“Esta representación se ve en la obligación moral y jurídica de comenzar esta intervención con un necesario y adeudado reconocimiento a las víctimas del presente caso (…), no solo sufrieron la violencia estatal, manifestada en el despojo de sus seres queridos, sino que incluso, una vez reinstalada la democracia, debieron continuar enfrentando diversos obstáculos para la búsqueda de verdad, justicia y reparación”, señaló la agente de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Catalina Fernández, en la audiencia pública realizada este miércoles por el uso de la medida de “media prescripción” en causas de violaciones a los DD.HH.

De esta forma, el organismo internacional revisa el caso “Vega González y otros contra Chile”, sobre 14 fallos de delitos de lesa humanidad ocurridos durante el régimen militar y en los que figuran 49 víctimas —detenidos desaparecidos y ejecutados políticos—, incluido el periodista José Carrasco Tapia. Su hijo, Iván Carrasco Mora, asistió a la instancia para entregar su testimonio, al igual que lo hizo el exministro de la Corte Suprema Milton Juica.

La figura, prevista en el artículo 103 del Código Penal para delitos comunes, permite morigerar la responsabilidad si ha transcurrido un plazo de tiempo relevante, lo que significó la rebaja por parte del máximo tribunal de las sentencias aplicadas en estos casos.

Durante la audiencia, la también jefa del Departamento de Sistema Universal de DD.HH. del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) efectuó un reconocimiento sobre la “responsabilidad internacional” del Estado por la utilización de esta figura por parte de los tribunales y, en consecuencia, la vulneración de las víctimas.

“El Estado de Chile quiere reiterar una vez más el claro reconocimiento de responsabilidad internacional respecto de los hechos que constituyen el núcleo del presente caso y que se vinculan con la aplicación de la institución de la media prescripción o prescripción gradual a causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad. Esta representación es consciente de la sólida jurisprudencia de esta Corte en lo que respecta a la improcedencia de las reglas de prescripción en casos que involucran graves crímenes internacionales”, precisó.

Recuerda cambio jurisprudencial de la Suprema desde 2012

Fernández igualmente planteó que el país reconoce que la aplicación de esta figura “supuso una vulneración a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”, y que, en consecuencia, “le corresponderá a la Corte determinar el alcance de esta responsabilidad”.

Para ello, agregó, se deben tener presente “las variaciones jurisprudenciales que fueron desarrolladas en esta audiencia pública por el testigo y expresidente de la Corte Suprema, don Milton Juica, quien explicó que desde el año 2012 en adelante ha habido un cambio en la jurisprudencia nacional, permitiendo que se consolide la tesis de la improcedencia de la media prescripción a este tipo de causas”. Adicionalmente, dijo, órganos nacionales, como el Consejo de Defensa del Estado y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, “también de manera sistemática se han opuesto a la aplicación de esta institución”.

“Esta representación reconoce que en el caso existieron afectaciones a la integridad personal de las víctimas; en este sentido, no hay duda de que las penas impuestas por la aplicación de la media prescripción generaron dolor e incertidumbre en ellas. Atendidos estos reconocimientos de responsabilidad, el Estado de Chile manifiesta su conformidad con avanzar en reparar a las víctimas por estas vulneraciones”, puntualizó.

A la instancia también asistió en calidad de agente alterno el abogado Oliver López, jefe del Departamento de Sistema Interamericano de la División de Derechos Humanos del Minrel.

Juez Urrutia interpela al Poder Judicial

Tras la audiencia, que duró alrededor de cinco horas, el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, se refirió en redes sociales a lo expuesto en el proceso ante la Corte Interamericana de DD.HH., interpelando al Poder Judicial: “Es importante, urgente y necesario que (…) haga de una vez y sin ambages un reconocimiento de su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y se comprometa con medidas efectivas de no repetición”.

Luego añadió que como resultado de este proceso, tales sentencias “deben anularse”.

Consultado el Poder Judicial por estos dichos del juez, se respondió a este medio que por el momento no se referirán al tema, sobre el cual la Corte Suprema no ha conversado, y que de haber algún pronunciamiento, este podría ocurrir el lunes, tras el Pleno del máximo tribunal, en el caso de que este tema sea tratado en esa instancia.

En la misma línea, los representantes de las víctimas solicitaron una sentencia que deje sin efecto la aplicación de la media prescripción para crímenes de lesa humanidad, por considerarse delitos imprescriptibles y contravenir tratados internacionales suscritos por el país en la materia.

Comisión hizo recomendaciones a Chile

Las partes tienen hasta el próximo 3 de marzo para presentar los alegatos finales por escrito y en los meses siguientes la Corte emitirá una sentencia.

Esta causa se revisó antes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —tras ser presentado el caso por las abogadas Karinna Fernández, Magdalena Garcés y Jimena Reyes— y en mayo de 2021 notificó al Estado chileno respecto de una serie de medidas a implementar.

Se solicitó una prórroga de tres meses, la cual se concedió, pero luego se negó otra, “en vista de la falta de avance y expectativa de cumplimiento de las recomendaciones”. Posteriormente, la comisión decidió enviar el caso a la Corte.