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Nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero: “Quiero descartar que exista algún antecedente que suponga que el Presidente indultó a personas equivocadas”

El abogado afirma que la tramitación de los decretos fue correcta. Por ahora, dice, el debate está en el ámbito jurídico, sin perjuicio de que entiende la discusión política. La estrategia de su cartera es, primero, entregar la información a la Contraloría, estar a lo que señale la autoridad control, y luego ir al TC.

Lunes, 16 de enero de 2023 a las 8:35
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Andrea Chaparro y Oliver Rodríguez
Un abogado que trabajaba con él le avisó el sábado de la semana pasada que la ministra del Interior, Carolina Tohá, estaba intentando contactarlo. Luis Cordero se hallaba con su esposa en el supermercado. Pero en Alemania, porque Magdalena Atria es la embajadora de Chile en ese país.

Miró el teléfono. "Número oculto, número oculto, número oculto", describe el nuevo ministro de Justicia. Luego, llamadas perdidas de la misma Tohá y de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Le devolvió la llamada a Tohá, pero le contestó el Presidente Gabriel Boric.

"¿Cómo está?", le preguntó el mandatario. "Bien, Presidente", respondió. Boric le dijo, a su vez, "yo he tenido días mejores". La polémica por los indultos estaba en uno de sus momentos más álgidos, la entonces titular de Justicia, Marcela Ríos, iba de salida y también el jefe de gabinete del mandatario, Matías Meza-Lopehandía.

Cordero conocía al Presidente, pues lo había tenido como alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero ahora el escenario había cambiado: "Es verdad eso que dicen, que es muy difícil decir que no a la llamada de un Presidente". Y aceptó el cargo, a pesar de la crisis que debía enfrentar apenas asumiera.

Hoy, desde el ministerio, mientras responde a la Contraloría por los indultos y espera los requerimientos de la oposición ante el Tribunal Constitucional (TC), menciona que esta semana recibió una buena noticia: se publicó en el Diario Oficial la ley que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil, la que -afirma- en temas de infancia tiene gran relevancia.

-Cuando era espectador, ¿cómo observó este tema?

-Me recordó mucho el debate de 2004, cuando la oposición acusó al exministro de Justicia Luis Bates por unos indultos que se habían concedido a fines de los 90. Buena parte de la discusión se asemeja mucho al debate jurídico de este caso: quién indulta, cómo se fundamentan los indultos, hasta dónde llega la delegación de firmas. Y, bueno, finalmente se desechó la acusación.

"Estamos volviendo a esa discusión, porque los indultos particulares son complejos. Se nos olvida por un segundo que al indultar hablamos de personas condenadas respecto de las cuales hacemos reproche no solo jurídico, sino que también moral. Son personas culpables".

-Las preguntas por los indultos marcaron su llegada, su respuesta fue "papelitos primero". ¿Por qué?

-Porque la oposición ya había planteado este tema en Contraloría y si uno ve esa presentación, tiene que ver con los debates jurídicos que mencionaba de 2004. El lunes conoceremos los requerimientos ante el TC, pero probablemente va a anticipar algo de la discusión clásica de que la calificación especial la tiene que hacer específicamente el Presidente y no el ministro o ministra de Justicia.

"Yo logro comprender el debate político, pero si uno mira 'los papelitos', hasta ahora, desde el punto de vista del procedimiento, son carpetas tramitadas de conformidad a las formas generales de gestión de los indultos".

-¿Está bien la fundamentación?

-La Corte ha dicho miles de veces esto: "Sabe que usted, abogado, en verdad no es que considere que la sentencia carece de motivación; es que a usted no le gustan los motivos de la sentencia". Pero esa no es una ilegalidad. Entonces ese razonamiento, que se extiende también a los actos administrativos, está también acá en juego.

"Mi responsabilidad como ministro de Justicia no solo es lo que está vinculado a indultos, sino también es dar señales correctas de cómo opera y cómo deben sostenerse los actos de las decisiones de las autoridades públicas. Dar señales equívocas en un punto puede ser muy contingente, pero puede generar efectos sistémicos muy complejos".

-¿No hay nada anómalo en los expedientes entonces?

-No hay antecedentes que, por lo menos nosotros, hubiéramos revisado hasta ahora que dén cuenta de eso.

