La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) definió ayer llamar a alegatos para pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento presentado por Jacqueline Pinochet Hiriart, respecto de la causa por una deuda tributaria detectada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), generada entre los años 2000 y 2005, y que asciende, según la última liquidación del organismo, a $3.301.083.685.
Se trata de una causa que surgió en la época de la investigación del denominado caso Riggs y que fue notificada en 2006 a la hija de Augusto Pinochet.
Según indicaron desde la magistratura, se espera que la instancia en la que participarán abogados de ambas partes se desarrolle dentro del plazo de dos semanas.
En tanto, la defensa de la hija del fallecido exgeneral ingresó una solicitud de reserva del expediente, señalando que se trata de una persona de “interés público”, y agregando que tienen el “fundado temor de que por esta razón se declare inadmisible el requerimiento (...) toda vez que a la requirente podría juzgársele por el apellido y no como un ciudadano más, viéndose posiblemente vulnerados sus derechos”.
“Aumento artificial y desproporcionado”
La acción fue interpuesta en el contexto del litigio que se encuentra pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que la defensa de Pinochet Hiriart apelara a la sentencia definitiva del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, de 30 de septiembre de 2022.
En el requerimiento, los abogados de Jacqueline Pinochet señalan que debido a la aplicación de dicha norma, “la deuda neta original de $ 309.015.357 se acrecienta en un 800 % recargándose intereses en favor del Fisco por la suma de $ 2.498.416.171, conforme a la liquidación efectuada al 7 de febrero de 2023, generando un aumento artificial y desproporcionado respecto de los créditos que pretende cobrar el Fisco por impuestos de primera categoría, global complementario y a las donaciones”.
En esta línea, añaden que “se pretende obligarla a pagar una cifra desproporcionada, injusta y abusiva de intereses que multiplican de más de ocho veces la supuesta deuda tributaria y se transforma en una sanción de plano que le produce un despojo sustancial de recursos”.
Sii acusa maniobra dilatoria
En tanto, desde el SII solicitan a la magistratura decretar la inadmisibilidad de la presentación de Pinochet Hiriart, señalando que su requerimiento es una “maniobra o subterfugio para dilatar la resolución del caso”.
Agregan, además, que “el precepto legal impugnado (Artículo 53, inciso tercero del Código Tributario) no es objeto en la gestión judicial pendiente, ni tampoco es decisivo”.
“La norma cuya declaración de inconstitucionalidad se solicita, ya se aplicó en su oportunidad (al momento de efectuar la liquidación el Servicio de Impuesto Internos), no habiendo reclamación judicial alguna sobre el particular, por parte de la recurrente ante el Tribunal Tributario”, señalan.
Sobre la plausibilidad de la acción, el SII dice que la controversia planteada escapa del ámbito del TC, detallando que “existen en nuestro ordenamiento jurídico diversos remedios a la situación denunciada”, citando facultades de directores regionales del SII o tesoreros regionales o provinciales de la Tesorería General de la República, consagradas en el Código Tributario.