La semana pasada se tomaron las primeras definiciones de cara al nuevo proceso constitucional: se nombraron los integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad y de la Comisión Experta.

Y el Pleno de la Corte Suprema también tuvo una semana clave en la que zanjó quiénes integrarían la Comisión Constitucional interna, que va a monitorear la instancia y elaborar insumos sobre la materia. Además, tomaron conocimiento de un documento sobre su rol en el nuevo proceso y se fijó la fecha —el 6 de febrero— para ver el nuevo auto acordado que se debe dictar para regular las reclamaciones de procedimiento.

La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, analiza los cambios que se efectuaron para esta nueva etapa.

En el proceso anterior “no hubo requerimientos”

—¿Cómo evalúan que se los considere nuevamente para ver las reclamaciones en el proceso constitucional?

—Es importante que se nos considere dentro del procedimiento mismo y, efectivamente, en el anterior teníamos un papel que no se concretó porque no hubo requerimientos. Eran temas que se plantearon internamente, que no se tradujeron en reclamaciones a la Corte Suprema.

—¿Cree que el sistema anterior era más restringido?

—Era limitado y, en muchos casos, ellos (los convencionales) preferían resolverlos en la interna más que en la Corte Suprema. Por eso llegaron solo asuntos como recursos de protección que tenían que ver con restricciones por el covid y temas de votación (por quorum). No llegó nada por la vía constitucional, fue una facultad teórica que nunca se pudo hacer porque no hay atribuciones de oficio; en otras palabras, hay que esperar que se acuda a la Suprema. Ahora se nos da una nueva atribución y se va a dictar un nuevo auto acordado que se resolverá el 6 de febrero para regular cómo va a funcionar.

—El Pleno revisó el lunes un informe que se hizo sobre el tema, ¿cuáles son las diferencias respecto del auto acordado anterior?

—Una de las grandes diferencias que se deben incluir en el nuevo auto acordado son los dos órganos que se crean respecto de los cuales nosotros somos competentes en materia de procedimientos: el Consejo Constitucional y la Comisión Experta. Se podrán hacer reclamaciones de una infracción a las reglas de procedimiento establecidas en la Constitución, en los reglamentos y acuerdos de carácter general de dichos órganos.

—También es nueva la competencia sobre la infracción de los reglamentos, que el articulado anterior no consideraba.

—Así es, se amplía el marco de normas de procedimiento respecto de cuyo cumplimiento se nos puede requerir.

—En el artículo 156 de la Constitución, en el que se les confiere la atribución, ahora no se excluye que se podrá reclamar también “sobre el contenido de los textos en elaboración”, como ocurrió en el proceso anterior. ¿Esto les daría mayor injerencia?

—Va a depender de si requieren o no a nosotros. Es una atribución un poco distinta a la que teníamos anteriormente. Somos competentes respecto de los problemas que haya en el procedimiento, esto excluye el contenido de la norma. No vamos a conocer lo que la norma diga, solo el planteamiento que se haga en cuanto al procedimiento de esta. Es una atribución procesal, porque las reclamaciones sustantivas están entregadas a otro órgano, el Comité Técnico de Admisibilidad, ellos verán si las normas corresponden con los bordes ya establecidos.

“Se hace un especial énfasis en que somos un poder del Estado”

—Dentro de las bases que debe contener la nueva Constitución se les reconoce como uno de los “tres poderes separados e independientes que tiene Chile (…), con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas”. ¿Cree que garantiza su independencia?

—El tema de las sentencias firmes y ejecutoriadas estaba en el proceso anterior y es importante porque tiene que ver con la cosa juzgada y principios de certeza y seguridad. Lo nuevo es que se hace un especial énfasis en que somos un poder del Estado, lo que es un tema importante porque, a veces, por un cambio de nombre, aunque no sea con la intención de rebajar o degradar nuestra posición, da una sensación de desmantelamiento. Este gesto de reconocer que somos un poder, con una unidad jurisdiccional, es extremadamente importante, porque es un tema histórico dentro del sistema constitucional chileno.

—¿Cuándo van a comenzar a trabajar en las sugerencias y el tema constitucional?

—En las Jornadas de Reflexión el Pleno acordó, en octubre, formar una Comisión Constitucional para analizar los temas de fondo. Ya se aprobó su constitución y comenzará a sesionar este martes. Estará dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y compuesta por los ministros Ricardo Blanco (salas Laboral y de Familia), Arturo Prado (Sala Civil), Leopoldo Llanos (Sala Penal) y yo, representando a la Sala Constitucional.

—Recientemente usted recibió críticas en redes sociales por opinar sobre el proceso constitucional; entre ellas, del exconvencional Fernando Atria…

—La Corte Suprema no debate ni cuestiona las opiniones de los ciudadanos. La idea de que los jueces hablan por sus fallos, porque ese es su rol, no significa pensar que no nos interesa lo que pasa en el país o que no podamos señalar nuestra preocupación por temas que inciden en la administración de justicia. En mi rol de vocera se me preguntó acerca de si creía que podrían ser designados exsupremos en la Comisión Experta y dije que sería bien recibido, por su trayectoria. No por eso la Corte Suprema estaba promocionando la designación de los expertos.