-Las declaraciones de la ministra Camila Vallejo dan a entender que los indultos se entregaron sin que el Presidente contara con toda la información. ¿Eso fue así?

-Quiero descartar que exista algún antecedente que suponga que el Presidente indultó a personas equivocadas, esta idea de que se habrían emitido decretos de indulto con error.

-Antes, el propio mandatario habló de desprolijidades. ¿Tampoco las hay?

-Hay veces en que los significados de algunas expresiones pueden efectivamente permitir interpretaciones extensivas (...), está muy focalizado desde el punto de vista de la evaluación política, y explica por qué yo estoy acá. Pero otras son las consideraciones jurídicas; jurídicamente los expedientes administrativos están tramitados de conformidad a la ley.

"Desde el punto de vista de la tramitación procedimental no hay algo que pueda decir que ese concepto de desprolijidad se traduzca jurídicamente en un efecto concreto".

-En medio de estas afirmaciones surgieron informes de Gendarmería desfavorables respecto de algunos indultados. ¿No se consideraron?

-Nos vamos a encontrar, y esto es relevante, en muchos de estos procedimientos, incluyendo el caso de comisiones (de libertad condicional), con informes que en algunos casos aparecen sin recomendaciones. Sin embargo, hay otros antecedentes que permiten llegar a la conclusión de sí otorgar el beneficio o, en este caso, sí ejercer la potestad del indulto.

-¿Es suficiente fundamento en estos casos decir que se estaba en un momento determinado, como se consigna en los decretos de los indultados del estallido?

-Habitualmente están las consideraciones que permiten valorar positivamente la decisión y que llevan el implícito de que son más poderosas que aquellas otras sobre las cuales se podrían tener observaciones.

"Le he pedido al equipo legal del ministerio que la respuesta a Contraloría sea útil también para mostrar cómo ha ido cambiando el estándar de motivación de los indultos presidenciales y que ha ido efectivamente en aumento. Antes era simplemente el ejercicio de la atribución que invisto, casi un poder, sin hacer referencia al procedimiento ni nada parecido".

-Si la desprolijidad a la que alude el Presidente se da en el ámbito político, ¿se refiere a la exministra Ríos, a su equipo?

-Él, por cierto, ha dicho públicamente que la manera de entender todo esto es haciendo efectiva la confianza política en el fondo. El caso de su jefe de Gabinete también es un cargo de confianza. En rigor, creo que es la manera en que cuando se producen errores de este tipo, se hacen efectivas las responsabilidades; esa es la diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica.

-¿Cuántas personas solicitaron indultos durante 2022 y cuántos se concedieron?

-Fueron 64 solicitudes. Se otorgaron 15 (13 son los conocidos, y otros dos por razones humanitarias) y se denegaron 49. Este año van dos y ambas se han rechazado.

-La concesión de estos indultos era un compromiso de campaña del mandatario y desde Apruebo Dignidad se ha señalado que se requieren más. ¿Los habrá?

-Cualquier persona que ha sido condenada y está dentro de las hipótesis reguladas por la ley, puede solicitar indulto. Y esas solicitudes de indulto se valorarán en su mérito. Pero respecto de los que estaban vinculados al estallido, el Ejecutivo fue claro en que estos eran los indultos que se habían otorgado.

-También desde este sector se habla de estos condenados como "presos políticos". ¿A su juicio lo son?

-En Chile no hay presos políticos. Tenemos un sistema institucional sujeto a reglas y procedimientos, este es un Estado de Derecho, aquí a nadie se le persigue por sus ideas. La calificación de preso político es una calificación internacional y jurídicamente bien precisa y en Chile no hay presos políticos.

-La ministra Uriarte dijo en cuanto llegó a la cartera que usted sería el estratega para enfrentar este conflicto. ¿Qué escenarios jurídicos pueden proyectarse?

-Los escenarios son muy variados; nosotros por ahora en el Ministerio de Justicia estamos trabajando en la elaboración de la respuesta de las solicitudes formuladas por la Contraloría, que tiene que dictaminar sobre las cuestiones de derecho, y vamos a esperar el requerimiento del lunes al Tribunal Constitucional.

"¿Se pueden dejar sin efecto los indultos como están emitidos? Y la respuesta legal es que los actos administrativos que se emiten y ya han producido sus efectos y se han agotado de hecho, porque ya se ejecutaron, no pueden ser ya retirados por razones de mérito, que es el caso de la revocación (...); de hecho, la ley impide revocar actos declarativos de derecho, que es lo que pasa en estos casos".

