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“El problema de la falta de ministros titulares lo estamos mitigando con gestión interna”

Cristián Delpiano, ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental, a diez años de su creación. Actualmente, dos de los tres tribunales ambientales están sin integración completa, lo que responde a “que no está en las prioridades en la discusión entre el Ejecutivo y el Senado”, según cuestiona el magistrado.

Martes, 3 de enero de 2023 a las 11:20
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Daniel Inostroza
Hace pocos días, el 28 de diciembre, se cumplieron diez años desde que juraron los ministros integrantes del Tribunal Ambiental de Santiago, la primera institucionalidad del país creada para impartir justicia en conflictos medioambientales.

Luego de una década de funcionamiento de los tres tribunales que tiene el país, en las zonas norte, centro y el sur, el presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, ministro Cristián Delpiano, hace un balance y repasa los principales desafíos de estos diez años.

“La creación de los tribunales ha permitido fortalecer el sistema ambiental desde la perspectiva del acceso a la justicia y la relación comunidades-Estado-empresas”, asegura Delpiano en la sala de reuniones del tribunal, en el octavo piso del edificio ubicado en Morandé 360, desde donde se puede ver el Palacio de Tribunales, en el casco histórico de la capital.

—¿Luego de 10 años desde su creación, en qué etapa se encuentra hoy esta institucionalidad de justicia ambiental?

—Estamos en una etapa en que hemos logrado ordenar los procedimientos y la gestión interna, porque efectivamente la falta de ministros titulares es un problema, que es externo a nosotros, pero que es una dificultad para que los ministros integren las causas, y la estamos mitigando con una gestión interna, porque claro, se puede ver afectada la integración del tribunal, pero lo que no queremos es que se vea afectada la gestión de las causas”.

Cada tribunal ambiental está integrado por tres ministros titulares y dos suplentes. Son designados por el Consejo de Alta Dirección Pública, propuestos por la Corte Suprema en una quina al Presidente, quien luego los envía al Senado para su aprobación. Hoy solo el Tribunal Ambiental de Valdivia tiene integración completa, mientras que el de Antofagasta tiene solo dos ministros titulares; y el de Santiago cuenta con tres ministros, dos de ellos titulares y el otro suplente. Los postulantes ya están en manos del Ejecutivo, pero este no ha enviado los nombres al Senado. Consultados al respecto, desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia declinaron responder. Fuentes en los tres tribunales critican: “No es una prioridad, pese a llamarse un gobierno ecológico”.

—¿Cómo evalúa esta demora en el envío de los postulantes faltantes al Senado por parte del Ejecutivo y en qué afecta en el funcionamiento de los tribunales?

—Nunca en la historia de los tribunales ambientales han estado los tres con integración completa, ese no es un dato menor. Esto significa tener que pedir a otros tribunales la presencia de ministros que subroguen, y eso genera retrasos. Los retrasos evidentemente afectan su funcionamiento y la gestión de las causas, y además afecta la gestión interna porque no hay un voto dirimente que permita tomar decisiones administrativas (...). Quizá hoy no está dentro de las prioridades en las negociaciones del Ejecutivo y el Senado.

—El 2018 fue un año complejo para el tribunal, con una profunda crisis interna que implicó la renuncia de tres ministros en solo cuatro meses, en medio de acusaciones de hostigamiento e irregularidades ¿Cómo se superó esa crisis?

—Cuando llegué al tribunal (en octubre de 2019) identifiqué tres factores fundamentales para superar esta crisis: que no existía un plan estratégico, que se requería una intervención permanente en materia de clima laboral y elaborar una política de personas.

—Respecto de su funcionamiento, ¿cuál ha sido el aporte de los tribunales a la orgánica del derecho ambiental en el país?

—Al integrarse a la institucionalidad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), los tribunales han tenido un rol muy importante en definir criterios estables para la evaluación ambiental, especialmente en materia de participación ciudadana, en los aspectos procedimentales de la evaluación, en lo sancionatorio, en ordenar ciertos aspectos y límites que tiene la superintendencia, y también en expandir las facultades de fiscalización.

—Y en materia de jurisprudencia, ¿qué temas ambientales ha abordado el tribunal, cuáles han sido los principales focos de conflicto o causas más emblemáticas?

—Pascua Lama, por ejemplo, que la han conocido dos de los tres tribunales ambientales, ha ido a la Suprema un par de veces. El caso de Dominga ha sido bien emblemático en el Primer Tribunal Ambiental, o el Tercer Tribunal Ambiental que hoy está viendo causas relacionadas con la salmonicultura, que en su conjunto son emblemáticas. También está el proyecto Alto Maipo, o la causa del Puerto de Valparaíso, la de Quintero-Puchuncaví. Son causas en las cuales hemos abordado una serie de variables que inciden directamente en temas de salud o calidad de vida de la población.

—¿Cómo esta jurisprudencia ha incidido en modificar o mejorar el trabajo de instituciones como el SEA o la SMA?

—En muchos casos lo hace. De hecho ha generado revisiones en el SEA y en la SMA respecto de ciertas guías o instructivos para la determinación de sanciones, o en criterios de fiscalización y participación ciudadana.

—¿Cómo se logra conciliar el cuidado del medio ambiente con el hecho de que el país ofrezca certeza jurídica para la inversión?

—Hasta hace algunos años existía la idea de que progreso económico y protección del medio ambiente eran incompatibles, o sea que el desarrollo del país iba de la mano con una mayor degradación del medio ambiente. Eso fue más menos hasta los 80. Conceptualmente esa ecuación cambia el año 1986 con el concepto de desarrollo sostenible, pero eso a nivel conceptual, porque ha costado que permee en la cultura del desarrollo de un país, aunque en Chile ha habido grandes avances institucionales. Hoy se ponen sobre la mesa los elementos del cambio climático y eso exige desarrollar medidas de mitigación y adaptación. Creo que aún falta un mayor acercamiento entre inversionistas y comunidades, bajo esa cultura, de que el desarrollo de un proyecto puede ir de la mano con el cuidado del medio ambiente, y hoy falta ese acercamiento al diálogo y nos quedamos aún en posiciones muy de trincheras. Y hoy una de nuestras perspectivas es ofrecer esa certeza jurídica.

—Hoy estamos en un nuevo proceso para cambiar la Constitución. En el primero, ustedes fueron críticos por la eliminación de la exigencia de contar con ministros licenciados en ciencias del medio ambiente. ¿Cómo ven hoy que se proyecta esa discusión?

—La primera definición es saber si los tribunales ambientales serán incorporados en la nueva Constitución. Lo importante es no desnaturalizar el rol y la labor que tienen los tribunales ambientales, lo que va en la línea de propender a su reforzamiento, porque creo que hoy se han convertido en un verdadero referente, y no solo en Chile, sino a nivel de América Latina, porque a nivel institucional es una de nuestras fortalezas, aunque siempre hay espacios para mejorar.

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