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Responsabilidad civil de las concesionarias de obras viales: ¿responsabilidad contractual, extracontractual o tertium genus?

"... Es posible advertir una atenuación de la frontera entre la responsabilidad contractual y extracontractual, cuestión que no resulta ajena si se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que sucede con la responsabilidad precontractual..."

Lunes, 11 de febrero de 2013 a las 9:50
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Lilian C. San Martín Neira
En fechas relativamente cercanas, la Corte Suprema ha dictado tres sentencias referidas a la responsabilidad civil de las concesionarias de carreteras y en cada una de ellas adopta una posición distinta con respecto a la naturaleza jurídica de dicha responsabilidad, especialmente en lo referido al estándar de diligencia exigible.

a) Responsabilidad contractual.

En sentencia de 26 de mayo de 2012 (causa Rol 2911-2011), la primera sala de la Corte Suprema sostuvo que la responsabilidad que liga a la empresa concesionaria con el usuario de la carretera es de naturaleza contractual, pues el pago del peaje constituye el precio que el usuario paga por el uso de la carretera. De esta forma, corresponde a la concesionaria demostrar que ha empleado la debida diligencia o cuidado en la ejecución de sus deberes contractuales (considerando 11º).

El contrato en cuestión sería “bilateral, consensual, oneroso y conmutativo” (considerando 6º); en consecuencia, por tratarse de un contrato que cede en beneficio de ambas partes, la concesionaria respondería por culpa leve, es decir debe emplear la diligencia del buen padre de familia (considerando 9º).

b) Responsabilidad extracontractual. 

En sentencia de 20 de agosto de 2012 (causa Rol 2282-2010), la cuarta sala de Corte Suprema concuerda con las sentencias de 1ª y 2ª instancia en que la responsabilidad de las concesionarias es de naturaleza extracontractual y subjetiva. Debiendo así el demandante acreditar la culpa de la concesionaria.

El estándar de diligencia exigible a la concesionaria sería el de la normalidad, sin que resulte obligada a adoptar otras medidas de seguridad que las impuestas por el contrato de concesión, las bases de licitación y su marco normativo. Específicamente, la concesionaria no tendría la obligación de “cercar la autopista en toda su extensión y altura de manera de impedir todo evento dañoso” (considerandos 9º y 11º) a menos, claro está, que ello fuese una exigencia de la licitación.

c) Tertium genus.

En sentencia de 30 de enero de 2013 (causa Rol 216-2011), la tercera sala de la Corte Suprema, si bien sostuvo que el “estatuto jurídico aplicable a la responsabilidad que atañe a una sociedad concesionaria respecto de daños ocurridos en una ruta o carretera concesionada se rige por su ley propia y por las de orden extracontractual o de culpa aquiliana” (considerando 17º), agregó una particularidad en virtud de la cual la responsabilidad en cuestión escapa a las reglas generales de dicho estatuto y constituye un tertium genus. 

En efecto, asumiendo la más reciente doctrina en la materia (Vid J. DIEZ SCHWERTER. La responsabilidad civil del concesionario de obras viales y su fundamento en la obligación de seguridad respecto de los usuarios en el Derecho chileno, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXVIII (Valparaíso, Chile, 2012, 1er Semestre) [pp. 121 - 156]), la Corte Suprema sostuvo que en virtud del artículo 23 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas (LCOP), y 62 del Reglamento de la misma la ley, el ordenamiento “consagra una obligación de seguridad, general y permanente para el concesionario de autopistas respecto de los usuarios de las mismas y que se traduce —con independencia del la naturaleza jurídica contractual o extracontractual, que se le asigne a la responsabilidad respectiva— en un estándar de conducta más exigente y riguroso que aquél que podría reclamársele por aplicación de las normas del derecho común” (considerando 22º). 

En virtud de dicha obligación de seguridad, la concesionaria debe adoptar todas las medidas adecuadas para evitar la producción de daños a los usuarios “sin que sea óbice para ello la circunstancia que específicamente no se haya considerado en las bases técnicas una señalización en el lugar referido, porque (...) la obligación legal es permanente y no dice relación con una medida específica de seguridad” (considerando 25º).

Este último pronunciamiento es especialmente relevante, en cuanto asume la existencia de una obligación (de seguridad) previa, para cuyo cumplimiento no será suficiente con adoptar todas y cada una de las exigencias técnicas impuestas por el MOP en las bases de licitación, sino que la concesionaria deberá evaluar por sí misma los riesgos y adoptar las medidas conducentes a evitar que estos se concreten.

Dicha conclusión adquiere mayor relevancia si se tiene en consideración la noción de niveles de servicio introducida en la LCOP por la ley 20410 y que permea todo el cuerpo legal. La Ley no ha señalado qué ha de entenderse por niveles de servicio, introduciendo así un concepto jurídico indeterminado que deberá ser precisado caso a caso. En esta tarea de precisión será especialmente relevante la existencia de la mencionada obligación de seguridad y las medidas concretas que en virtud de ella la concesionaria deba adoptar.

 

d) Observaciones finales. 

Tradicionalmente en doctrina se ha discutido acerca de cuál es el régimen común de responsabilidad: ¿contractual o extracontractual? Aquí podemos ver que el argumento no ha pasado de moda. Así, de aceptarse que existe una obligación de seguridadde origen legal, cabe preguntarse: 

i) ¿quién tiene la carga de la prueba en cuanto a la culpa de la concesionaria? De llegarse a la conclusión que la responsabilidad de la concesionaria es de naturaleza extracontractual, ¿se aplica o no a su respecto la presunción de culpa por el hecho propio?

ii) ¿cuál es el plazo de prescripción de la acción? (Esta cuestión fue especialmente relevante en la primera de las sentencias analizadas).

iii) ¿Cuál es la extensión del daño resarcible?, ¿se aplica o no la limitación del resarcimiento al daño previsible.

Por otro lado, es posible advertir una atenuación de la frontera entre la responsabilidad contractual y extracontractual, cuestión que no resulta ajena si se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que sucede con la responsabilidad precontractual. Aquí también se afirma que el estatuto aplicable es el de la responsabilidad extracontractual, pero su fundamento se encuentra una obligación previa: el deber de negociar de buena fe que liga todos quienes entran negociaciones contractuales (vid Corte Suprema causa Rol 1872-2010).

* Lilian San Martín es profesora de Derecho Civil en la Universidad Alberto Hurtado y abogado del estudio Barros, Letelier & González. Tiene un master y un doctorado de la Università degli studi di Roma.


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