedimiento administrativo, que nuestra Corte Suprema viene reconociendo desde al año 2009 en diversas sentencias. También resultarán relevantes las distintas formas de revisión de los actos administrativos; y los derechos de las personas frente a la administración.

Este desafío significará no sólo conocer la jurisprudencia judicial, sino también la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, la que, sobre la base de sus pronunciamientos acerca la legalidad de los procedimientos administrativos sancionatorios, podrá establecer criterios de actuación de las entidades fiscalizadoras que los abogados deberán tener en consideración para determinar si optarán por ejercer recursos judiciales en contra de las resoluciones de las entidades fiscalizadoras o si requerirán previamente la intervención del Contralor General de la República en la materia.

Todo lo anterior significa que el derecho administrativo pasará a ser una rama más relevante para el ejercicio de la profesión en el futuro.

Sin embargo, esta situación también conlleva el riesgo —que nuestra legislación no ha previsto adecuadamente como resolver— de que la jurisprudencia de la Corte Suprema y la de la Contraloría contengan interpretaciones divergentes. Ello ya ocurrió en el caso de la disputa acerca de si las sociedades de inversión se encontraban o no afectas al pago de patente municipal, y la solución dada por la Corte Suprema si bien zanjó el tema, jurídicamente no lo hizo de la forma más adecuada.


* Mauricio Cisternas Morales es profesor de Derecho Municipal, Contratación Pública y Derecho Administrativo en la Universidad Finis Terrae y también imparte clases en la U. Gabriela Mistral.


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