"Podría, potencialmente, si yo encontrara un vicio, dejarlo sin efecto por otra figura, la invalidación; pero para eso tengo que identificar el vicio y que sea uno que justifique que se declare la nulidad del acto".

"El hecho de que hoy día estemos en una discusión en la Contraloría y en el Tribunal Constitucional lo que va a gatillar esencialmente es que el ministerio, el Gobierno, pero el ministerio en particular, tiene que estar a lo que señale la autoridad control (...). Mi recomendación, mi obligación como ministro y como funcionario público en ese caso es cumplir con el dictamen de Contraloría".

-¿Qué puede esperarse en el Tribunal Constitucional?

-En el caso del Tribunal Constitucional, yo deduzco -no he leído el requerimiento- que lo primero y lo razonable es que probablemente van a tratar de sostener que estos eran decretos que tenía que firmar el Presidente.

-¿Qué sucede con las personas indultadas mientras estos organismos resuelven? ¿Siguen en libertad?

-Sí, pero dependiendo del tipo de indulto que se aplicó en cada caso, esas personas están sujetas a obligaciones. Otra cosa muy distinta es si alguna de ellas incumple y ello tiene un efecto sobre los indultos otorgados. Pero eso tiene que ver con la legalidad, con la vigencia de esos indultos y esperemos que por el bien de todos nadie incumpla.

"Mateluna: indultos proceden solo respecto de personas culpables"

-¿Cómo vio el proceso de elección de fiscal nacional?

-Hay que revisar los sistemas de nombramientos que andan dando vueltas hace un rato. Es razonable que quienes postulen a dicho cargo estén sometidos a un escrutinio sobre sus trayectorias y sobre sus potenciales conflictos de interés, pero me parece que este último proceso se transformó, en alguna etapa y por algún motivo, en demoler reputaciones.

-¿Cómo puede entenderse la frase del Presidente en relación con la inocencia del exfrentista Jorge Mateluna y las irregularidades en su juicio, que tensaron las relaciones con el Poder Judicial?

-Él se estaba refiriendo a su apreciación personal (...), pero lo que sí está claro es que los indultos particulares proceden respecto de personas que son legalmente culpables, o sea, que han sido así declarados, que lo que se perdona es la pena.

"Rescato la elegancia y la no estridencia de la Corte Suprema para hacer la advertencia, que a mí me parece que es correcto que la haga, y que el resto de los operadores legales debemos siempre tener en consideración".

-¿Es un tema que se haya conversado cuando se reunió con el Pleno de la Corte Suprema?

-La reunión con la Corte fue extremadamente cordial.

-¿Qué temas se abordaron?

-El primero tenía que ver con que había cierta inquietud respecto de qué es lo que está pasando con los auxiliares de administración de justicia, una inquietud sobre el tema de los receptores. Este es un debate que está dando vueltas hace un rato (...); los jueces pueden estar resolviendo cosas, pero si no tenemos los mecanismos destinados a lograr ejecución o cumplimiento, tenemos un problema.

"El segundo tiene que ver con el sistema carcelario, y lo tercero tiene que ver con derechos humanos. También se habló del proceso constituyente, pues diría que desde 2015 o 2016 hay un consenso de que se necesita un sistema de gobierno judicial distinto, que tiene que salir de la Corte Suprema".

-¿Qué piensa de la idea que se planteó en el proceso constituyente anterior de cambiar el nombre al Poder Judicial?

-El concepto de Poder Judicial representa la tradición institucional que permite reflejar de mejor modo la idea de poderes públicos diferenciados. Creo que si hay algo que debiéramos aprender del proceso constituyente anterior en muchos de estos temas, es que hay símbolos institucionales que están arraigados en la tradición constitucional chilena, que no son de la Constitución del 80 y que representan simbólicamente una cuestión determinante para el funcionamiento del sistema institucional.

-¿Cuáles son los temas a los que les dará prioridad en la agenda del ministerio?

-Todo lo que tiene que ver con resolver el sistema registral, la desnotarización. También tratar de contribuir al proyecto de ley que está tramitándose en la actualidad sobre combate de crimen organizado en cárceles y que tiene que ver con aumentar las atribuciones en Gendarmería. Creo que es clave eso, pensando en este año.


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