El 24 de diciembre se conoció el caso de una interna de la cárcel de San Miguel que dio a luz en uno de los pasillos del recinto tras no obtener acceso a la asistencia necesaria y siendo luego trasladada a un hospital en el auto de una funcionaria. Tres días después, indicaron en ese momento desde Gendarmería, se instruyó un sumario para determinar responsabilidades.

La situación generó amplias críticas, incluyendo cartas a este medio cuestionando las políticas relativas al trato y los derechos de las mujeres privadas de libertad.

Este caso —así como falencias en la sección materno-infantil relativas a la alimentación de los menores, controles médicos e inoculación de vacunas— llevó a la Defensoría Penal Pública (DPP) a presentar un recurso de amparo que fue acogido por la Corte de Apelaciones de San Miguel: en fallo unánime ordenó a Gendarmería implementar en el recinto protocolos actualizados según parámetros internacionales de atención para internas embarazadas.

Aquello implica disponer los medios necesarios para un adecuado acceso a medicina obstétrica y pediátrica, además de derivación oportuna a hospitales civiles, cuando se requiera. También ordenó implementar planes de capacitación con enfoque de género para el personal a cargo de la custodia de las embarazadas y el trato que debe otorgarse a sus hijos.

“La falta de personal médico permanente (…) es un asunto conocido por esta Corte y de lo cual se ha dado cuenta en diversas oportunidades a la Dirección Nacional de Gendarmería y al Ministerio de Justicia a objeto de que se adopten las medidas necesarias para subsanar tales carencias”, plantea el fallo.

Y, agrega la sentencia, la responsabilidad “que pueda caber a funcionarios y autoridades de la institución (…) debe ser definida mediante la debida sustanciación del procedimiento sumario administrativo respectivo”.

Sumario sin resultados aún

Desde el Ministerio de Justicia explican que el sumario iniciado el 27 de diciembre sigue su curso, sin tener hasta ahora resultados, mientras que al interior de Gendarmería comentan que sus dificultades son asemejables a las de la salud pública, pero este hecho en concreto no responde a elementos sistémicos, sino que se debió a la “mala práctica de un profesional”.

El organismo destaca la existencia del programa Creciendo Juntos, que actualmente atiende a 47 internas embarazadas y 85 lactantes en las secciones materno-infantiles de centros penitenciarios de todo el país, y en el cual, aseguran, nunca había ocurrido algo como lo sucedido en la cárcel de San Miguel.

La iniciativa incluye entrega de medicamentos, transporte a controles médicos, alimentación y atención especializada.